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Una publicación de la asociación SER
Antropóloga, docente de la UNMSM

Las Bambas: ¿Imponer la fuerza o agotar el diálogo?

Hace unos días el presidente de la Confiep, Roque Benavides, se dirigió a la opinión pública para hablar sobre el caso Las Bambas y el bloqueo de la carretera por miembros de la comunidad reubicada de Nueva Fuerabamba en el distrito de Challhuahuacho en protesta porque el gobierno convirtió ilegalmente una vía comunal que pasa por las tierras de cultivo en carretera, y en busca de un acuerdo con la empresa minera MMG Limited en compensación de las tierras que les fueron asignadas en el fundo Yavi Yavi, en el distrito cusqueño de Colquemarca.

Sobre el caso, Roque Benavides manifestó que frente a los conflictos y la tensión social el gobierno debía actuar con mayor firmeza, aunque las autoridades tuvieran miedo. Explicó que hasta el momento la gestión del gobierno de Vizcarra no había tenido ningún fallecido, así acotó: “se mueren de miedo, pero hay que imponer el imperio de la ley”. Esta frase, en el límite entre la legalidad y la imposición violenta, que alude al posible costo social del desarrollo, muestra la hegemonía de un grupo y de su modelo económico, que requiere de condiciones específicas para la extracción de minerales. Así, para imponer la ley precisa de un conjunto de dispositivos, herramientas, normas y conocimientos, que el Estado a través de la vigilancia, la fuerza y el control del territorio, utiliza “naturalmente” contra la población y a favor de las empresas.

Además, agregó que un bloqueo de carretera como el que se da contra Las Bambas, ocasiona que la mina más grande del Perú esté paralizada. Afirmó que hubo un acuerdo con la comunidad cuando Vizcarra era Ministro de Transportes, y que ésta dice que nunca se ha cumplido y que: “Bloquear una carretera es un delito, para mi o para el hombre más humilde de la comunidad Las Bambas[1]. Con ello parece reforzar la idea que los comuneros no tienen derecho a protestar por las ilegalidades cometidas por el Estado y/o la empresa, y que más bien es el gobierno quien debe poner mano dura con el ataque a quienes protestan porque la ley se aplica para todos por igual. Olvida cómo los sucesivos gobiernos han favorecido con sus decisiones legales el beneficio de los empresarios, así como sus intentos de evadir la ley con la reforma del Plan Nacional de Competitividad y Productividad en la estabilidad laboral de sus trabajadores, o la elusión tributaria, como han revelado recientemente los medios de comunicación.

El viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, por su parte, respondió a estas declaraciones, afirmando que el gobierno ha optado por agotar todos los mecanismos de prevención de conflictos. Además, enfatizó que no se quiere hacer el uso de la fuerza hasta agotar todas las formas de diálogo, y que en el caso de Fuerabamba había una mesa de negociación y posibilidad de un nuevo acuerdo porque había entrado el gobernador regional a intermediar con la comunidad[2]. Es importante la posición del funcionario porque sistemáticamente en los últimos años en lugar de cumplir con los acuerdos se ha visto una privatización de la política, y las puertas giratorias de los funcionarios del sector privado, especialmente minero y energético, tomando decisiones a su favor en el Estado, y con los gobiernos de turno.

Sin embargo, agregó que no permitirá el pago de compensación porque es una vía pública y que una operación policial sería demasiado costosa. Nuevamente se insiste en la invalidez de la demanda cuando debería tener cuidado con estas afirmaciones que no muestran la complejidad del problema de la carretera[3], conflicto que nace a partir de las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental.

Entonces en qué quedamos, cuál es la posición válida, ¿la visión empresarial o la del Estado?, ¿imponer la fuerza o agotar el diálogo? El problema es que no se está escuchando con atención a la población de las comunidades afectadas, en cada situación y demanda específica. Imponer la ley en este caso significa desconocer nuevamente el derecho de las comunidades a protestar por el uso de sus tierras, con consecuencias mayores si el conflicto se desborda. Pero para propiciar el diálogo también es necesario mirar hacia atrás y preguntarse ¿qué ha pasado con los mecanismos de organización, movilización, y articulación social? ¿Cómo han cambiado? ¿Cuál ha sido el papel del Estado y de las empresas en ello? y ¿Cómo recomponer el tejido social y la confianza para mejorar las condiciones para el diálogo? Sin responder ello, con acciones concretas, no será posible solucionar los temas referidos a la protesta y la tensión social en el caso del proyecto Las Bambas.

Todo esto ocurre además en el momento en que se reabre el juicio a los diecinueve comuneros que fueron detenidos en el campamento minero, de los cuales dos son acusados presuntamente -porque se cuestionan la forma en que fueron tomadas de las pruebas y su validez- de “actitud sospechosa” en la participación en las protestas del paro del año 2015 que derivó en el estado emergencia, primero en las provincias de Andahuaylas, Chincheros, Chumbivilcas, Cotabambas, Espinar y Grau, y posteriormente en el llamado “corredor minero” que une Apurimac, Cusco y Arequipa, y por lo que se les quiere imputar de 11 a 17 años de pena privativa de la libertad[4]. La población espera que se aplique la ley con justicia, y que se respete el principio de ciudadanía en el ejercicio de derechos. 

 

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[1] Roque Benavides pide al gobierno poner fuerza en el conflicto minero Las Bambas. El presidente de la Confiep dice que la gestión del presidente de miedo por algún fallecido en conflictos sociales https://redaccion.lamula.pe/2019/03/10/roque-benavides-conflictos-sociales-las-bambas-gobierno-martin-vizcarra-mineria/jorgepaucar/?fbclid=IwAR0FIiG9-tNpB8cKGcdo4S6kgY3ddGtxsNlFyvpbQF393rKHKHIqB-s65h8

[2] Viceministro de Gobernanza le responde a Roque Benavides sobre el conflicto Las Bambas. Raúl Molina explicó https://redaccion.lamula.pe/2019/03/10/conflictos-sociales-peru-viceministro-raul-molina-las-bambas-bloqueo-carretera/jorgepaucar/?fbclid=IwAR100LnnSQeSeUYC4HfLurygWCiujLz_Wo0LGu35c_aSCdLzNcZlh4xWuuI

[3] Al respecto hice un comentario y referencia en mi columna anterior

[4] http://www.aprodeh.org.pe/category/areas/desca/derechos-territoriales/?fbclid=IwAR1W2skkGhlPJ9v-HdvF7P9oLTdsqAaKSQJoACesCSAKN1Ps4KIGwAZvMVc