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Una publicación de la asociación SER
Responsable regional Aprodeh-Apurimac y activista de derechos humanos.

Mara: las nuevas víctimas del extractivismo

El lunes 9 de setiembre último un contingente de 200 efectivos de la PNP arribó al distrito de Mara, provincia de Cotabambas, con el objetivo de desbloquear la carretera por donde se transporta el cobre de Las Bambas a Matarani, produciéndose un enfrentamiento con la población.

En los últimos años esta escena ha sido recurrente en Mara y Cotabambas. Sin embargo, este hecho no es nuevo. Durante el periodo del conflicto armado interno (CAI), esta omnipresencia estatal a través de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue la regla en el marco de buscar la derrota de Sendero Luminoso (SL). Pero ello no siempre fue así. A lo largo de la historia del distrito, sucedió exactamente lo contrario. Forzando un balance general podemos señalar que la presencia del Estado en Mara, desde su creación en 1857, hasta aproximadamente la década del 60, fue precaria, ajena y discriminadora.

En efecto, durante los siglos XIX y parte del XX, la presencia estatal apenas fue sentida a partir del funcionamiento de una escuela multigrado y la propia municipalidad local, cuyo poder siempre ha sido detentado por los llactataytas o mistis. De hecho, el proceso de despojo de tierras a las comunidades en favor de los terratenientes durante gran parte de la Republica, favoreció la constitución de territorios casi “feudales”, donde el Estado y la Constitución apenas valían. No obstante, desde las comunidades la valoración y pertenencia al Estado ha sido siempre importante reconociéndose como parte de la comunidad nacional a partir del pago de tributos, el enrolamiento de mareños al ejército en la guerra con Chile, la inscripción en el servicio militar obligatorio o las diligencias ante el Estado para lograr reconocimiento oficial.

Esta compleja relación sufre un cambio sustancial durante los años 70 en el marco de la reforma agraria. Aunque no hay estudios que den cuenta de ese proceso en la zona, las memorias de los viejos mareños sitúan a ese periodo como un momento “donde se hizo respetar nuestras tierras”. Es decir, como uno de los pocos periodos donde la acción y presencia del Estado fue bien recibida y percibida permitiendo afirmar la valoración democrática del Estado. No era para menos. Sus tierras, expropiadas a terratenientes que rigieron la sociedad estamental por décadas, les eran devueltas por un gobierno militar, que luego dejó inconclusa y con diversos problemas la reforma.

Pero como hoy sabemos ese camino de construcción y afirmación democrática fue truncado. El CAI iniciado por los fanáticos y criminales ideólogos de SL, que se expandió a estos territorios (y probablemente sumó a campesinos de la zona en sus filas), llevo irreflexivamente al Estado a enfrentarlo bajo una política de represión indiscriminada. En ese contexto, si por un lado es posible que aquí, además de las rondas, las comunidades también hayan sido actores activos de la guerra interna -como sucedió en Ayacucho, “donde no se sabía de donde venía la muerte”-, el informe de CVR dejo clara constancia que las responsabilidades mayores se repartían entre SL y las FFAA. Sobre todo entre 1988 y1989 cuando se producen el mayor pico de víctimas de este distrito.

Las 8 víctimas fatales (asesinados y desaparecidos); las 13 víctimas de violación y violencia sexual; los 219 torturados; los 9 secuestrados; las 40 víctimas heridas o con lesiones; los 20 desplazados; en suma, las 309 víctimas mareñas, según el Registro Único de Víctimas, fueron producto del horror de quienes decían luchar por ellos y de los que debían proteger y defenderlos[1].

Si para las elites provinciales, regionales y nacionales estas historias y realidades buscan ser negadas o distorsionadas, en nombre del desarrollo y progreso, para los peruanos y peruanas de Mara y de otros territorios apurimeños y cusqueños, son realidades indelebles que marcaron y siguen marcando su percepción y valoración del Estado. Una valoración que a diferencia de los años 70, oscilo entre sentirse parte y víctima del Estado anti-derechos de los 80s y 90s.  

En ese sentido, considerando el contexto minero extractivo que vive Mara y Cotabambas, cabe preguntarse; ¿qué ha significado y significa hoy esa historia y sus cifras de horror para el Estado, los gobiernos nacionales y regionales y las FFAA en este siglo XXI? ¿Supuso algún aprendizaje colectivo e institucional más allá de gastar millones en las reparaciones a las víctimas?

Cuando uno hoy observa y analiza la omnipresencia y comportamiento del Estado en Mara, Cotabambas y los territorios donde se desarrollan actividades extractivas, puede hacerse una idea al respecto. El despliegue de estrategias normativas (a favor de las empresas y contras las comunidades); discursivas (estigmatización: “terroristas”, “anti-mineros”); y represivas (criminalización,  militarización y represión), no solo dan cuenta de la imposición de una apuesta de control autoritario de estos territorios[2], sino que revelan también, justamente por ello, que poco o nada han aprendido nuestras instituciones de ese pasado fratricida que llevó a asesinarnos entre peruanos[3].

El mareño asesinado en la crisis del 2015, su viuda, sus 4 hijos huérfanos, los 12 líderes y autoridades comunales criminalizadas y el herido del último enfrentamiento del 12 de setiembre,  suman 19 nuevas víctimas, incluso la muerte Alberto Roque en 2015 (primer alcalde indígena de Mara), son resultados de este nuevo tiempo político que vuelve a mostrarnos un Estado anti-derechos humanos como en los tiempos del conflicto armado interno.

Por ello, más allá de que con seguridad se instalara una nueva mesa de dialogo con numerosos acuerdos que no suelen cumplirse o que se desarrollen campañas itinerantes brindando servicios masivos de salud, educativas, etc., como se hizo semanas atrás, el Estado debería revisar con seriedad y profundidad su desempeño histórico en la zona. De lo contrario, la frase “al Estado y a la empresa no les importamos nada”, tan común oírla en estos tiempos se seguirá afirmando, y quien sabe, posibilitaría el crecimiento de un real sentimiento anti-minero. Ello, pese a que mareños y cotabambinos nunca se opusieron a esta actividad, pues como el resto de la región, al ver que el Estado no impulso políticas de reconstrucción posguerra o políticas agropecuarias integrales y sostenibles, vieron en la minería -por lo menos un sector importante-, una oportunidad para reconstruir su desarrollo que había sido destruido durante la guerra interna.

Ad portas del bicentenario el Estado peruano tiene el enorme reto de empezar a cambiar su percepción de que solo trabaja en nombre del extractivismo.     

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[1] Lamentablemente las cifras de porcentajes de responsabilidades de violaciones a DDHH no son públicas por el Consejo de Reparaciones. Tal vez ello se deba a que dichas cifras resulten críticas para las FFAA.  

[2] Véase el Informe sobre Extractivismo y Derechos en le Región Andina: Abusos de Poder contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales. Aprodeh, Cajar, Cedhu, BD y Cedib 2018.

[3] A contracorriente de las instituciones, es alentador conocer que exsoldados de tropa reflexionen y escriban sobre sus vivencias durante el CAI planteando importantes aprendizajes. Lurgio Gavilán y sus libros testimoniales Memorias de un Soldado Desconocido (2014) o Carta al Comandante Shogun (2019) son solo un ejemplo de ello. Libros que dicho sea de paso, todo miembro de las FFAA debiera leer.