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Una publicación de la asociación SER

La paz como objetivo de desarrollo sostenible

Hace unos días, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Parte sustancial de esta agenda la constituyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que orientaron los esfuerzos de la comunidad internacional en los últimos 15 años. Para algunos críticos, la nueva relación de objetivos es demasiado larga y no precisa unas pocas prioridades. En cualquier caso, la forma de alcanzar estas metas formará parte de la agenda nacional en los siguientes años.

Me interesa comentar el objetivo 16 que lleva como título “Paz, justicia e instituciones fuertes”, y que es formulado así: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

En un mundo azotado por guerras crueles, se entiende que el logro de la paz constituya un propósito universal. Lo interesante de la formulación es que este objetivo no se reduce solamente a la desaparición de conflictos violentos, sino que está fuertemente asociado a la superación de toda forma de discriminación y al fortalecimiento de instituciones que dialoguen con y respondan a los ciudadanos y ciudadanas de sus respectivos países.

Para mayor detalle, hay dos metas directamente relacionadas con la reducción de la conflictividad, las mismas que pueden aplicarse claramente a nuestro contexto. Las comento a continuación.

Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. Mientras escribo estas líneas, los medios informan de dos personas fallecidas en enfrentamientos en la zona del proyecto minero Las Bambas. Estas muertes se suman al elevado número de pérdidas humanas en situaciones de conflictividad social en los últimos tres gobiernos, con el agravante que estas ocurrieron durante la vigencia de gobiernos democráticos. Es cierto que no hablamos de las escalofriantes cifras de las zonas “calientes” del mundo, pero son muertes que pueden y deben evitarse.

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Desde los trágicos eventos de Ilave,en el año 2003, el Estado peruano ha desarrollado diversas formas de seguimiento e intervención en conflictos sociales, desde los iniciales reportes de la Defensoría del Pueblo, en cuya concepción estuve directamente involucrado, hasta la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. El crecimiento numérico de casos no es necesariamente un indicador de empeoramiento, pero al no ser adecuadamente atendidos, los conflictos dejan secuelas negativas (muertos y heridos, ingobernabilidad, daño a las inversiones). De allí que el fortalecimiento de la capacidad estatal en este campo constituye una tarea imprescindible. Esta tendrá que asumir un enfoque adecuado. No basta multiplicar las instancias de diálogo: Sin impacto en el diseño de políticas públicas, como he comentado en un artículo anterior, la atención de conflictos será una repetición sin aprendizajes.

Queda claro que la paz constituye un objetivo relevante para el Perú. Así lo confirma, por ejemplo, la medición del Índice de Paz Global, que en su reporte 2015, ubica al Perú en el puesto 92 de 162 países evaluados. Este índice se construye sobre la base de 23 indicadores agrupados en tres dominios. En una escala de 1 (situación más óptima) al 5 (situación menos óptima), el Perú obtiene resultados aceptables – siempre mejorables – en los dominios “conflictos domésticos e internacionales en curso” (1.4) y “militarización del país” (1.7). La evaluación es apenas regular en el dominio “nivel de armonía o discordia en la nación” (2.7).

De cara a la implementación de esta agenda global en el Perú, se impone una discusión seria sobre la forma de implementar mecanismos institucionales más eficaces para que el manejo de los conflictos contribuya a una sociedad pacificada.

 

Post scriptumLa semana pasada, las delegaciones del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC-EP suscribieron en La Habana el acuerdo sobre el marco de justicia transicional que será empleado para rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado que viven nuestros vecinos desde hace más de 50 años. No es este el espacio para explicar el esquema acordado, pero estoy convencido de que constituye un paso fundamental hacia el propósito de alcanzar la paz. No es aún el acuerdo final, pero considerando que este era visto como uno de los escollos principales, su superación acerca definitivamente el final del proceso. Se trata de un motivo para esperar con mucha expectativa ese día, que ahora se sabe no está muy lejano, en que se iniciará la construcción de la tan ansiada paz para la querida tierra colombiana.