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Una publicación de la asociación SER

La madre del cordero

Sobre desigualdad global y depredación ambiental

La humanidad ha llegado a su estadio más avanzado de evolución: hemos descubierto los secretos más intrincados de la naturaleza, nuestra capacidad de producción de bienes se ha incrementado exponencialmente y entendemos claramente los mecanismos internos y neuronales que regulan las voluntades humanas (¿Realmente los entendemos?). Somos la especie más exitosa sobre la tierra. El límite ya no es tanto el cielo azul, como los propios confines del universo. Sin embargo, este mundo de ensueño que nos ha tocado sufrir es también el de  mayor desigualdad en la historia de la humanidad. Hoy, las 67 personas más ricas del mundo tienen un nivel de riqueza que equivale al de 3500 millones de pobres en el mundo. 67 personas, sentadas cómodamente sobre una larga mesa, tienen tanta riqueza como la población entera del Perú ¡multiplicada por 116!

A pesar de esta abundancia en riqueza, creemos que tenemos que seguir creciendo más porque aún no alcanza para todos.  No hay en el mundo política oficial de bienestar que se respete a sí misma que no recomiende más crecimiento, aunque este termine engordando aún más la billetera de ese 1%. Y la desigualdad se ha expandido globalmente, inclusive entre aquellos países considerados desarrollados.

¿Cuánto de esto se vincula con la crisis ecológica y climática que vive hoy el planeta? Se vincula de manera directa, en muchos niveles y escalas. El incremento de los precios del oro, generado en la década pasada por una crisis financiera mundial y especulativa, ha golpeado muchos rincones de la Amazonía. La mayor demanda de oro en el mundo, para protegerse frente a la crisis económica, gestada en el corazón mismo del mundo occidental, ha abierto una oportunidad de “oro”, para que miles de individuos, desarraigados y sin mecanismos de protección social, se abalancen sobre bosques y ríos amazónicos en busca del preciado metal. Latinoamérica, el paraíso mundial de la desigualdad, ha visto cómo, en pocos años, una fiebre de oro se ha expandido por diversos países de la región.

Las políticas de los Estados, en casos como el peruano, han tenido serias dificultades porque atacan más el síntoma (literalmente lo atacan) y poco la enfermedad: una de histórica desigualdad y exclusión (no solo económica). Además de las políticas punitivas y selectivas hacia aquellos infractores que dañan el ambiente (porque no a todos los infractores ambientales les cae por igual), hay una renovada apuesta por el uso de “incentivos económicos”, como una manera de direccionar las preferencias de los individuos, directamente vinculados con los servicios eco-sistémicos que provee la naturaleza, pagándoles para que no deprenden o para que conserven.

Este tipo de medidas suenan muy atractivas, pero habría que preguntarse bajo qué condiciones pueden funcionar. ¿Se podría, por ejemplo, aplicar un sistema de incentivos económicos para que los usuarios del bosque de Madre de Dios prefieran conservarlo, antes que talarlo para la minería? Probablemente el costo de conservación bajo este esquema sería muy alto, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de rentabilidad que tiene hoy la minería aurífera, comparada con otras actividades en esta región. Sin embargo, quizás la mayor dificultad no resida tanto en la disposición de estos hipotéticos individuos a aceptar dicho pago (willingness-to-accept) como en la sobre-simplificación de los escenarios (nacionales e internacionales) a la hora de diseñar políticas de conservación, tan propio de las soluciones de mercado.

Según un estudio lanzado en octubre de este año, los esquemas de pagos por servicios ecosistémicos, no “compran” por si solos el éxito de conservación, sino que se ven altamente restringidos cuando los mismos no abordan dimensiones no económicas, tan o más relevantes para el manejo adecuado de los servicios eco sistémicos, a saber: las formas en las que las decisiones son tomadas (la importancia de los procedimientos) y el reconocimiento desde el Estado y los operadores de las políticas, respecto de la diversidad de sistemas culturales, de conocimientos y de valores que llevan consigo los actores sociales que acceden a estos beneficios.

Agregaría que esta simplificación se evidencia también en la tendencia a invisibilizar y no problematizar las dinámicas que ponen casi todo el peso de atenciónen el actor local, ese que tiene sobre sí a gobiernos, funcionarios y especialistas de ONG diciéndole cómo debe o no debe manejar los recursos que tiene en su entorno, sin que la misma atención o presión sea puesta de manera equitativa en aquellos actores que están al otro lado de la cadena, aquellos que con su capacidad de compra (real o de tarjeta de crédito) tienen la posibilidad de decidir entre una mesa hecha de caoba y otra hecha de material reciclado. Este desequilibrio solo refleja esa desigualdad global de la que hoy goza nuestra avanzada humanidad.