Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

La narcopolítica y sus efectos en la corrupción generalizada en el Estado Peruano

El actual escándalo que atraviesa el Poder Judicial, consolida el descrédito de toda la institucionalidad del Estado peruano posterior a la transición democrática del 2001.

Este problema, no se resolvió luego del primer fujimorismo. Continuo con el “boom” económico minero, los petro audios de García, pasó por el escándalo Odebrecht, la corrupción en varios Gobiernos Regionales y culminó, con la actual crisis del sistema judicial. El descrédito político o la situación procesal de los ex Presidentes Toledo, García, Humala, y PPK, son clara muestra de esta crisis del sistema político nacional, que está al servicio de diversas formas de corrupción y criminalidad organizada alrededor del tráfico de influencias, la minería ilegal, el narcotráfico y otros negocios ilícitos.

La crisis revela que la causa principal de la penetración del Estado por fuerzas oscuras asociadas al crimen organizado y corrupción, es uno: garantizar el funcionamiento del tráfico internacional de cocaína. Recordemos que el Perú es el segundo mayor productor de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína, y el primer productor mundial de pasta básica, que constituyen la base de este mercado ilegal globalizado.

Mantener el VRAEM militarizado por 20 años, y una política de drogas secuestrada por la cooperación internacional, junto a un corrupto sistema de control e interdicción en El Callao –principal puerto de salida- garantizan la continuidad de esta dinámica ilícita, con altas dosis de complacencia e impunidad.

Desde la época del montesinismo en la década del 90, el gobierno de Alberto Fujimori permitió la cooptación de Fuerzas Armadas y Policiales, así como la del Ministerio Público y el Poder Judicial, para permitir mediante pago de cupos a policías y militares en el territorio, excarcelaciones, indultos e influencia política, la exportación de droga dirigida principalmente hacia los “carteles” mexicanos de Tijuana y Sinaloa. Esta debilidad del fujimorismo original por ausencia de ética política y facilidad de ser tentados por el dinero fácil, continuaría en los años siguientes.

El nuevo fujimorismo creció sobre la base del descontento a la clase política tradicional y el recuerdo de la obra del padre, a través de prebendas, clientelismo, y diversos grados de corrupción, que asocio a líderes políticos regionales y empresarios del agro, el comercio, el transporte, y la educación, con la figura de Keiko Fujimori.

En el 2015, la Comisión del Congreso que investigó la narcopolítica, había alertado sobre la influencia del narcotráfico en movimientos locales, regionales y en partidos políticos nacionales. Nadie le hizo caso, cuando aún no se había producido aún la captura del Estado por parte del narcotráfico. Algo similar sucedió con la investigación sobre la indebida concesión de indultos a narcotraficantes que vinculan al ex Presidente García. El desarrollo de las investigaciones –y los intentos de impedirlas- en los casos del ex Secretario General y principal financista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y de la propia Keiko Fujimori por crimen organizado, así lo demuestran.

Los casos de congresistas Vergara, Limasa/ Kenji Fujimori, Beteta y su familiar desaparecido comprometido en TID, así como las trayectorias de diversos representantes regionales, no son hechos aislados, sino forman parte de un modus operandi de criminales interesados en usar la política para distraer, influir, archivar o exculpar de su mal proceder. Ellos son una muestra sistémica de la penetración de la criminalidad organizada asociada a la política nacional, interesada en convertir al país en un narco estado, sin importar sus consecuencias.

Tomando en cuenta el grave antecedente y la deficiencia de origen del fujimorismo, desde el lejano Cambio 90 hasta Fuerza Popular, es necesario debemos denunciar frente al país y la comunidad internacional, la vinculación que existe entre los poderes mencionados y la resistencia a cualquier tipo de reforma de parte de Fuerza Popular en estos dos años.

Las fuerzas políticas democráticas y honestas y la reserva moral de la sociedad moral, debemos impedir que el 2021 logren su objetivo de llegar al gobierno y terminar de convertir al Perú en un narcoestado.