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Una publicación de la asociación SER

¿Las revocatorias debilitan la democracia?

La Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales ha sido criticada desde diversos ángulos. Me centraré en el que señala que ella resulta un atentado contra la gobernabilidad, porque los alcaldes fueron elegidos por cuatro años y cuestionarlos antes genera incertidumbre, cambio de políticas, paralización de obras y hasta desgobierno. Pero, además, resultaría un hecho político que, en lugar de fortalecer la institucionalización de la democracia como sistema político, la debilitaría, minaría sus bases. Steven Levitsky ha escrito que la teme porque la socava, porque no enseña a los electores que hay que cumplir la regla de oro no escrita de dejar gobernar a quien ha ganado la confianza de la mayoría, que se resumiría en el principio de “Mientras el gobierno no abuse del poder, la oposición no busca tumbarlo antes del fin de su mandato”.

En el Perú, la Consulta Popular se realiza desde hace 15 años en el ámbito rural (en la mayoría abrumadora de los casos),  y no se puede afirmar que la gobernabilidad local se haya visto afectada por su causa, ni siquiera en los distritos en los que se ha repetido en varias ocasiones. Como se sabe, la alta conflictividad de los últimos años enfrenta, sobre todo, a comunidades campesinas con empresas mineras y el gobierno central que se pone del lado de éstas, no siendo las municipalidades blanco de los disgustos de los ciudadanos, sino, antes bien, las tienen muchas veces de su lado.

Habría que poner en contexto histórico la estabilidad de la institucionalidad municipal democrática en el Perú cuyo origen hay que buscar en 1980, cuando Belaúnde reinstaura las elecciones universales de los concejos municipales y los alcaldes. Tenemos 32 años continuos de procesos electorales municipales en las ciudades y en el campo, que fueron interrumpidas en la sierra sur y centro y que llegaron a afectar a cerca de la mitad de los distritos en lo más álgido del conflicto armado interno en 1989. Pero esas autoridades eran elegidas por muy pocos, pese a la obligatoriedad del voto. La mayoría se limitaba a mirar, desentendiéndose de los asuntos públicos. En medio de esa indiferencia, de esa desidia, y con las amplísimas atribuciones y capacidades que la ley les otorga, los alcaldes manejaron –y siguen manejando- el presupuesto municipal a su regalado gusto, sin control alguno por parte de otros entes estatales, cogobernando con sus parientes (1), en una reedición andina del patrimonialismo que Weber había estudiado en Europa. Además, es muy frecuente ver que los alcaldes ni siquiera viven en los distritos rurales, aunque ello es un requisito que la Ley Orgánica de Municipalidades exige a los candidatos.

Todo esto ha sido posible porque tenemos todavía una cultura política autoritaria dominante en la mente de la mayoría de peruanas y peruanos. Esta cultura ve el abuso de poder como natural y no como algo que debe ser rechazado y castigado y que se resume en la frase “Roba, pero hace obra” con la que se juzga la gestión de los alcaldes corruptos. Esta cultura educa electores sumisos que buscan un salvador, un enviado desde lo alto a hacer milagros. Electores sumisos que no se ven iguales a los gobernantes, y que viven sometidos al destino, al racismo, al machismo que nos clasifican, nos separan y nos mantienen divididos en un proceso trunco de construcción de la nación. Cultura autoritaria alimentada por la Iglesia y el ejército y también por su supuesto cuestionador, el senderismo, que  buscaba implantar la dictadura del partido y de su caricatura de mesías. Cultura autoritaria que también preside los actos de la derecha bruta y achorada, que tiene el cuajo de calificar de “electarado” justamente a los sectores que a la hora de votar se atreven a ir contra la corriente de la sumisión al sistema de dominación de los déspotas.

Con la derrota del senderismo en 1992-93 y en medio del discurso antipartido del fujimorismo triunfante, reverdeció la esperanza de que las cosas podían mejorar, lo que se tradujo en la multiplicación de listas de candidatos en las elecciones municipales del 93 y del 95. Por ejemplo, en San Cristóbal de Raján, un pueblo de Ocros, en Ancash, donde no pudo haber elecciones en el 89 por el boicot senderista, se presentaron dos listas en las elecciones complementarias del 91, tres en el 93 y seis en el 95. En San Silvestre de Cochán en San Pablo, Cajamarca, hubo tres listas en el 89, seis en el 93 y nueve en el 95. En Tauripampa de Yauyos, Lima, pasaron de dos listas de candidatos en el 89 a cuatro listas en el 95. Tarucachi, un distrito de Tarata en Tacna, no tuvo elecciones en el 89. Había tenido cinco listas en las elecciones del 86 y cuando hubo condiciones para las elecciones en el 93 se presentaron nueve listas y diez en las elecciones del 95. Sin lugar a dudas ese fue un inicial fenómeno de ciudadanización en el campo, que se dio en plena dictadura, lo que no debe sorprender, pues este tipo de paradojas ya ocurrieron en el pasado: la reforma agraria la dictó el gobierno militar; el voto femenino fue concedido por la dictadura de Odría; el Seguro Social, fue creado por la de Benavides.

