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Una publicación de la asociación SER

La urgencia de una ley de identidad de género

En los últimos dos meses, los peruanos hemos tenido que acudir dos veces a las urnas. Lo que es un deber cívico que puede resultar algo molesto por la desorganización en los locales de votación, para la población transgénero es una experiencia muy distinta. Mientras la ley de identidad de género espera hace dos años ser debatida en el Congreso, las personas trans siguen yendo a votar con documentos de identidad que no las representan y que las exponen a diversos tipos de violencia, como burlas sobre su apariencia, acoso sexual y hasta el impedimento de ingresar a su local de votación.

En el marco de las últimas elecciones presidenciales, el colectivo No Tengo Miedo junto a otras organizaciones LQTBIQ lanzaron el proyecto Voto Trans, el cual logró recoger 155 testimonios de personas trans y de género no binario en todo el país para conocer su experiencia electoral[1]. Casi un 26% de la población encuestada dijo haber sido víctima de violencia, acoso o discriminación en sus centros de votación. Se reportaron varios casos de personas a quienes se les exigió explicaciones sobre su identidad e incluso un intento de impugnación por parte de un miembro de mesa. Los datos recolectados demuestran que quienes más dificultaron el acceso al voto no solo fueron los miembros de mesa y personeros, sino también los agentes de seguridad (policías y Fuerzas Armadas), así como el personal de organismos electorales como la ONPE y el JNE.

Cuando tu DNI no te representa

Tener un DNI que nos identifique es un hecho dado por sentado por la mayoría de personas cisgénero[2] o por quienes expresan su género según las normas tradicionales impuestas. Sin embargo, en el Perú más del 10% de mujeres trans no tienen DNI y cuando lo tienen, éste no cuenta con nombres que reflejen su identidad de género[3]. No tener documentos de identidad que las representen no solo expone a las personas trans a ser discriminadas al momento de ir a votar, sino que significa un obstáculo en su vida cotidiana cuando buscan acceder a derechos básicos tales como salud, educación, vivienda y trabajo.

Hace tan solo dos años que en el Perú se aprobó la norma que permite solicitar el cambio de nombre y sexo en el DNI a través de la vía judicial. En la práctica, es un largo proceso burocrático que puede durar varios años y que implica altos costos económicos y emocionales. El número reducido de personas trans que han podido acceder a este proceso cuentan las diversas violencias que deben enfrentar al tener que validar su identidad presentando “pruebas” -exámenes psicológicos, tratamientos hormonales o cirugías de reasignación genital- ante un juez. Estos requerimientos no solo perpetúan la patologización de sus identidades, sino que continúan reduciendo las experiencias trans a las de un binario de género establecido por la norma.

El proyecto de ley presentado por las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave en 2016 propone que la adecuación registral de los documentos identificatorios (imagen, nombres y sexo), se realice a través de un proceso administrativo, sencillo y gratuito ante el RENIEC. Asimismo, no se exigiría ninguna constancia médica, como los requerimientos listados anteriormente, ni legal (estado civil y/o no tener hijos) como requisito para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas. De aprobarse, no solo se reduciría el estancamiento burocrático, sino que se facilitaría el acceso de muchas personas trans a servicios de salud integral, educación y empleo.  

La postergada ley de identidad de género en el Perú

Hace algunos meses, Chile se sumó a los cinco países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y México) que han aprobado legislaciones que reconocen la identidad de género. En el Perú, la propuesta de ley lleva dos años esperando ser discutida en las comisiones de Mujer y de Constitución, por culpa del conservadurismo religioso y judicial del Estado. Si bien su aprobación sería un primer e importante paso en el largo camino de reparación que le queda por recorrer al Estado ante las injusticias históricas perpetuadas en contra de la población trans, el estigma y la violencia continuarán si esta nueva ley no se aborda junto con una política de educación con enfoque de género y planes afirmativos orientados a atender las necesidades específicas de esta población.

Mientras seguimos esperando la aprobación de la ley y de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2021, es urgente que los organismos electorales estatales implementen estrategias de sensibilización dirigidas tanto a los miembros de mesa como a su personal. Además, deberán establecer canales efectivos de denuncia para garantizar un proceso verdaderamente democrático y libre de discriminación hacia todas las identidades. Como ciudadanos, es nuestro deber denunciar cualquier tipo de violencia, educarnos sobre las diversidades de género y apoyar la larga lucha de la comunidad trans por el reconocimiento y respeto de todos sus derechos.

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Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Andrea García. Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de mujeres jóvenes en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1] www.notengomiedo.pe/vototrans2016

[2] Personas cuya autopercepción del género encaja con el sexo asignado al nacer.

[3] La identidad de género se refiere a vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.