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Una publicación de la asociación SER

La pandemia; nueva amenaza a las reglas ambientales

Tania Ramírez. Socióloga e integrante de Eco- Razonar.

La crisis sanitaria del COVID-19 ha forzado el confinamiento de alrededor de la mitad de la población mundial. En una economía globalizada, esto ha reducido los niveles de producción y consumo por la interrupción de las cadenas de suministro. Según la OIT, durante el primer trimestre del 2020, se perderían 200 millones de empleos en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, más de 16 millones de personas han quedado desempleadas en las tres últimas semanas.

Sin duda, reactivar la economía será una prioridad cuando haya pasado el pico de la crisis sanitaria. Sin embargo, es necesario discutir qué criterios marcarán la pauta de esa reactivación, a quién beneficiará y a costa de qué. Anteriores crisis nos han demostrado que, en condiciones de declive económico, la acumulación de capital no solo se apoya en lobbies que buscan atropellar los derechos laborales, sino también en un flanco que busca flexibilizar las reglas ambientales que en muchos países se enmarca en una institucionalidad en construcción.

Así, los planes para reactivar la economía golpeada por el Covid-19 amenazan las frágiles y limitadas reglas ambientales. En EE. UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció el 26 de marzo que relajaría las obligaciones ambientales habilitando a empresas con alto impacto ambiental como industrias y plantas energéticas a determinar de manera unilateral si podrán cumplir con el requerimiento de reportar sus niveles de contaminación del aire y agua. Incluso en los casos que excedan los límites máximos permisibles, la EPA se exime de aplicar sanciones si las empresas documentan que la causa de su incumplimiento está relacionada al coronavirus.

En China, el confinamiento produjo la reducción del 25% de las emisiones de carbono y un aumento del 11.4% de los días con una “buena calidad de aire” respecto a los registros del año pasado en 337 ciudades. Sin embargo, el gobierno chino tampoco es ajeno a relajar compromisos ambientales. Por ejemplo, ya ha anunciado la posibilidad de posponer la implementación del nuevo estándar de emisiones contaminantes para la industria automotriz (Nacional VI) contemplada para el primero de julio de este año. Esta medida equivale a una reducción de contaminantes como los óxidos de nitrógeno, amoniaco y micro particulado.

En Brasil, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) anunció que las medidas de confinamiento han comprometido la capacidad de movilizar a supervisores de campo cuyo rol es detectar delitos ambientales que comprometen la Amazonía como la deforestación. Cabe señalar que el trabajo de esta agencia ya venía golpeada por recortes de presupuesto y personal bajo el gobierno del negacionista Jair Bolsonaro quien, solo en el primer año de gobierno, redujo en 23% el presupuesto destinado al control y la prevención de incendios forestales.

En un escenario de pandemias, la posibilidad de que los lobbies logren relajar reglas ambientales se torna aún más peligrosa. Como ya se ha señalado por los epidemiólogos, si bien un virus no discrimina organismos sí opera sobre vulnerabilidades previas. Por ejemplo, un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizó el vínculo entre la exposición de largo plazo a micro particulado (PM 2.5) y el riesgo de morir por COVID- 19 en Estados Unidos. El estudio concluyó que una persona que habita una región con altos niveles de contaminación tiene 15% más probabilidades de morir por COVID-19 que una persona que habita en regiones con poca contaminación (un microgramo por metro cúbico). Por ello, los investigadores recomiendan reforzar los controles para prevenir la contaminación durante y luego de la mitigación de la pandemia.

En el Perú se registran muchos casos de comunidades rurales y urbanas, como Pasco en la sierra central o el distrito de Mi Perú en el Callao, que soportan tanto niveles elevados de contaminación del aire como ausencia de provisión de agua segura. Además, existen antecedentes de flexibilización de reglas ambientales y amenazas a la autonomía y sostenibilidad del financiamiento de organismos públicos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). A la fecha, OEFA ha anunciado la postergación- hasta el término del estado de emergencia- del aporte por regulación, a pesar de ser su principal fuente de ingresos.

Hemos hecho un repaso de las implicancias negativas que las economías golpeadas por la pandemia están teniendo o pueden tener sobre las reglas ambientales de una institucionalidad en construcción -como la nuestra- o debilitada por gobernantes negacionistas como en los casos de Brasil y Estados Unidos. Como ciudadanía, urge mantenernos vigilantes para que los planes de reactivación económica no profundicen un modelo de precarización laboral y destrucción ambiental en detrimento de la salud de las mayorías.  

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Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Tania Ramírez. Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de mujeres jóvenes en el análisis de la política nacional e internacional.