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Una publicación de la asociación SER

La otra TV basura

En las últimas semanas se ha debatido intensamente sobre el contenido de los programas televisivos en el Perú. La imagen, poderosa, es que la oferta en la programación nacional presenta una gran cantidad de contenido que podría considerarse “basura”. No solo por su mediocridad y pobre contenido, sino, además, por el efecto nocivo que se asume que este tipo de programación tiene en los televidentes, especialmente en los infantes y adolescentes. Las trincheras en esta discusión parecen polarizadas entre la necesidad de intervención en este tipo de contenidos, por un lado, y la libertad de expresión y elección del consumidor, por el otro. Para unos, el Estado debe regular y procurar una oferta más variada (y edificante); para otros, el responsable es el consumidor que tiene “el poder del control remoto”, pues los productores se basan en sus preferencias para desarrollar esos contenidos. Sin embargo, no es mi interés centrarme en este escenario. Quisiera traer, en cambio, una reflexión respecto a los medios de comunicación locales, a partir de algunos trabajos que he desarrollado y de entrevistas y conversaciones con periodistas locales, así como con autoridades regionales.

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En varias regiones, la televisión local ha ido transformándose con el paso de los años. Los canales formados a la imagen de las empresas de comunicación limeñas existen, pero son minoría. En la mayor parte de casos, no podemos hablar de una corporación periodística o de una empresa televisiva en el sentido estricto del término. Por el contrario, los canales de televisión locales suelen ser empresas que usan su señal para arrendar espacios por horas. La dinámica es bastante perversa. Un “director” periodístico, que generalmente hace las veces de conductor, contrata un espacio dentro de estos canales. El dinero, propio o de algún actor interesado, financia el tiempo que este periodista usará para expresar la propaganda más zalamera o la oposición más ácida a una determinada institución, un determinado político, o interés particular. El resultado es una programación en la que las producciones que deberían informar sobre los sucesos más importantes de la región (y el país) están copados por periodistas que han sido “colocados” por grupos determinados o que han invertido dinero en los 45 minutos de señal abierta para atacar a su presa, hasta que esta opte por sobornarlos o por darles publicidad directa. No en pocas oportunidades, la víctima de sus ataques termina contratando a otro periodista, bajo la misma dinámica, para que los defienda.

Se podría decir que esta es una situación “regular” que ha formado parte de la prensa regional desde que la radio era el único espacio de comunicación que, hasta hoy, es capaz de llegar hasta los rincones más recónditos de las regiones. ¿De dónde, sino, saldría un personaje tan emblemático y truhán como El Sinchi, de Vargas Llosa? Es verdad. Sin embargo, esta situación se ha agudizado en la última década por dos razones muy puntuales. La primera, el “descubrimiento” del potencial de la señal UHF y la proliferación de canales en señal abierta, hasta cierto punto, como respuesta a la chata y repetitiva programación nacional. Originalmente estos canales tenían como estrategia el llenar su parrilla con los más recientes estrenos del cine, evidentemente reproducidos desde un DVD pirata, para captar la atención de los televidentes y vender espacios publicitarios para negocios locales. Luego, esta dinámica fue complementada con publirreportajes y programas de entretenimiento financiados o contratados por negocios locales.

La segunda razón, que parece haber modificado radicalmente el escenario original, fue la introducción de recursos económicos en la arena subnacional. Por un lado, la creación de nuevos niveles de gobierno, con la descentralización y el ingreso de recursos provenientes de diferentes tipos de canon, convirtieron a los funcionarios públicos y las autoridades electas en una presa apetitosa a la que extraer tanto publicidad como sobornos. Por otro lado, en algunas regiones, la introducción y el crecimiento de actividades ilícitas, como la tala ilegal y el narcotráfico, entre otras, han generado que esta dinámica se haga más violenta y potencialmente nociva para el quehacer democrático. Este tipo de televisión basura es la que, a mi juicio, debería preocuparnos muchísimo más que el contenido mediocre y, a mi juicio, denigrante de determinados programas de entretenimiento. No quiero decir que dejemos de preocuparnos por estos, sino que, si queremos establecer un orden de prioridades, nos urge mirar más allá de Lima –tanto desde Lima como desde las diferentes regiones- y concentrarnos en un tema que merece ser, por lo menos, discutido, por las implicancias que tiene para el país, como argumentaré al final. Por ahora, quisiera concentrarme en ofrecer dos ejemplos que resaltan las diferentes expresiones de este fenómeno.

