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Una publicación de la asociación SER
Consultor en Cooperación al Desarrollo

Macri: Balance negativo

En el New York Times del 25 de enero se presenta un artículo de María Victoria Murillo en el que analiza el primer año del gobierno de Mauricio Macri. El escenario presentado refleja cierto optimismo en la gestión actual, algo que entraría a contracorriente de los datos reflejados en las estadísticas nacionales, y del sentir de la ciudadanía.

Dentro de los logros destacados, la autora menciona, en un primer momento, la liberalización del mercado cambiario. El “cepo cambiario” fue asumido como medida extrema para evitar la fuga de capitales, que se estimaba – en el 2007 – en USD 15.000 millones, y ponía en riesgo la disponibilidad de divisas al Estado que le permita hacer frente a sus compromisos financieros, o la importación de bienes de capital. La desconfianza en el sistema bancario nacional y en la moneda local se remonta a la crisis del 2001. Para el año 2015, la fuga fue de aproximadamente USD 8 mil millones, la mitad que la registrada en 2007. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, en el 2016, eliminado el “cepo cambiario”, la cifra ascendió a USD 12 mil millones (enero-noviembre).

En otro momento, la autora hace mención a la eliminación de impuestos, cupos y regulaciones al comercio exterior, lo que ha implicado en la práctica aliviar la carga tributaria a los grandes exportadores. Indudablemente, la liberalización del comercio es un giro al modelo de sustitución de importaciones que se venía implementando, la consecuencia de ello ha sido, de acuerdo al INDEC, que entre enero y septiembre de 2016 se perdieran más de 127 mil puestos de trabajo y se destruyeran 5.147 empresas. En relación al Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial en noviembre cayó en 4,1% respecto al mismo mes del año 2015.

Respecto a la renegociación de la deuda, verla como un logro resulta incomprensible. El gobierno argentino había logrado acuerdos con sus principales acreedores, salvo con el 7,6% de los bonistas, que representaban a los “fondos buitres” (hold outs), y cuya finalidad es comprar deuda de países próximos al default, por el nivel de endeudamiento y crisis económica, para después cobrarlos con altos intereses, a través de procesos judiciales. En abril de 2016, el gobierno destina USD 9.300 millones a pagar a los fondos buitre. Con la crisis de cuenta corriente, y con el fin de hacer frente a sus compromisos, el gobierno ha decidido financiarse con crédito exterior, lo que ha significado que la deuda argentina haya aumentado en aproximadamente USD 40 mil millones. Como las deudas cobran prioridad, y la industria no despega, la factura la tendrán que pagar los consumidores en el mediano – largo plazo; mientras que a corto plazo, el gobierno deberá continuar con el roll over que le permita pagar los vencimientos. Ahora que la Reserva Federal de los EUA aumentó la tasa de interés, posiblemente las emisiones de 2017 salgan algo más caras. No debemos olvidar, además, el respaldo que tuvo en la asamblea de Naciones Unidas la propuesta argentina para limitar la participación de los hold outs en los procesos de reestructuración de deuda soberana. 

La coyuntura económica, que derivaba en un empeoramiento de los precios de intercambio, la disminución de las reservas internacionales, y el estancamiento de la oferta agregada (debido a la historia reciente, la industria argentina es renuente a invertir en bienes de capital, optando por cubrir la creciente demanda con la importación de bienes), presionaba al alza de precios, con efectos negativos en la economía de las personas. Esto implicaba la necesidad de realizar ajustes a las políticas subsidirias, con una mayor focalización, principalmente en los servicios de energía eléctrica y gas. Asimismo, dependiendo del déficit fiscal, o el nivel de RIN, la opción de una devaluación (no en los términos realizados por Macri, sino de manera progresiva) podría haberse considerado necesaria.

Pero, ¿qué más ha pasado durante el primer año de Macri?

Argentina enfrenta además otros muchos frentes. De entre ellos destaca la disminución de los fondos destinados a la ciencia y tecnología, que en el presupuesto aprobado para el 2017 cuenta con un 30% menos de fondos. En este sentido, Alberto Kornblihtt, profesor de biología molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, escribió un artículo, en la Revista Nature, que destaca la lucha de los científicos por continuar con la política sectorial.

A la espera de cifras oficiales, diversas consultoras privadas señalan que la inflación en el 2016 estará en torno al 41%, la mayor desde el 2002. Como en economía todo se relaciona, la devaluación de la moneda generó una presión inflacionaria que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores. Es muy probable que el alto índice inflacionario haya sido la causa de la destitución de Prat-Gay en Hacienda, lo que implicaría – para este 2017 – un cambio en la política económica, endureciendo aún más las medidas, a través de una disminución considerable del gasto público, y por tanto un menor déficit fiscal y un mayor nivel inflacionario, con el consecuente costo social que supone la disminución del consumo privado y público. En septiembre de 2016, Macri admitió que el 32% de la población era pobre, frente al 29% en 2015, de acuerdo al Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).  La desigualdad económica se profundizó, en el tercer trimestre del año anterior, el decil superior tenía 25,6 veces más ingresos que el 10% de la población más pobre, mientras que en el segundo trimestre, la diferencia era de 23 veces. También de acuerdo a los datos del INDEC, “la estimación provisoria del PIB en el tercer trimestre de 2016 muestra una variación de – 3,8% con relación al mismo período del año anterior”.

En definitiva, con Macri la situación económica y social ha empeorado.

En cuanto a los aspectos no económicos, la persecución a dirigentes populares opositores llevó a la detención irregular de la activista indígena y diputada del Parlasur, Milagro Sala. Este hecho ha sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones como Human Rights Watch, quienes han pedido su inmediata liberación.

Por otro lado, las políticas racistas y xenófobas, expresadas en las últimas declaraciones de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, contra la inmigración peruana, boliviana y paraguaya, podrían  enturbiar las relaciones con sus vecinos. Finalmente, los actos de corrupción han afectado al propio Macri y su familia, a través del escándalo de los Panamá Papers (silenciados por la prensa); los beneficios de los dólares futuros, que tiene como principales beneficiarios a varios de sus colaboradores más cercanos; y, el probado soborno por parte de la brasilera Odebrecht al Jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas.

En conclusión, hay poco que celebrar en este primer año de Cambiemos, el empeoramiento de las condiciones de vida podrían derivar en un estallido social. No soy tan optimista como Murillo cuando afirma que Macri resiste a las consecuencias de sus políticas, dado que estas se sostienen por el apoyo de los medios masivos, principalmente los vinculados al grupo Clarín, pero el descontento se va generalizando. Las elecciones legislativas serán un buen indicio del escenario sobre el cual tendría que desarrollar su mandato. Una oposición férrea en el Legislativo (el FpV mantiene una ligera ventaja sobre el partido de gobierno), y con la ciudadanía volcada en las calles podría poner en jaque la continuidad del gobierno, y repetir la historia citada por la autora del artículo del NYT, en la cual ningún gobierno no peronista ha logrado concluir su mandato.