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Una publicación de la asociación SER

Las urgencias y los retos del Archivo General de la Nación

Se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicho desconocimiento puede generar lamentables consecuencias, como no valorar con la profundidad que se merece nuestro rico pasado, no aprovechar los aportes de las poblaciones que nos antecedieron y, no reforzar nuestros lazos de identidad cultural y orgullo territorial. Mucho de eso ocurre en el Perú empezando por nuestra historia prehispánica cuya riqueza cultural aún espera ser socialmente valorada, y que tiene muy escasa prioridad en las políticas nacionales y en las prioridades de los políticos de turno, que ni siquiera toman en cuenta el aporte que podría dar crecimiento económico del país.

En el caso de la historia escrita que posee el Perú, buena parte de ella se encuentra depositada en el Archivo General de la Nación (AGN) creado con el nombre de Archivo Nacional en el año 1861 en el gobierno de Ramón Castilla. Desde el año 1991 (Ley N° 25323), el AGN es definido como el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, y a partir del 2010 se convierte en un organismo adscrito al Ministerio de Cultura (Ley N° 29565). Cabe señalar que desde la década de 1940 el AGN ubicó en el sótano del Palacio de Justicia parte importante de sus casi 28,000 metros lineales de documentos acopiados desde la Colonia.

Un problema específico ha surgido en los últimos meses por el riesgo que atraviesa el AGN de ser desalojado de las instalaciones que pertenecen al Poder Judicial. Instancia que actúa como juez y parte para la toma de decisiones pudiendo dejar en situación precaria al ente depositario de nuestra historia documentada. En torno a esa situación crítica para el AGN han surgido muchas voces, que exigen su inamovilidad, con el argumento válido de preservar la memoria histórica documental en tanto patrimonio archivístico del Perú.

El peligro de desalojo que afecta al AGN muestra la situación generalizada de precariedad de nuestro patrimonio cultural, que en este caso particular no cuenta con un local propio y adecuado para servir de depositario de tan invalorables bienes. Ni siquiera por acercarse el Bicentenario se ha previsto -como un gesto celebratorio- construir o establecer las instalaciones que guarden de manera permanente las colecciones documentales que ni siquiera terminamos de aprovechar y que serían muy útiles para el proceso de construir nación y ciudadanía, tarea que sigue pendiente en el Perú.

Hay más elementos a analizar en torno a la situación del AGN: La integridad y el adecuado aprovechamiento de nuestro acervo histórico documentario. Desde hace buen tiempo se ha difundido la existencia del tráfico de documentos históricos -como también ocurrió en la Biblioteca Nacional- de origen colonial y republicano que son comercializados a coleccionistas internacionales, incluso vía internet. No hay información clara sobre si esta situación subsiste. Otro problema: La calidad del archivamiento de los documentos (control de la humedad, iluminación, manipuleo etc.), que a la larga puede afectar su preservación. Igualmente, desde años atrás se señala la preocupación por invertir prioritariamente en la modernización de los sistemas de archivo que incluye la digitalización documentaria. Al respecto se conoce que los avances son muy lentos. Un tema más que debería preocuparnos es el inventario del estado actual de preservación del material documentario, que está distribuido en diversas dependencias regionales. Se sabe que en algunas se está invirtiendo para facilitar el acceso de documentos históricos por internet, pero de la misma forma se conoce la precariedad de otras oficinas regionales. En general y como un claro indicador del grado de prioridad que se le otorga al AGN es su escaso presupuesto en comparación con la magnitud del patrimonio a preservar. Esa situación también repercute en la cantidad de personal asignado a estas labores, su necesaria capacitación, lo que es agravado por la existencia de regímenes laborales que no garantizan estabilidad ni justas remuneraciones.

En síntesis, no se trata simplemente de invocar al Poder judicial a que impida el desalojo de los bienes del AGN de sus actuales instalaciones, sino de buscar soluciones integrales que muestren cuanto los gobiernos valoran el patrimonio cultural y le dan el rol que se merece. Hay que interesar a la sociedad acerca de lo que significa su protección como patrimonio, así como su utilidad para la generación de conocimiento académico, y su aporte a la formación de la ciudadanía. Hay que comprometer a los sectores empresariales para que tomen iniciativas que permitan financiar proyectos que garanticen las mejoras señaladas. En todo este esfuerzo se requiere una vez más, de políticas públicas que prioricen las acciones que garanticen la conservación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, como parte de una forma diferente de hacer desarrollo diversificando y aprovechando -social y sosteniblemente- las potencialidades existentes.