Por tanto, si la adhesión al sistema democrático es débil como lo prueban todos los estudios, si la vida política es casi inexistente en las aldeas, si la desconfianza en los partidos y el Parlamento es mayúscula, el que pequeños grupos de ciudadanos, casi al margen de los partidos existentes, decidan cuestionar la gestión de un alcalde, transmitir esos cuestionamientos al resto de sus vecinos, dedicar tiempo y dinero a juntar firmas usando argumentos (si buenos o malos es otro tema), para que finalmente todos decidan si ratifican o revocan a los elegidos ¿puede ser negativo para fortalecer la institucionalidad democrática?

Se ha dicho que son los malos perdedores los que forman los comités promotores de las revocatorias y que buscarían en la Consulta Popular una especie de segunda vuelta electoral. Al examinar el caso de los 239 alcaldes cuestionados en la Consulta del 2008 descubrí que 76 habían ganado a la segunda fuerza por menos del 2.5% de los votos válidos, lo que podría ser interpretado conforme a la hipótesis. Pero también queda claro que en el 68% de los casos no se puede asegurar que fueran los malos perdedores los que cuestionan al alcalde.

Muchos de los descontentos con la Consulta señalan que las firmas para solicitarla han sido obtenidas con engaños. “Hay personas que para hacer la revocatoria han dicho a los beneficiarios que si no firman les sacaban del Programa Juntos” (2) Pero las acusaciones contra los alcaldes son exactamente las mismas. En cualquier caso, los resultados de las seis Consultas realizadas hasta la fecha, demuestran que los electores toman distancia de los argumentos de los promotores y alcaldes y terminan revocando a algunos y ratificando a otros que fueron elegidos en la misma lista. Este hecho bastaría para destacar que se ha podido preservar el voto secreto y con él, el libre discernimiento del elector.

Otro hecho sólido y comprobable es que, a diferencia de las Elecciones Municipales, en las Consultas de Revocatoria nunca ha ocurrido un incidente violento como el asalto a locales de votación, quema de actas y material electoral o agresión al personal de los organismos electorales.

Finalmente, si se comparan los comportamientos electorales de los ciudadanos de los distritos en los que han ocurrido más de dos Consultas de Revocatoria (3), con los distritos de su entorno en los que nunca se la ha hecho, se tiene que, en cuanto a la asistencia de los ciudadanos el día de la votación, en los distritos con experiencia en Consultas fue de 88.2%  frente al 87% de asistencia promedio en los distritos en los que nunca se ha hecho. En los distritos con experiencia “revocadora” el voto válido llegó al 79.5% de los votos emitidos, frente al 73.8% de sus vecinos. En los distritos “revocadores” se presentaron en promedio 6.7 listas de candidatos, frente a las 5.2 listas que se presentaron en los distritos cercanos. Por último, en cuanto a la asistencia de personeros de las listas a la hora del escrutinio de los votos, en los distritos “revocadores” asistió el 57.9% de total posible, mientras que en sus vecinos estuvo presente el 55.1% de los personeros. Sólo en el promedio de asistencia de miembros de mesa es que los distritos sin experiencia de  Consultas superan a los de frecuentes Consultas: 83.1% contra el 75.9%.

¿Cómo es posible que los ciudadanos que supuestamente tienen más asumidas las reglas del comportamiento democrático, son prudentes y dejan actuar a los gobernantes sin cuestionarlos ni amenazarlos con echarlos antes de que cumplan su encargo, tengan menor nivel de participación política que la de los ciudadanos de los otros distritos en donde es frecuente la Consulta Popular de Revocatoria?

¿No sería más sensato otorgar el beneficio de la duda a este ejercicio democrático previsto en las reglas de juego y a las que se someten todos los que aspiran a ser alcaldes o regidores, y ver en él la oportunidad para iniciar el examen de las conductas de los políticos, para debatir sobre las políticas públicas necesarias para estos pueblos, para reivindicar (o, mejor, aprender a reconocerla) la soberanía popular, el derecho a la igualdad, al respeto a los planes y programas y, de paso, para bajar al llano a quienes se sienten predestinados a ser gobernantes?

Notas

1)    El nepotismo fue una forma corriente de gobernar en el Perú republicano hasta que fue frenado por la Ley contra el Nepotismo 26771 de abril de 1997, que apuntó en particular contra los alcaldes y que los pena con la vacancia del cargo.

2)    Programa Juntos. Certezas y malentendidos en torno a las transferencias condicionadas. Estudios de caso de seis distritos rurales del Perú. IEP, UNICEF, UNPFA, Lima marzo 2009, p. 84.

3)    Se han comparado los distritos de San Cristóbal de Raján, Atico, Lomas, La Florida, San Silvestre de Cochán, Paracas, Madeán, Tauripampa, Tarucachi y Curimaná con sus vecinos LLipa, Chala, Yauca, Calquis, Llapa, San Andrés, Zúñiga, Coayllo, Estique y Campoverde, respectivamente, y el comportamiento de sus ciudadanos en las Elecciones Municipales de 2010.