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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Las paradojas del narcotráfico y la lucha mundial contra las drogas

Vamos a repasar las cinco grandes paradojas del narcotráfico y de las políticas sobre drogas que tendrán efectos en los próximos años, en lo que se refiere al caso peruano, pero tomando en cuenta los escenarios globales y regionales. Las políticas de Drogas están basadas en las 3 convenciones internacionales y en la ley penal que se aplica tan mal en todos los países, y en la que encontramos cinco cosas que parecen contrarias a la lógica. A pocos días de las Fiestas Patrias, nos toca repasar los impactos de estas cinco paradojas.

Una de las mayores paradojas es que el narcotráfico funciona bajo las variables tradicionales de la globalización y el libre mercado, en su escala y su operatividad cotidiana, pese a su ilegalidad, o mejor dicho, por ella misma. Un sistema internacional que se funda en la libertad de inversión, de defensa de la propiedad, del libre movimiento de bienes y servicios, pretende impedir el comercio de sustancias con carácter psicoactivo.

Es un sistema de oferta/demanda muy simple que funciona tanto en la chacra para la cosecha de los cultivos de coca, en las rutas cuando se usa cualquiera de los medios disponibles sin excepción, en los barrios donde funcionan las “ollas”, o en las cárceles. Hay 22 millones de personas que usan cocaína en el mundo, de ellas solo 5 millones pueden considerarse usuarios problemáticos. El resto, viven, trabajan y se desenvuelven regularmente. Esta demanda no es cubierta sino por la medicina tradicional con su abanico de fármacos y el narcotráfico a través de estimulantes como la cocaína.

De lado de la Oferta de coca/pasta/clorhidrato, somos tres los países andinos que rotamos los períodos de crecimiento de los cultivos, por ende el monto de hoja de coca seca. Esto ha determinado períodos de tiempo en la que entre Colombia y Perú se mueven los cultivos y la condición de primeros productores: hoy se estiman 159,000 has de coca en Colombia (2015), que representa un aumento del 42% de área cultivada, respecto de 2014. Aunque, desde inicios del siglo XXI, se logró reducirla, bajo el criterio de intensidad de la producción y transformación del alcaloide.

Los “carteles” mexicanos han encontrado la fórmula para distraer a la interdicción global: lo hacen de distinto modo. Elevan el nivel de productividad de los predios, y de la hoja de coca seca. Luego, en los Andes se producen poco más de 1,000 toneladas de cocaína, cada año se incautan más de 600 toneladas, pero las 400 que llegan al mercado se “cortan” (se mezclan) y volvemos al inicio; esto reproducido en términos de precios, pasa de US$ 800 (origen) a US$ 50,000 (destino) por la misma unidad de un kilo.

La segunda gran paradojaes que, mientras Colombia se apresta a implementar –el Estado y las FARC- la siguiente fase del desarme como parte de los acuerdos sobre drogas de mayo 2014, lo que implica el fin de un conflicto armado de 50 años, lo tiene que hacer enfrentándose a una peligrosa situación de crecimiento de la producción de coca y de cocaína, nunca antes vista en su historia reciente; parece volver el fantasma de la aspersión aérea de cultivos de coca suspendida un año atrás.

Ello sin duda, pondrá en tela de juicio las capacidades del Gobierno de Presidente Santos y de las FARC, de llevar adelante los acuerdos en este tema, en varios sentidos. Primero, las dudas por la viabilidad de conducir procesos sostenibles de sustitución de cultivos (economías ilícitas diríamos), la capacidad de las FARC de ordenar a todos sus Frentes –incluido en Orinoquia, Amazonia- a que acaben con su dependencia con el negocio ilícito. Luego tenemos la presencia de diversas y distintas BACRIMs en los territorios que vuelvan a vivir en normalidad. Ya el Alto Comisionado de DD.HH de la ONU, Al Hussein observaba recientemente, el incremento de violencia en zonas, por el control de los cultivos de coca.  

La tercera gran paradojacorresponde al gobierno del presidente Humala en el Perú (2011/2016). Se va un gobierno dizque “nacionalista”, que fue incapaz de producir políticas propias en materia de control de drogas, pese a contar con el voto de inmensos sectores campesinos de la Selva Alta. Durante su gestión y pese a ser militar peruano, permitió el fácil y permanente ingreso de tropas norteamericanas y mantuvo secuestrada la política de drogas desde el CORAH, DEVIDA y el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, la misma que lleva tres décadas y que ningún gobierno ha querido detener: desde Rodolfo Salinas (esposo de la señora Masías), Vega Llona, Rómulo Pizarro, la propia señora Masías y el Alberto Otárola.

Tras ocho meses de tímidos intentos de cambio, un débil Humala cedió ante su Premier Oscar Valdés y a la embajada de EE.UU el mantener intocable la política, el modelo AID, un modelo no replicable de desarrollo alternativo, con énfasis en lo penal, sin ninguna proporción: criminalización del cultivo, detención de personas hasta por quince días, una deformación en detener/corromper usuarios, debilidad en perseguir crimen organizado.

Para ello, le entregó la conducción de una cartera tan sensible –la presidencia de DEVIDA- a Carmen Masías de CEDRO, antigua funcionaria que replica las políticas tradicionales norteamericanas, mentalizada en el trabajo asistencial de una prevención poco afortunada y de un modelo de desarrollo alternativo en San Martín, que no ha podido ser replicado en otros sitios. Luego, se la encargó al hermano de Otárola, quien mantuvo la política en automático (preservar la cooperación y los viejos esquemas de desarrollo alternativo sin participación de la población, ausencia en el VRAEM), promoviendo solamente la desaparición física de cocales y dejando el Decreto legislativo 1241 y el Decreto Supremo 006-2016-IN. Su premio: el nombramiento en la JIFE

La cuarta gran paradoja es que durante muchos años, los reformistas pensábamos que los grandes cambios podían producirse mediante un nuevo consenso y una reforma del sistema internacional y de las Convenciones de 1961, 1971 y 1988. Los pobres resultados de la última Asamblea General Extraordinaria (UNGASS 19 al 21 de Abril), que solamente pudo producir un set de recomendaciones operacionales sobre el problema mundial de las drogas y su relación con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, nos permiten afirmar que los grandes cambios vendrán de la escala local. Es el caso de las consultas y peticiones populares en EE.UU que han permitido la creación de mercados regulados de cannabis. 

La quinta y última paradoja, se refiere a lo que se puede esperar en esta materia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en el terreno del manejo político, de los cambios en el enfoque, y del nivel de autonomía respecto de EE.UU. Estamos por ver la apuesta de Gino Costa en materia de seguridad ciudadana, pero ya en la ejecución del proceso de la transferencia de DEVIDA, vuelven a aparecer las manos de la señora Masías, ahora reforzada por Rubén Vargas, otro dilecto discípulo de Washington en Lima.