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Una publicación de la asociación SER

La manipulación de la historia

“La “política posverdad” es el uso sistemático de ideas fuerza o slogans que manipulan y tergiversan la realidad para deslegitimar a un rival o a una posición política contraria” (Villegas, 2017 p 32.). Comienzo con esta cita del libro “La verdad de una mentira”, pues me resulta desconcertante que, en un mismo texto  alguien se pueda presentar como preocupada por los efectos perversos de la política posverdad, y al mismo tiempo escribir utilizando las estrategias de la posverdad; es decir, manipulando hechos, tergiversando y descontextualizando datos, para deslegitimar un pedido de justicia.

Es terrible que personas aclamen un texto y lo presenten como objetivo, y además, lo califiquen de académico,  sin cuestionar siquiera algunas de las muchas imprecisiones y tergiversaciones que el libro presenta, pese a que estos hechos se pueden verificar fácilmente en Internet, buscando tan solo las fechas de algunos de los hechos descritos.

En su libro, María Cecilia Villegas omite información para construir un argumento.  Digo omite, porque pese a contar con los textos - pues los cita en su bibliografía -  decide hacer una selección de frases,  hechos y  argumentos que le permiten ir construyendo su versión de la historia de las esterilizaciones forzadas en el Perú.  Si bien las imprecisiones son varias, me voy a detener en una de ellas, pues además de ser central en la versión de la historia creada por la Sra. Villegas,  ignora el trabajo de Giulia Tamayo quién lamentablemente ya no está aquí, y que estoy segura hubiera contestado mejor que yo.

Según el texto de Villegas, hasta 1999 había una contienda entre bandos, que se distinguían por su apoyo al Programa Nacional de Planificación Familiar. Por una lado, estaban  las organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos y el gobierno, quienes unidos defendían el programa;  y por otro lado, estaban la Iglesia católica y sectores conservadores que atacaban al programa, y hacían denuncias ante la Defensoría del Pueblo.  En 1999, impulsadas por el interés de debilitar al gobierno de Alberto Fujimori, e impedir su reelección,  los aliados del gobierno de la sociedad civil, deciden cambiar de bando, unirse a católicos y conservadores y, llevan el caso de Mamerita Mestanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Este hecho es además descrito  por Villegas como el “hito fundacional del mito de las 300,000 esterilizaciones” (Villegas, 2017 p 27.). 

Esta lectura sesgada, omite que desde 1996 Giulia Tamayo, abogada feminista, miembro de dos conocidas organizaciones feministas como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), trabajó en la recolección de testimonios de víctimas de las esterilizaciones, muchos de los cuales fueron presentados a  la Defensoría del Pueblo como aparece en los informes de dicha institución sobre AQV que Villegas cita en su texto.  Además, Villegas cita el Informe “Nada Personal” elaborado por Giulia Tamayo; en donde se señala en la página 9 que en 1996 encontraron los primeros indicios de abusos en la aplicación del Programa Nacional de Planificación Familiar.

La autora decide omitir que la Defensora Especializada en Derechos de la Mujer, Rocio Villanueva, encargada de elaborar los informes sobre AQVs, era miembro del movimiento feminista.  El texto de Villegas no hace referencia a  algunos hechos importantes descritos por Maruja Barrig (cuyo texto “La Persistencia de la Memoria”,  Villegas conoce pues aparece en su bibliografía) que deshacen la idea de un consenso sólido y fuerte generado desde los grupos feministas para apoyar  el programa de planificación familiar.  Barrig señala como un aspecto central para entender el rol de las organizaciones feministas en el debate de las esterilizaciones, la fragilidad de las alianzas del movimiento feminista.  La idea de un bloque  sólido de la sociedad civil,  independiente, apoyando al gobierno,  no es lo que retrata  el texto de Barrig; por el contrario,  cuenta que entre algunas de las feministas existía una gran confusión sobre su rol: si eran independientes o parte del Programa Nacional de Planificación Familiar.   

Además, Barrig señala claramente que las feministas que participaron en el espacio de la Mesa Tripartita de seguimiento del Programa de acción del Cairo, preferían no ser llamadas representantes de la sociedad civil, pues tenían claro que la sociedad civil no las había elegido para estar ahí.  Supongo que para muchos, sobre todo para aquellos que defienden regímenes totalitarios, este es un detalle que carece de valor.

Aceptar que, desde 1996 organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, recogieron y denunciaron los casos de esterilizaciones forzadas, debilita el argumento de Villegas del cambio de bandos por intereses políticos, y que no existió una política.  Cuestiona además una idea presente en el libro de opuestos insalvables, como si denunciar la violación de derechos humanos de las mujeres como parte de la aplicación del Programa de Planificación Familiar significa estar en contra de los derechos sexuales y reproductivos.  Estos implican respetar el derecho a decidir  y que estas decisiones sean informadas.  Esta autonomía reproductiva debe ser respetada por el Estado; derechos sexuales y reproductivos no es obligar a usar un método porque desde mi posición de poder sé lo que te conviene. Se es tan totalitario cuando se impone un método en contra la voluntad, como cuando se niega los métodos.