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Una publicación de la asociación SER

La propiedad superficial: conflicto desigual

Uno de los conflictos frecuentes entre las empresas mineras y las comunidades es por la propiedad  superficial donde se desarrollan los proyectos mineros. El Estado con la concesión solo les da a los titulares mineros el derecho a explotar el recurso, pero las empresas tienen que adquirir la propiedad donde pretenden realizar tal actividad.  Ello genera las primeras tensiones entre estos dos actores, pues la empresa buscará adquirir territorios que normalmente están ocupados por población que vive allí ancestralmente.  

Pero claro, aunque la comunidad o el poblador decidan resistirse a transferir sus territorios, lo cierto y real es que la empresa siempre termina logrando su objetivo. Pocos saben que esto es posible porque la ley misma les ha dado a las mineras ‘la sartén’ y a la población nos dejó con el ‘mango’. 

En efecto, el Decreto Supremo N° 017-96-AG establece en su art. 1 que la adquisición de tierras para el ejercicio de actividades mineras se puede hacer mediante dos formas: el acuerdo previo con el propietario de las tierras (o sea, una compra-venta), o mediante la ejecución de un procedimiento de servidumbre minera (una suerte de expropiación por vía administrativa). En concreto, el propietario de un territorio donde se va a realizar minería no tiene opción, de cualquier forma tendrá que ceder sus tierras.

Es verdad que hasta el momento se registran escasos casos de aplicación de servidumbre y que las empresas privilegian el acuerdo previo. Sin embargo, hay que visibilizar que el acuerdo para la compra-venta es un acto viciado con una serie de mecanismos de amenaza, presión y, en última instancia, abuso. A partir de esta norma las empresas entran a negociar con ventaja pues informan expresamente que de no prosperar esto tienen expedita la vía de servidumbre o expropiación. 

De otro lado, los precios por los que se transfieren las propiedades no están regidos por la ley del mercado sino por el precio que el concesionario ofrece en su postura ventajosa. Finalmente, para las comunidades o pobladores, tras verse forzados a vender, viene el inminente desplazamiento, el cual se se ha caracterizado por usar los métodos menos sutiles (lo usual es el desalojo violento con fuerzas de seguridad). 

Así sucedió en Combayo, en 1994, y se ha vuelto a repetir en Conga, en el 2012, con la familia Chaupe. Esto nos ha vuelto a recordar no solo la problemática de la concesión y transferencia de tierras para uso minero, sino el abuso de poder por parte de las empresas y sobre las que el Estado no tiene el mínimo control.