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Una publicación de la asociación SER

Licencia para matar

Que el presidente Humala y el ministro Urresti digan que es una “vergüenza” lo que ha ocurrido en Cajamarca, refiriéndose a la muerte de Fidel Flores Vásquez, causada por la Policía Nacional por un desalojo, es un descaro. Lo ocurrido en Cajamarca debe alertarnos sobre tres problemas estructurales en el país, legitimados por el marco normativo vigente, mantenido y profundizado por el actual presidente de la República. Humala, quien tiene responsabilidad directa, debe asumir que son políticas de SU gobierno las que permiten que este tipo de atrocidades se cometan.

Problema uno: Impunidad para matar. Alan García, responsable de las muertes de El Frontón y de las causadas por el mal llamado “Comando Rodrigo Franco”, siguiendo su línea, aprobó,en el 2010, el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional. Esta norma confirmaba descaradamente un camino ya abierto de impunidad, a menos de diez años de recuperada la democracia.

Ollanta Humala, en su época de candidato, hizo declaraciones en contra de esta política, que permitía actuar a la PNP con impunidad. Dijo: “Presentar la vacancia al presidente García, por la política de criminalización de la protesta que ha causado 70 muertos y 600 heridos en su gestión, no significa un acto de ruptura del sistema democrático”.

El señor ganó las elecciones, y lejos de erradicar esta política de criminalización, en la práctica coercitiva y represiva, de las fuerzas del orden, suscribió la Ley 30151, que aumenta la impunidad de la cual ya gozaba la Policía Nacional. Así, por ejemplo, hace posible que un efectivo que dispara contra un civil, lo patea en el suelo con desprecio, permite que se desangre hasta morir, agrede a su mujer y la amenaza con un arma de fuego, amenaza a su hijo…esté libre.  Así como lo leen: los responsables de la muerte de Fidel Flores, crudamente expuesta ante los ojos de todo el mundo, están libres, y lo más probable es que no purguen condena alguna. La impunidad reina en el Perú, con la complicidad de las leyes de Humala. Que le dé vergüenza su rúbrica en la ley que legitima este crimen.

Problema dos: Legalizando lo gris. El Poder Judicial es conocido por todos como el centro de la corrupción en el Perú. Quien quiere justicia debe “aceitar” el sistema; es decir, debe pagar. Quien quiere beneficiarse de un fallo judicial sabe que debe hacer lo mismo:“aceitar” a un magistrado.

En el caso de Fidel Flores, hay una duda seria sobre la legalidad del fallo de la jueza Carmen Araujo, quien dicta sentencia para quitar la vivienda a Flores por una deuda. Esta causa –la pelea sobre la propiedad– estaba en debate en otro juzgado, en torno a una prescripción. Este hecho parece no haberle importado a la señora, quien dicta sentencia y manda el desalojo. La magistrada notifica, el mismo día de la muerte de Flores, a la familia, la misma que pide que la diligencia se suspenda. La señora decide proseguir.

La PNP sostiene que informó a la jueza que la situación no era propicia para continuar con el desalojo. ¿Qué hizo la señora? Insistió ¿Cuál era el interés de esta magistrada en efectuar el desalojo a como dé lugar ese día?

Hasta ahora, Carmen Araujo ha recibido como sanción una “remoción” del cargo. ¿Habrá alguna investigación adicional? ¿Alguna pena efectiva por una decisión como esa? Lo dudo. Sino, veamos el caso de Orellana y su manejo del Ministerio Público y el Poder Judicial para poder comandar una red de apropiación de terrenos como negocio rentable y estable.

Problema tres: La vivienda no es un derecho. Algo que pocos han dicho es que lo más cínico de toda esta tragedia es que Fidel Flores debía 1,500 dólares por una motosierra. Es decir, tenía una deuda menor por un bien secundario. Tras un proceso lleno de zonas grises, la deuda –absurda– le costaba LA VIVIENDA, que no es una mercancía más, que es vital, que es, además, un derecho fundamental. Sí, un derecho reconocido globalmente, pero dejado de lado históricamente en el Perú, donde nuestra política al respecto se ha reducido a generar bonos para la clase media.

¿Qué autoridad ha visitado a la familia? Ninguna. El ministro Urresti ha mandado un helicóptero para trasladar a la familia a Lima, pues si él va a Cajamarca “se politizará” la situación. ¡Una vergüenza! Debiéramos demostrarle al ministro que la situación ya se politizó, vaya o no Cajamarca. 

Fidel defendió con su vida su vivienda, que construyó con esfuerzo;  donde vivían él, sus siete hijos y siete nietos. Murió porque no tenemos una política mínima de defensa del derecho a la vivienda. Murió porque el Poder Judicial es un tramitador de intereses económicos que legitima acciones dudosas. Murió porque en el Perú hay licencia para matar.