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Una publicación de la asociación SER

Más allá del triángulo terrestre

Mucho se ha hablado del triángulo terrestre que actualmente es materia de disputa entre Chile y Perú. Como ustedes ya sabrán, el desacuerdo bilateral sobre el mencionado territorio surgió a partir de las diferentes interpretaciones del fallo de la CIJ respecto al límite marítimo “que podía o no coincidir con el terrestre”. Recordemos que, a partir del resultado, un sereno Peter Tomka otorgó a los peruanos alrededor de 50 mil km² de Zona Económica Exclusiva (lo cual debe considerarse una victoria, pues nos otorga soberanía sobre los derechos de extracción de recursos de acuerdo a nuestras capacidades, lo quiera Hildebrandt o no).

No obstante, hacer una pequeña revisión del Tratado de Lima y su Protocolo Complementario del 3 de junio de 1929 (o Tratado del 29, para abreviar) permite ahondar más sobre el desacuerdo territorial (sobretodo el artículo segundo y tercero; los mismos que buscan señalar, de forma ambigua, a decir verdad, la línea fronteriza). Sin embargo, no me abocaré a esta misión dado que corresponde a abogados especializados en derecho internacional tocar el tema. Aquí basta con señalar algo importante del Tratado del 29: el artículo duodécimo. En él se señala, literalmente, que “para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado, y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudiesen ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia”. Este artículo, ergo, deriva al Presidente de Estados Unidos la solución de la controversia del actual triángulo terrestre.

Con este simple dato planteo una cuestión que debería ser tomada en cuenta por algunos sectores sociales y políticos:sabemos que, desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad,ha existido una suerte de dependencia (que, de hecho, se ha profundizado) de nuestra política exterior hacia la política exterior estadounidense, la misma que ha limitado nuestros márgenes de acción y de toma de decisiones gubernamentales basados en los hoy trillados términos nacionalistas de autonomía y soberanía. Los principales ejes temáticos que han sido objeto de esta profundización han sido, en primer lugar, el régimen internacional comercial y, en segundo lugar, el régimen internacional de seguridad (incluyendo el relacionado al terrorismo y al tráfico ilícito de drogas). Escribo estos regímenes internacionales en orden de prioridad actual, dado que, luego de la IIGuerra Mundial y de la Guerra Fría, los países en vías de desarrollo (sobretodo) hansido partícipes de un proceso de reforma que ha repotenciado la actividad comercial como fuente de desarrollo y prosperidad estatal en épocas en las cuales la globalización (y todas sus aristas) ha cobrado fuerza en todo el mundo. A este punto cabe recordar las teorías realistas de los regímenes internacionales que señalan que éstos forman beneficios diferenciados para los Estados. Asimismo, consideran que “el poder tiene un rol esencial,  no como una amenaza para disciplinar Estados (…), sino para determinar la forma del régimen en torno al cual todos los Estados coordinarán sus acciones” (Baylis y Smith. The Globalization of World Politics.An Introduction to International Relations.Oxford UniversityPress, 2001).

En ese sentido, las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos han sido, por así decirlas, “amistosas”. Durante las administraciones de Fujimori, Toledo y García, la prioridad nacional siempre fue la consecución del Tratado de Libre Comercio (o de lo que era el ATPDEA, más específico y condicionando el tema de antinarcóticos a fin de satisfacer los intereses nacionales de Estados Unidos). Esta prioridad supeditaba a otros ejes temáticos menos importantes para el Perú, como era la lucha contra las drogas y antiterrorista (ambos elementos de seguridad nacional), y los sometían a la voluntad de la potencia para diseñar aquellas políticas públicas en nuestro país.

ero, volviendo al tema del triángulo terrestre (y como punto central de este análisis), la resolución de la disputa entre Chile y Perú por parte de Estados Unidos le otorga una ventaja política y estratégica a este último país. Su presidente no representa a una Corte de Justicia Internacional, sino más bien representa y encarna la voluntad y los intereses nacionales de la potencia que buscó implantar, por algún tiempo, el famoso Destino Manifiesto. En ese sentido, la privilegiada posición de Estados Unidos en torno a la solución de la controversia por el triángulo terrestre podría condicionar ciertas posturas, políticas y/o acuerdos bilaterales a implantarse con el Perú (y también con Chile). Algunos ejemplos para el caso peruano: reforzar la tradicional y conservadora guerra contra las drogas (y seguir negando el debate sobre cualquier otra alternativa de lucha como una posible regulación del mercado de cannabis), militarización de zonas hostiles por terrorismo (y también por drogas), condicionar al Perú como aliado en plataformas regionales e internacionales (OEA, Naciones Unidas), entre otros. Así, la aún potencia podría utilizar diversos mecanismos (como ya los ha venido utilizando desde hace mucho tiempo) para condicionar nuestra política exterior y nuestra política pública respecto a algunas materias que ellos consideren sean de su interés nacional.
Y bueno, ¿recuerdan el Plan de Gobierno de Humala de “La Gran Transformación”? En él se priorizaba la reivindicación de la política y del Estado en las relaciones internacionales. Específicamente, se señalaba que “la nueva política exterior del Perú se –basaría– en la promoción de nuestro desarrollo nacional, […] el respeto a los tratados internacionales, la integración andina y regional, […], la no injerencia en asuntos internos y el pluralismo político, ideológico y económico; y en la defensa de nuestra soberanía, integridad territorial y de nuestros recursos naturales”. El PESLP 2012 (o Plan Estratégico Sectorial de Largo Plazo del Ministerio de Relaciones Exteriores), firmado por el ex canciller Roncagliolo en abril de 2012, establece, como objetivo estratégico general número uno, “la promoción y defensa, en el ámbito regional, de los intereses del Perú con miras a la afirmación de su soberanía e integridad territorial (…)”. Frente a estas afirmaciones, lo único claro que puedo concluir es que, al menos hasta que se decida la controversia del triángulo terrestre (o que tengamos otro presidente congruente con su Plan de Gobierno), seguiremos con la misma política exterior sometida a intereses nacionales externos y de la cual no nos apartamos porque logramos, al menos, obtener un pequeño margen de ganancia.