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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Los gestos no hacen políticas públicas

Se escucha decir que los gestos en política son importantes. Y sí lo son, pueden incluso definir elecciones. Basta recordar los compromisos que asumió el entonces candidato Ollanta Humala en las últimas elecciones, compromisos para con las víctimas del conflicto armado interno, con las víctimas de las esterilizaciones forzadas y en general con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Fueron gestos que generaron la aceptación de una población que buscaba diferencias frente a las acusaciones y hechos comprobados de violaciones a los derechos humanos y corrupción del gobierno de Fujimori.

Sin embargo, ya en el gobierno, el presidente y sus ministros se han quedado solo en gestos. Para implementar políticas públicas no basta con decir que se respeta los derechos humanos, asistir a eventos de promoción de estos y repetir que se tendrá mano dura contra las personas que atenten contra la sociedad. Para implementar políticas públicas se necesita mucho más que gestos.

Hace unos días el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo pública una opinión técnica favorable al proyecto de ley de Unión Civil. Este es un gesto importante y que debe ser saludado por la ciudadanía, ya que este ministerio es el órgano rector en materia de derechos humanos y su opinión debe ser tomada en cuenta, por el Congreso, como la opinión del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, este proyecto debe ser debatido y votado en el Congreso. La decisión al fin y al cabo será del Congreso de la República (y de alcanzar los votos y aprobarse, la autógrafa debería ser firmada por el presidente)[1] .

Así, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un buen gesto, pero no implementa ni pone en funcionamiento políticas públicas en materia de derechos humanos de las personas LGTBI. Un instrumento de gestión que sí sirve para implementar una política pública nacional de derechos humanos que incluya a personas LGTBI es un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Los planes de derechos humanos son inclusive parte de las recomendaciones de Naciones Unidas (Viena, 2003). Estos son instrumentos de la gestión pública que permiten tener claridad de hacia dónde apunta la administración estatalen materia de derechos humanos. Permiten fiscalizar también el accionar de las y los servidores públicos y de medir si su trabajo avanza o no. Para esto, este instrumento de gestión debe partir de un diagnósticode la situación actual y a partir de este, definir responsabilidades concretas a las distintas entidades, indicadores claros y metas cuantificables a las que debe llegar. Es decir, define las líneas de acción prioritarias no solo a nivel de un gobierno, sino a nivel de todo Estado. Solo así, terminado el periodo de este plan,podrá realizarse una adecuada rendición de cuentas sobre si se avanzó o no en materia de derechos humanos.

El primer plan que se hizo en Perú fue para el periodo de 2006 – 2010 (luego prorrogado por el gobierno aprista hasta el 2011),que no tuvo indicadores ni metas cuantificables claras ytampoco asignaba responsabilidades concretas a las diferentes entidades involucradas. Es decir, se partió de una situación en la que el Estado aceptó que aún los derechos humanos de la ciudadanía no se respetaban de manera integral y proponía una serie de buenas intenciones para que estos derechos se respeten y garanticen.

Terminado el período de este instrumento, al no tener metas cuantificables no se pudo hacer una efectiva rendición de cuentas de si se avanzó o no en su implementación. Pero un poco de sentido común nos dice que no se avanzó mucho en esta materia.

Si bien el plan anterior culminó en el 2011, tres años después el gobierno aún no ha aprobado un nuevo plan. El proceso de diseño y aprobación, que como corresponde tiene que ser realizado por el ente rector (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), se ha quedado trunco[2].

Es decir, aún no tenemos certeza y claridad de hacia dónde tiene planeado este gobierno dirigirse en materia de derechos humanos. Lo cierto es que la ciudadanía debería estar enterada sobre el rumbo que tiene el gobierno en materia de derechos humanos, sobre las responsabilidades que tienen las distintas entidades; sin embargo, no lo está.

El gobierno no solo se puede limitar a simples gestos de buena voluntad, como el informe a favor de la Unión Civil. Tiene que implementar las políticas adecuadas para la protección y garantía de los derechos de todas las personas. Esperemos que este año, ya en la segunda mitad de su mandato, apruebe el Plan Nacional de Derechos Humanos y que este contemple los derechos de todas y todos, y en el que resulte imposible dejar de lado a las personas LGTBI.

Notas:
1. Esperemos que de aprobarse el Poder Ejecutivo no presente observaciones como las que puso en el 2012 para no aprobar la ley que incorporaba la violencia sexual en el conflicto armado dentro del Plan Integral de Reparaciones, y que a la fecha no se ha aprobado.
2. A pesar de haberse realizado varios estudios para tener un diagnóstico actual de la situación, de realizarse a lo largo del 2012 una serie de reuniones y talleres entre las entidades estatales y la sociedad civil, talleres en los cuales también participaron colectivos que trabajan por los derechos de personas LGTBI.