En Cusco, uno puede encontrar una decena de canales con un promedio de cinco programas periodísticos (de opinión) diarios, cada uno. Esta dinámica hace que cada que termina un programa, prácticamente, empiece otro, con un contenido similar pero, normalmente, una orientación diferente, cuando no contradictoria. Esto podría ser visto como una virtud, propia de una prensa imparcial y plural. Sin embargo, la razón por la que observamos estos fenómenos es más bien preocupante. En gran parte de estos canales no existe más línea editorial que la definida por quién paga a quién, y cuánto.  Pero ahí no queda el problema. Lo que se genera de estas relaciones es un escenario, que, particularmente en tiempos electorales o en momentos clave para las licitaciones públicas, tiende a polarizarse y hacerse sumamente violento. En Loreto, por poner otro ejemplo, la campaña entre Iván Vásquez y Fernando Meléndez por el gobierno regional es, quizás, el exponente más radical. En ella, los periodistas de ambos bandos, los militantes y hasta los candidatos se atacaron a un punto realmente extremo (1). El grado de vileza en los ataques puede parecer “normal” en una campaña política, pero hay un problema intrínseco si en medio de esta dinámica televisada se utilizan insultos, calumnias y hasta recursos poco ortodoxos (como videos pornográficos) para desprestigiar al rival.

Por si fuera poco, el problema alcanza todavía un nivel más de preocupación. Hay otros ejemplos como el de Loreto, donde no solamente existen intereses en la publicidad o en la recepción de sumas de dinero de las autoridades. En casos como este, intereses empresariales locales y, en el peor de los escenarios, intereses ilegales invierten en canales, prensa escrita y radial para favorecer sus intereses, usando los medios como espacios de propaganda (anti)política y de acusación, justificada o no, contra autoridades que son contrarias a sus intereses o que benefician intereses diferentes a los suyos. En estos casos, la cooptación de periodistas no es suficiente y la dinámica llega al extremo de alquilar o comprar medios enteros, para sacar periodistas incómodos o controlar los contenidos de manera directa.

Las consecuencias del fenómeno que acabo de describir no solo son nocivas para la sociedad por el nivel de violencia y denigración humana al que pueden llegar. En términos políticos, esta dinámica es una grave amenaza para la gobernabilidad y, en el peor de los casos, una puerta de entrada a la violencia y el declive de la ya bastante precaria representación política. Aunque muchos de estos periodistas  clamen, demagógicamente, ser la voz de pueblo, esta es la última voz que cuenta entre sus prioridades. Lo que se observa es el privilegio de intereses políticos y económicos particulares, cuando no ilegales, por el financiamiento de grupos afines a la tala o la minería ilegal, el narcotráfico, etc. Los medios que, en un contexto de baja institucionalidad, deberían servir como contrapeso a la corrupción y las violaciones de diversos derechos, como sugería Guillermo O’Donnell, sirven solamente para favorecer intereses particulares a cualquier costo. Y con “cualquier costo” me refiero a la destitución efectiva de autoridades, cuando estas dejan de responder a los intereses de estos “mercaderes/periodistas” o de sus financistas. Es común escuchar sobre periodistas que, en varias regiones, se jactan de “poner y sacar” autoridades a discreción. En términos sociales, esta dinámica se permea a otras arenas. Algunas universidades, colegios, y hasta negocios locales son abordados con el mismo modus operandi hasta que inviertan en publicidad o los adulen, con diferentes medios.

 

(1)   Déjenme citar textualmente una intervención que dentro y fuera de contexto es igual de repulsiva y chocante. Dice un periodista loretano, con total desfachatez, en un horario de protección al menor: “Mira, yo no soy maricón. Tráela a tu mujer acá para tirármela... Y le haga el sexo oral, anal y vaginal”. Disculpe por lo que acaba de leer.