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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

La restauración ambiental no funciona sin voluntad política

Foto Thomas Muller (SPDA)

La degradación de tierras en el Perú constituye un grave problema cuya atención debiera ser prioritaria. Factores como el cambio de uso que conduce a la deforestación, la desertificación, la ampliación de la frontera agrícola, las malas prácticas agropecuarias, la propagación de la minería ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, generan pérdidas drásticas de la capacidad productiva de los ecosistemas, afectando severamente la economía nacional y local, así como las condiciones para un desarrollo con inclusión y equidad. Según la Evaluación mundial de la degradación de la tierra y manejo sostenible (GLADA), sólo entre 1981 y el 2003 en el Perú se degradaron más de 19 millones de hectáreas (15% del territorio nacional), con un promedio de 4,5% anual, afectando al 11% de la población del país. Con ese ese ritmo al año 2100 casi un 40% del territorio nacional estará degradado, involucrando al 88% de la población, al 30% de la PEA, y a casi la totalidad de actividades mineras e industriales (MINAM, 2014).

Una parte significativa de esos territorios degradados corresponde a áreas deforestadas que suman unas 10 millones de hectáreas, a una tasa anual no menor de 118,000 hectáreas en la Amazonía, entre el 2001 y el 2014. Más del 50% de la deforestación ha tenido lugar en zonas de vocación forestal de protección y sin autorización de retiro de su cobertura arbórea (MINAM-PNCB). Según la Dirección Ejecutiva de SERFOR, la tasa actual de deforestación entre 2016-2018 sumó más de 320,000 hectáreas, cifra que se incrementa en otras fuentes de información, y que no incluye la tala forestal en los bosques estacionalmente secos del norte, con unas 20,000 hectáreas deforestadas por año y con el triste saldo de no más de 10% del bosque total existente (Mongabay latam), ni la situación de los bosques nativos andinos en muchos casos reducidos a la situación de relictos boscosos.

Frente a esta realidad, se vienen desarrollando iniciativas de restauración y de rehabilitación de paisajes, ecosistemas y suelos degradados tanto de vocación forestal como agrícola, ganadera, humedales, ríos, lagunas, lagos y otros cuerpos de agua. En ese esfuerzo, los días 5 y 6 de noviembre del presente año se realizó el II Simposio peruano de restauración de ecosistemas forestales amazónicos, andinos y costeros, organizado por SERFOR y un conjunto de instituciones nacionales e internacionales, en el cual se compartieron una variedad de importantes proyectos que muestran que las capacidades técnicas están a la altura de contribuir a revertir el deterioro ambiental. Las experiencias compartidas como las de restauración ecológica de paisajes, manejo de bosques comunales, instrumentos de evaluación participativa, recuperación de suelos afectados por minería aluvial y otras actividades extractivas, reforestación con especies nativas, recuperación de pastizales altoandinos, regeneración natural de sistemas agroforestales, restauración en áreas de grandes obras hidroeléctricas, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, uso de aguas residuales para reforestación, gestión de riesgos de desastres, así como varios aportes organizacionales, institucionales metodológicos, e instrumentales para los procesos de restauración.

La mayoría de las iniciativas compartidas son de carácter piloto o experimentales, lo cual implica la necesidad de una validación en espacios acotados según la naturaleza y capacidad presupuestal de las entidades promotoras. Se puede decir que técnicamente los proyectos han mostrado resultados favorables, a la par que algunas preocupaciones a considerar si se trata de trascender hacia proyectos de envergadura territorial que hagan frente a la creciente degradación de los ecosistemas. Aspectos claves como los costos de las acciones de restauración (un promedio de 2,500 dólares por hectárea), los beneficios económicos y otros estímulos que pueden obtener quienes participen de la restauración, los derechos de propiedad y zonificación, la revaloración y aprovechamiento del conocimiento local, el manejo y disponibilidad de semillas, el conocimiento adecuado del comportamiento de los ecosistemas y sus diversos biotopos. A ello hay que añadir las percepciones de las poblaciones locales para aceptar las propuestas de restauración (valoración de la biodiversidad, captura de carbono, lucha contra el cambio climático, el interés y prioridad de especies nativas, entre otros), frente a las estrategias de generación de medios de vida de la gran mayoría de hombres y mujeres rurales, donde predomina el corto plazo debido a la desconfianza frente a los gobiernos que escasamente han invertido o priorizado en la solución a la problemática de la degradación ambiental.

Desde ese contexto y aprovechando lo valioso de los aportes compartidos, el evento realizado permite reiterar algunos desafíos:

1.   La restauración de ecosistemas y áreas degradadas requiere la mayor voluntad de los actores principalmente públicos a todo nivel, de lo contrario nos quedaremos en experiencias piloto. Políticas de incentivos diferenciados, créditos adecuados, promoción y extensión técnica y social, entre otros, son fundamentales.

2.   La restauración como un interés y compromiso de todos los actores, sectores y disciplinas. La sostenibilidad de las acciones debiera considerar las prácticas que desarrollan las comunidades locales construyendo un diálogo entre saberes y técnicas adoptadas y adaptadas.

3.   Las propuestas de restauración deben formar parte efectiva de los instrumentos de planificación territorial, incluyendo planes de ordenamiento, de desarrollo concertado y presupuesto participativo. Sin visión de territorio no se puede aprovechar óptimamente las técnicas validadas ni que sean el sustento de políticas públicas.

4.   Las contribuciones identificadas y compartidas debieran formar parte de mecanismos de gestión de conocimiento que incluyen la sistematización, información e intercambio. Un medio para lograrlo es la plausible iniciativa de conformación de un grupo impulsor de la Red Peruana de Restauración, que requerirá de soporte de las diversas instituciones involucradas.

5.   Un tema crucial es darle salida legal y operativa al programa nacional de restauración de ecosistemas y tierras degradadas (PROREST), compromiso público que surgió hace algunos años y que no ha logrado el soporte político necesario. Los proyectos de inversión pública relacionados con estas acciones en los últimos 5 años suman más de 600 millones de soles, de los cuales poco se conocen sus resultados. PROREST debería articular y optimizar esos esfuerzos. O, en todo caso que se señalen otros mecanismos que reúnan el consenso de actores institucionales.

Terminando, una gran tarea de motivación e incidencia debería ser la visibilización de todo lo que se pierde en la producción de bienes y servicios como consecuencia de la degradación de ecosistemas, y con ello cuánto se reducen las oportunidades para generar medios de vida y salir de la pobreza. Y por el contrario, mostremos las implicancias positivas que implica la restauración en el contexto de desarrollo nacional y territorial expuesto. Y, lo más importante, como expresión de responsabilidad y conciencia ciudadana, gubernamental y empresarial vale resaltar una frase surgida del Simposio: “Hay que conservar para no tener que restaurar. Ojala a futuro no haya tantos médicos curadores de la naturaleza. Más inversión en conservar que en restaurar”.