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Una publicación de la asociación SER

Miedos urbanos y seguridad ciudadana

En contraste con localidades más pequeñas, las ciudades grandes son suelo fértil para la germinación de leyendas urbanas sobre sus zonas y calles peligrosas. Y como bien sabemos, Lima no es una excepción. Encuestas recientes muestran que la tasa limeña de victimización (hogares en los que una o más personas señalan haber sido objeto de un hecho delictivo durante el último año) estaba en alrededor de 43%, cifra muy superior a las de menos de 100.00 habitantes, como Abancay, Moquegua, Tumbes, Huancavelica o Chachapoyas, con tasas ubicadas en 35% o menos. Figuras de excepción son el 72% de Chiclayo, con sus bandas de extorsionadores y sicarios, y también Trujillo; y el conjunto del país queda precisamente en 43%, lo cual indica que poco más de dos de cada cinco ciudadanos somos agredidos o despojados anualmente. Es el promedio más alto de América Latina después del mexicano. En espera de los datos de 2013, las tendencias del crimen se mantienen en ascenso durante los últimos años superando en más de 30% los resultados del primer lustro del siglo.

Pese a las buenas intenciones y a los esfuerzos policiales parece que, me atrevo a decir, las raíces de esta compleja problemática se encuentran en una erosión generalizada de la cultura cívica que el crecimiento económico no resolverá. Todos tenemos una parte de responsabilidad, al menos indirectamente, pues la seguridad ocupó mucho tiempo un lugar secundario para los gobernantes, mientras la opinión pública se centraba en el empleo y el ingreso, relegando al tema de la delincuencia  (2% de 1998 a 2005) hasta 2007, año a partir  del cual subió hasta superar actualmente el 20%. Debajo de los cuadros estadísticos hay una amalgama de dificultades materiales reales y de inercias culturales fácilmente observables. Tal es la desconfianza en la interacción con el prójimo en espacios públicos - que según el Latinobarómetro no ha hecho más que aumentar, ubicando al Perú en el antepenúltimo lugar del continente – o también en las visibles faltas cometidas por la mayoría de conductores de vehículos de todo pelaje, patente en el incremento de las papeletas de tránsito. Es cierto que las incomodidades, la ignorancia o las carencias materiales pueden explicar ciertas infracciones, pero no se trata de eso. La tolerancia media y alta a la transgresión de la ley es un rasgo confeso de casi las tres cuartas partes de los entrevistados en un estudio hecho por Proética en 2013, magnitud cuyo aumento no cesa. Pese a su aumento actual, los peruanos ya vivíamos en medio de tasas altas de victimización hace veinte años. Lo que sí es mayor es la percepción de inseguridad, gracias a la diversificación del crimen. Frente al tradicional delito de hurto, progresivamente crecieron los de lesiones y violaciones, así como los secuestros y homicidios con arma de fuego, y el uso sistemático de tecnologías de información.

Esta ‘modernización’ del crimen lo ha hecho más espectacular y vendible entre los  millones de espectadores y lectores de los medios. En especial, los delincuentes comunes van dejando de ser identificados con la gente menesterosa y necesitada. Los crímenes de secuestro, extorsión u homicidio cometidos por las bandas más peligrosas infunden una mezcla de temor y fascinación, y su mostración ante cámaras parece activar una pulsión sadomasoquista irrefrenable. Así, el peligro y sus agentes se convierten en un hecho fantasmático, persecutorio: no se les ve, pero se sabe que están en todas partes.

Pero los miedos urbanos no son buenos consejeros; incitan a castigar a los malhechores menos en nombre de la justicia que de un afán de vendetta, como lo demuestran los linchamientos a ladronzuelos en algunas zonas de la capital. Y el Estado, a falta de políticas de seguridad consistentes, se limita a un comportamiento reactivo para tranquilizar a la ciudadanía y eventualmente conseguir puntos de popularidad. Estas respuestas puramente represivas no tienen efecto pues su aplicación no ha impedido que los índices de victimización sigan aumentando. Así, los recortes de los beneficios penitenciarios a los presos, la severidad mayor de las penas y el aumento de las detenciones preventivas disminuyen sus posibilidades de rehabilitación. La capacidad de albergue de los penales se ve desbordada por el número de detenidos, que sobrepasó el aforo de 29.000 con 60.000 reclusos. Bajo esas condiciones de hacinamiento, las grescas y los motines son casi inevitables; con lo cual el 70% de reclusos primarios y la voluminosa población sin sentencia pueden contaminarse del 30% de reincidentes y de reos de alta peligrosidad.

Comprobamos entonces que muchos de quienes salen libres no suelen estar rehabilitados, y al contrario emprenden un viaje circular de la cárcel al crimen y del crimen a la cárcel, lo cual pone en evidencia que toda política de seguridad ciudadana debe estar acompañada de una política de criminalidad y penales. En suma, a la necesidad de fomentar una mayor cultura cívica y de prevención del crimen se añade una de prisiones, orientada a la resocialización del interno pero también a la vigilancia estricta, lo cual implica contar con personal inmune a los sobornos para introducir teléfonos móviles desde los cuales otros reclusos, éstos sí temibles,  extorsionan. ¿Qué se necesita? Además de políticas de seguridad serias, liderazgo y capacidad de decisión, cualidades que hasta ahora no demuestra tener el actual Presidente.