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Una publicación de la asociación SER

Las políticas de la etnicidad y el desarrollo

Empiezo esta columna con dos preguntas: ¿Qué significa reducir los derechos de las comunidades indígenas?[1] ¿Cuál es su relación con los procesos de desarrollo en el país? A propósito de las recientes reflexiones sobre los avances de las políticas en materia de pueblos indígenas en los procesos de Consulta Previa, pluralismo jurídico, adecuación cultural e interculturalidad del Estado en el actual gobierno.

Ad portas del censo de identificación de la población indígena en el país, es necesario subrayar que la identidad cultural -aún con su notoriedad en el Perú- se convierte con dificultad en un distintivo para el ejercicio de derechos, la articulación, la cohesión o el diseño de políticas. Esto ocurre porque muchas veces es parte de un estigma, o se vacía de contenido en el sentido común de la población para la que ser “cholo(a)”, ”indio(a)”, o “campesino(a)”, o heredar su tradición -por la matriz histórica colonial y jerarquizada de nuestra nación moderna- se convierte en motivo de ironía, burla, desprecio, minusvalía, o invisibilización, tanto en la esfera pública como en las políticas nacionales. Se ha mencionado que en el proceso de violencia política interna las principales víctimas fueron quechuas, asháninkas, entre otros, quienes siguen viviendo en un círculo de pobreza, violencia y marginalidad.

Para comprender cómo deberían funcionar las políticas públicas en relación a las diferencias culturales e identitarias marcadas, es necesario subrayar que todo proceso de desarrollo que implique la participación de pueblos o comunidades indígenas o que detenten rasgos identitarios, en educación, salud, medioambiente, y otros relacionados al desarrollo, deben ser consultados. Y tanto el Estado como la sociedad deberían garantizar que sea un eje transversal a todo el diseño de las políticas públicas y de la Política, tal como lo estableció el convenio 169 de la OIT, aunque no se han superado las dificultades para su implementación. Las políticas de etnicidad, como la interculturalidad, deberían ser transversales en el diseño de las políticas públicas[2]

Para Chatterjee[3], las políticas de la etnicidad y los nacionalismos surgen en espacios diferentes y con ello se refiere a los orígenes de las demandas de las diferencias identitarias que no son tomadas en cuenta por los Estados. Su oposición es equivalente a la distinción entre soberanía popular y la gubernamentalidad moderna, la que se inserta en los procesos históricos que marcan los contextos de subordinación, exclusión y jerarquización en las políticas de gobierno. Lo que lleva a su idea de que la democracia moderna es la de la división entre la política de los gobernantes y la de los gobernados ¿Cómo deberían funcionar en nuestro país? ¿Es suficiente el discurso oficial desde el gobierno para hablar de procesos de diálogo para el desarrollo? En realidad no, no lo es, pero eso es consecuencia de una gran miopía frente a las necesidades de una enorme pluriculturalidad y de las reivindicaciones de las identidades culturales en el país, (comunidades originarias, indígenas,  andinas, costeñas y amazónicas) que son consideradas accesorias o hasta arcaicas, sobre todo cuando entran en tensión con el denominado desarrollo que promueve procesos económicos asociados al crecimiento a ojos cerrados, pero que en la práctica -cuando no son consensuadas- atentan contra los derechos básicos de sus poblaciones[4].

La identidad y sus características étnicas se manifiestan en la existencia de indicadores de origen cultural, de pertenencia al grupo, origen histórico, conocimientos, universo simbólico compartido, formas de vida y representación en el entorno cultural y en el territorio. Sin embargo, también se expresa en las formas de jerarquización o de desigualdad dentro del Estado nación moderno que funcionan para el ejercicio de la política y la gubernamentalidad.

Las políticas de la etnicidad no deberían ser opuestas a las políticas nacionales, y ningún pueblo indígena o comunidad originaria debe renunciar o tolerar que le nieguen sus derechos. La idea fundamental es que estas deberían funcionar como parte de las políticas públicas que asumen la heterogeneidad, así como en las necesidades de las poblaciones, y se adapten a su contexto y realidad, marcando un ejercicio de ciudadanía diferenciada.

Existe una relación entre políticas de etnicidad que priorizan las necesidades derivadas de las diferencias culturales con sus diferentes conflictos y la voluntad política para implementarlas. Aún con los enormes esfuerzos que realizan las poblaciones indígenas, las comunidades, sus líderes y lideresas y autoridades, por visibilizar su problemática, éstas son insuficientemente atendidas. Pero, más allá de los criterios nacionales establecidos sin considerar las demandas locales o con un diseño previo “desarrollista” que se busca imponer, es urgente el rediseño de las políticas y de los criterios de autoidentificación para una verdadera consulta nacional que esperemos se realice en el caso del censo de poblaciones indígenas, y  que a su vez partan de la diversidad que presenta el Perú de todas las sangres.


[1]Se registraron antecedentes de ello en el caso Cañaris en Lambayeque, la comunidad Huaquirca en Apurímac, el cambio y recorte de la base de datos de pueblos indígenas y en los procesos de interpretación y aplicación de la Ley de Consulta Previa por parte del Estado.

[2]Correa, Norma. Interculturalidad y políticas públicas: una agenda al 2016. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social y Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011.

[3]Chatterjee, Partha La Nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Lima: IEP, CLACSO, SEPHIS, 2007 (Lecturas contemporáneas 6). 2007.

[4]A propósito del artículo de Daniel Sánchez Velásquez de la Defensoría del Pueblo en Ideele ¿Sabemos cuánta población indígena hay en el Perú? Se analiza y discute la validez de la pregunta de la autoidentificación para el censo en el país, que ha sido consensuada y utilizada en otros países de la región donde la incidencia de los movimientos indígenas y sus procesos políticos han determinado la visibilización de la pluriculturalidad. En este artículo también se enfatiza la necesidad de la participación de los propios pueblos indígenas y de procesos de sensibilización desde el Estado y las instituciones relacionadas a la temática. http://revistaideele.com/ideele/content/%C2%BFsabemos-cu%C3%A1nta-poblaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-hay-en-el-per%C3%BA. Es necesario precisar la importancia que ha tenido o tiene la antropología y la historia en el debate público en países como Bolivia, Ecuador y Colombia. Pero otra mirada desde lo no indígena lo constituye el gobierno de Obama que incorporó a jóvenes en equipos multidisciplinarios donde se incluyen antropólogos para el diseño de las políticas según la diversidad cultural.