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Una publicación de la asociación SER

"Lawfare" e incertidumbre electoral en Bolivia

Foto: EFE

Alfonso Bermejo

El domingo 3 de mayo se realizarán las elecciones generales en Bolivia. Después del golpe de estado, los personalismos han impedido que la oposición al masismo concurra unida; por el contrario, la competencia por los votos que les permitan llegar a un posible balotaje ha supuesto una serie de acusaciones, principalmente entre Luis Fernando Camacho y la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez. Por su parte, Carlos Mesa, luego de haber apoyado la ruptura del orden constitucional, ha intentado desvincularse de la actuación del gobierno, sobre todo desde que Áñez anunció su candidatura. Esta acción, al parecer no prevista por los otros postulantes a la presidencia de Bolivia, ha sido tomada como una amenaza para sus aspiraciones. Camacho la acusa de utilizar el aparato estatal en favor de su candidatura, y Mesa, de corroborar la tesis del masismo sobre el golpe de estado. 

La primera encuesta nacional, elaborada por Ciesmori, otorga al binomio Arce - Choquehuanca, del MAS-IPSP, el 31,6% del total de preferencias. Por su parte, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, obtuvo el 17,2%, Jeanine Áñez, de la alianza Juntos, el 17,2%; y, Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, el 9,6%. Algo más lejos quedan el pastor Chi Hyun y Jorge “Tuto” Quiroga. Según esta encuesta, el total de indecisos, y votos nulos y blancos, suman el 16%. Aunque habría que esperar las siguientes encuestas para apreciar la tendencia, esta sería una noticia alentadora para el MAS-IPSP, ya que los resultados se estiman con los votos válidos, y la legislación boliviana otorga la victoria electoral al binomio que alcance el 50%+1, o al que obtenga el 40% con una diferencia de 10% sobre la segunda opción más votada. De no darse ningún cambio sorpresivo, el MAS-IPSP podría obtener una victoria en primera vuelta, o - en el peor de los escenarios - acceder al balotaje, posiblemente, con el candidato Carlos Mesa. De ser así, estaríamos en una situación similar a la existente previa al golpe de estado, lo que refrenda la tesis de que no existió un fraude electoral. No hay que olvidar que la OEA (cuya Secretaría Ejecutiva apoyó el golpe) recomendó ir a un balotaje, lo cual fue aceptado por el entonces presidente Morales, lo que pudo evitar las consecuencias del golpe, es decir, la persecución a opositores políticos, el cierre de radios comunitarias, las masacres de Senkata y Sacaba, el “parón” económico, y el desprestigio de las fuerzas armadas. 

Preocupados por la posible victoria del MAS-IPSP, la derecha boliviana recurre al lawfare como estrategia, primero intentaron impedir que el partido pueda inscribirse, lo que les resultó imposible, sobre todo por la presión internacional. Al no poder proscribirlo, apostaron por acciones individuales, primero inhabilitaron a figuras como Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado durante el golpe de estado, quien fue obligada a renunciar para posibilitar la posesión de Áñez. Asimismo, se pidió la inhabilitación del candidato a la presidencia Luis Arce, y - entre otros - de los candidatos al senado, Evo Morales, por Cochabamba, y Diego Pary (ex canciller), por Potosí. El Tribunal  Supremo Electoral (TSE), renovado durante el gobierno de facto, y afín a la presidenta, decidió el día de ayer, algo que ya había sido anunciado por el diario “El Deber”, un día antes, permitir la candidatura de Arce, e inhabilitar a Morales y Pary. El argumento esgrimido para inhabilitar a ambos candidatos es “el incumplimiento del requisito a la residencia permanente". En este sentido, se ha abierto un debate jurídico sobre la obligatoriedad de la residencia permanente; por un lado, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que un requisito para ser candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional es “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”, pero; sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP), Nro. 24/2018, incluye el concepto de residencia “intermitente” en aquellos casos que “por disposición legal o fuerza mayor, deban cumplirse en otro sitio”. En el caso de Morales y Pary, el estatus de refugiado y las funciones de su cargo, parecen calzar con lo dispuesto por la SCP. El equipo de abogados internacionales del ex presidente, conformado - entre otros - por el ex juez español Baltasar Garzón y el miembro de la CorteIDH, el argentino Eugenio Zaffaroni, había anunciado que - de ser inhabilitado - acudirían al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. .

El MAS-IPSP parece mantener el apoyo ciudadano. La pregunta que se abre es si el poder político y económico, pero sobre todo el poder militar, permitirán el retorno del masismo, con las posibles consecuencias que ello implicaría para quienes apoyaron la ruptura del orden constitucional y las violaciones a los derechos humanos.