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Una publicación de la asociación SER

¡Máxima Resiste!

Algunas veces, una persona encarna la lucha de colectivos mayores. Estas personas se tornan símbolos que inspiran a otros a identificarse con una lucha, a respetarla. Esto ocurre con Máxima Acuña Chaupe.

Máxima no es la única dirigente social, campesina, que ha sufrido la prepotencia con que poderosos imponen un modelo de desarrollo. Veamos el último reporte de Global Witness, donde Perú ocupa el cuarto puesto en el mundo, con mayor número de defensores ambientales asesinados ¡34 en los últimos cuatro años! Revisemos las denuncias de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, o simplemente abramos los ojos y veremos la realidad.  

No puedo escribir sobre todos los que sufren los efectos del modelo extractivista que Humala prometió cambiar y que ahora promueve incluso a costa de dar “licencia para matar” (Ley 30151), pero intentaré explicar por qué el caso de Máxima ha cobrado tanta relevancia.

Tuve el honor de conocerla en Celendín, en la Cumbre de Mujeres. Una mujer humilde, sentada junto al resto de participantes en los trabajos grupales y en plenaria, sin pretensión de figuración. En su rostro calmado y su sonrisa franca no se podía notar la presión que sobre ella recaía al tener que enfrentar una audiencia de apelación frente a la Minera Yanacocha, que con prepotencia pretende arrebatarle sus tierras.

Máxima y su familia enfrenan un litigio con Yanacocha por usurpación del predio “Tragadero Grande”, entrada a una de las lagunas del proyecto Conga. Ella y su esposo, Jaime Chaupe, lo adquirieron en 1994, y ese mismo año, la comunidad campesina de Sorochuco les otorgó certificado de posesión. Dos años después, Yanacocha compra a la comunidad, 270 hectáreas cercanas al predio de los Chaupe, que NO incluyen las tierras de la familia.

En mayo del 2011, ¡15 años después!, Yanacocha realiza obras en el entorno del predio de los Chaupe, sin consulta. Máxima realiza una denuncia ante la fiscalía por “usurpación” de la empresa Yanacocha. En junio de ese año, la fiscalía hace una inspección del predio y le dice a la familia que los citaría para un careo con la empresa. En lugar de dicha citación, llegó la notificación de “archivamiento de caso”. Es decir, el fiscal decidió no iniciar proceso. No hay sentencia, simplemente ausencia de “valoración” (¿sabremos por qué o por cuánto?).

El 9 de agosto de ese año, personal de la empresa, acompañado de policías intenta desalojar a la familia Chaupe. Sin embargo, tal intento de desalojo no se sustentaba en ninguna decisión judicial. Ese día, la policía y el personal de la empresa agredieron físicamente a Máxima, irrumpieron en la vivienda, la destruyeron parcialmente y se llevaron los enseres básicos. Al día siguiente, Jaime Chaupe denunció el hecho a la Defensoría del Pueblo.

El 11 de agosto, dos días después, la policía (DINOES) volvió, con funcionarios de la empresa y maquinaria, para destruir la vivienda de Máxima y tomar posesión del predio. Nuevamente SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL alguna. Esta vez, la policía volvió a agredir a Máxima (consta en parte legal), a su hija Jilda y a uno de sus hijos. Isidora, la hija mayor, cuando vio desmayada a su hermana, a consecuencia de un golpe en la cabeza, y la desesperación de Máxima, que creyó que su hija se moría, grabó la escena final. Acá el video:

 

 

El 12 de agosto, el fiscal fue al predio a “sugerir” que lo abandonaran y “arreglaran” el problema. La familia se negó. El 14 de agosto, cuando fueron a presentar la denuncia para que Máxima asista al médico legista, a fin de mostrar la agresión contra ella, encontraron al abogado y a un ingeniero de la empresa Yanacocha reunidos con el fiscal.

En octubre del 2012, los Chaupe fueron sentenciados por usurpación de tierras. ¡El mundo al revés! A la salida, les “recomendaron” que no apelen, que “mejor llegue a un arreglo, señora”. Máxima apeló sin amedrentarse.

Este lunes fue la última audiencia en la sala de apelaciones. Asistí, junto a otras mujeres, para darle un apoyo moral a Máxima y a su familia. En la sala, Yanacocha, estuvo representada por el doctor Oré – con el peso de su nombre – y otros cinco abogados. Al otro lado, Máxima, su familia y una abogada, Mirtha Vásquez.  La estrategia de la empresa se basó en intentar anular la audiencia y recusar a uno de los miembros de la sala (de probada independencia), para evitar que se dicte sentencia de apelación. Mirtha, valiente defensora de derechos humanos, explicó el detalle del caso y las razones por las que la sentencia en primera instancia carecía de fundamento y se convertía en un acto de injusticia contra la familia. Vea

 

 

Este 17 de diciembre se dictará la sentencia. Como Máxima señaló en su declaración final “está en sus manos, señores, que se haga justicia; que se haga justicia para el rico, pero también para el pobre”. Esta columna se suma al pedido de ¡JUSTICIA!