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Una publicación de la asociación SER

Las comunidades nativas de la selva central: actor ausente del proceso electoral

En teoría las comunidades nativas son grupos de origen tribal de la selva alta y la selva baja; están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, características culturales y sociales, tenencia y usufructo -común y permanente- de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Todo esto según una ley de hace 40 años, que fue una medida necesaria ya que buscaba su reconocimiento y protección; pero hasta hoy no ha cambiado su estado de vulnerabilidad.

Antes de la promulgación de tal ley, las comunidades nativas de la selva central dependieron de «sujetos o instituciones externas» para conseguir algunos derechos. Los primeros agrupamientos en el siglo XX se dieron en las misiones adventistas del Perené donde, además de la evangelización, recibían educación básica y atención médica. Asimismo a partir de la década de 1940 la compañía inglesa Peruvian Corporation, en vista de la invasión masiva por parte de colonos serranos en sus terrenos, permitió a las comunidades nativas acceder a terrenos para que defiendan y detengan estas olas invasivas; este es el caso de la comunidad nativa de Pampa Michi.

Décadas después, las comunidades nativas de la selva central lograron cierta independencia, manejando una agenda propia que se basaba en la tenencia y la legalidad territorial, además del acceso a mercados para vender su producción cafetalera. Esta experiencia fue asesorada muy de cerca por representantes de ONG quienes dieron herramientas de gestión y capacitación a los dirigentes comunales. Es en este periodo que los gobernantes locales comenzaron a apoyar algunos reclamos de estos grupos, aunque solo de manera declarativa.

En cuanto a la participación política y  el acceso a cargos públicos de los miembros de las Comunidades Nativas es nulo. La ley de cuota para poblaciones indígenas es simplemente un requisito para las organizaciones políticas que ubican a estos miembros en los últimos puestos de la lista de regidores o concejales regionales. Son muy pocos los casos en que personas con ascendencia indígena hayan ocupado un cargo a nivel local, y cuando lo han hecho pierden automáticamente la agenda pública reivindicativa de sus antepasados de las Comunidades Nativas.

Revisando los planes de gobierno de los movimientos regionales de Junín –que cada vez son más resumidos, y por ende, simples, sencillos y gaseosos─ que lideran la intención de voto se observa que no existe ninguna propuesta fundamentada para este grupo en estado de vulnerabilidad. En esa misma línea, los planes de gobierno de las principales agrupaciones que aspiran a las alcaldías provinciales de  Satipo y Chanchamayo, proponen en términos generales: la creación de una gerencia de comunidades nativas, la construcción o el mejoramiento en el servicio de agua potable y saneamiento básico, el involucramiento de las comunidades en los círculos turísticos locales, etc. Todas estas propuestas no son nuevas, y se repiten en cada campaña electoral. La propuesta de una gerencia nunca se ha cumplido; en el caso del agua potable y saneamiento básico se ha avanzado en las comunidades cercanas a los núcleos urbanos; y en cuento a la inserción de las comunidades en los círculos turísticos locales, se ha cumplido parcialmente en las fechas de festivales y feriados largos.

Muchas de las comunidades nativas dejaron la actividad agropecuaria, debido a la falta de capital y a la degradación de la tierra, y hoy orientan su economía a la artesanía y el turismo. Pero cabe decir que el posicionamiento de estos circuitos turísticos se debe a la alianza de éstas con empresas privadas que ofrecen bienes y servicios turísticos. Desde los gobiernos locales es muy poco lo que se ha hecho.