Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

La salud es un derecho, el seguro privado un privilegio

Camila Gianella

Hace pocas semanas presentó su renuncia la Ministra de Cultura Sonia Guillén, tras la denuncia por los contratos y montos pagados a Richard Cisneros –más conocido como “Richard Swing”- . Sin duda el caso del señor Cisneros es grave, sin embargo, llama la atención que fue este caso y no las semanas de reclamos y pedidos hechos por los pueblos indígenas amazónicos por la inacción del Ministerio de Cultura frente a la situación del Covid-19, lo que causó la renuncia de la ministra.  El número de infectados, las muertes y el miedo de los pueblos indígenas no causaron el mismo efecto en los medios de comunicación, el Congreso de la República, o el Poder Ejecutivo que el caso de “Richard Swing”. En nuestro país, pese a los años, compromisos y discursos reconociendo la interculturalidad, el multilingüismo, la diversidad cultural y étnica, etc., el costo político para el Estado es mínimo cuando este es negligente con algunos sectores de la población, como los pueblos indígenas amazónicos.

Hemos normalizado como sociedad que las personas que utilizan los hospitales públicos compren sus medicamentos. Tenemos tan internalizado nuestro mal llamado derecho a comprar servicios de salud que frente a la imagen de personas haciendo cola por oxígeno o buscando medicinas en farmacias privadas -con recetas de hospitales públicos-, lo primero que se pide es la regulación de precios.  Sin duda es terrible que comerciantes y empresarios estén sacando provecho de una situación como la del Covid-19, y ciertamente en el Perú los medicamentos son tan caros que su precios debería tener algún tipo de regulación; pero lo que no es normal es que las personas que tienen a sus familiares hospitalizados en establecimientos de salud públicos tengan que comprar sus medicamentos en la calle a privados.

De acuerdo a datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), el 60% de la población está asegurada por el Seguro Integral de Salud (SIS), es decir, sólo tienen acceso a este tipo de seguro establecido por el Estado. El 31% cuenta con otros seguros públicos: Essalud o los regímenes de las Fuerzas Armadas y Policiales, que, a diferencia del SIS, sí permiten que sus asegurados cuenten con otros seguros (EPSs, seguros y autoseguros, por ejemplo). En términos numéricos, ello significa que 27,831,343 peruanos y peruanas cuentan con un sólo seguro de salud público, que es para la gran mayoría el SIS (20,518,839), seguido por Essalud y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por otro lado, el 9% de la población tiene acceso a seguros privados que pagan de sus bolsillos, o como los congresistas y otros altos funcionarios públicos, tienen empleadores que se los pagan.  Si bien solo una minoría de peruanos depende de un seguro privado de salud, y dentro de este grupo hay algunos que están en situación de riesgo, pues dependen exclusivamente de estos seguros privados (hay que recordar que muchos tienen acceso a seguros públicos como Essalud o seguros de las FFAA y policiales), al Estado no le ha salido igual de barata su negligencia con el grupo de usuarios de clínicas y seguros privados de salud, a diferencia de lo ocurrido con los indígenas amazónicos o los asegurados del SIS en ciudades como Lima que deben lidiar con un sistema colapsado.

En efecto, ante las denuncias por cobros considerados excesivos de parte de clínicas y seguros privados de salud derivados de atenciones relacionadas al COVID-19, rápidamente se movilizó parte de la opinión pública y algunos parlamentarios (que están negociando un mejor seguro privado de salud), ejerciendo tal presión que Susalud anunció una acción fiscalizadora en 48 Clínicas Privadas (la mayoría en Lima). Es decir, para este grupo de personas que acudió a una clínica particular, no fue necesario como en el caso de los pueblos indígenas, ir a las Naciones Unidas, ni comenzar a ver cómo sus líderes morían a causa del Covid-19.

Por supuesto, las clínicas y los seguros privados de salud deben ser fiscalizadas y se deben evitar los abusos. No obstante, resulta sorprendente, y es una muestra de lo fragmentados que estamos como sociedad, que existan consumidores que planteen en medio de la pandemia del COVID-19 su derecho a un seguro de salud privado accesible.  Aunque este grupo de consumidores tiene demandas válidas, no deja de llamar la atención que un pronunciamiento que lleva por título Por el derecho a la salud y por un Estado que lo garantice”, se centre en las reivindicaciones de usuarios de seguros privados y clínicas privadas -que además de ser una minoría, es en su mayor parte una minoría privilegiada de los peruanos y peruanas- y excluya cualquier mención al rol del Estado de proteger los derechos de la mayoría de peruanos y peruanas que no tienen acceso a clínicas ni seguros privados, y no tienen más alternativa que pagar por medicamentos, sábanas, jabón, hojas para las historias clínicas y oxígeno en hospitales públicos.

El pronunciamiento sólo hace una mención a la tarifa que cobran las clínicas privadas a Essalud y al SIS por los pacientes que derivan (que es una pequeña minoría de los casos), lo que se realiza en el marco de la compra de servicios de salud a entidades privadas. Desconozco las razones que han llevado a este grupo de personas a priorizar, entre todos los serios problemas de salud, a los que afectan a una minoría de la población y no cuestiono la validez del reclamo. Pero al mismo tiempo creo que si la pandemia del COVID-19 no nos hace reflexionar sobre la estructura excluyente de nuestro sistema de salud ni nos hace ver de manera crítica nuestros privilegios (como poder acceder a seguros privados cuando tenemos a Essalud), continuaremos contando con servicios públicos diseñados para brindar lo mínimo y seguiremos presionando al Estado desde nuestra posición privilegiada, para que responda a nuestros problemas de salud.

Cuando el 60% de la población que depende del SIS tiene que usar servicios de salud públicos desabastecidos, colapsados o en camino a colapsar, que además son para muchos inaccesibles geográficamente, es necesario preguntarse ¿dónde debería estar Susalud? y ¿qué deberíamos estar reclamando?