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Una publicación de la asociación SER

La gran red desintegrante: Políticas públicas y turismo en el Perú

Las políticas públicas no tienen sentido si no generan beneficios sobre los ciudadanos y sus localidades. El fomento de pequeños negocios, por ejemplo, debe ir de la mano con mucho más que solo la construcción de una carretera o impartir una charla sobre “emprendimiento”. De la misma manera, el solo hecho de construir edificios que forman parte de la llamada infraestructura turística no es garantía de beneficio directo alguno sobre las comunidades ubicadas en las inmediaciones de los sitios patrimoniales. Lamentablemente, modelos como el exitoso caso de Huaca Pucllana, no son posibles de aplicar en el resto del país, pero los gobiernos de turno lo siguen asumiendo como la panacea para el “desarrollo” de las “pobres y olvidadas comunidades” en las provincias alejadas de la modernidad capitalina. Es por ello que, por ejemplo, la sola construcción de un museo o un aeropuerto sin conexión alguna con su contexto (las comunidades y su entorno) y sin proyectar resultados concretos, solo promueve la exacerbación de las inversiones y la proliferación de hoteles y restaurantes de lujo. Es así que estas "políticas públicas” solo favorecen directamente a las empresas turísticas, medianas y grandes, a través de canalizar el flujo de visitantes – unidad de medida del éxito de tales políticas – en rutas determinadas de breve duración, con destinos programados que no plantean contacto alguno con las comunidades locales a las que supuestamente se pretende beneficiar.

En el caso del Valle del Colca, en Arequipa, los tours ofrecidos a los visitantes incluyen rutas que van desde Chivay valle abajo hacia atractivos como el Mirador Cruz del Cóndor. Sin embargo, la experiencia que estos paquetes turísticos ofrecen incide en la inmediatez y en abarcar todo cuanto se pueda en un tiempo muy limitado, donde ya ni siquiera es necesario visitar los centros poblados. Por ejemplo, para visitar el sitio arqueológico Uyu Uyu – “puesto en valor” con dinero del Estado – con estos “Full Day tours”, ya no es necesario llegar al pueblo de Yanque, interactuar con la gente del lugar (lo que incluye desayunar o almorzar en el lugar) y cruzar el puente colgante hasta llegar al sitio arqueológico. Ahora existe un edificio dedicado para turistas – construido con dinero del Estado – al pie del sitio arqueológico, a la vera de la carretera Coporaque-Ichupampa. Así los visitantes pueden llegar a Uyu Uyu evadiendo todo vínculo del sitio arqueológico con el pueblo de Yanque y su gente, quienes no reciben beneficio directo alguno por tales visitas. Además, estos tours solo se enfocan en rutas valle abajo desde Chivay, dejando fuera del espectro a los pueblos ubicados valle arriba, como Tuti o Sibayo, en donde, aun cuando se ha construido infraestructura para turistas (por ejemplo “casas para turismo vivencial”) en una colaboración entre las comunidades y organizaciones no gubernamentales, no se registra ni por atisbo la cantidad de visitantes que existen valle abajo. Este desbalance se debe a que el Estado ha establecido una gran red orientada a beneficiar a grupos determinados y promover un único tipo de “experiencia” para el visitante en donde prima: 1) la acumulación desordenada y la inmediatez (por ejemplo, visitas a numerosos sitio arqueológicos en alrededor de 15 minutos por cada uno, al menos en el caso del Cusco), 2) el consumo direccionado (restaurantes, hoteles, etc.) y 3) la desvinculación absoluta con las comunidades usuarias del lugar y su historia.

El escaso “beneficio” sobre los poblados que sí son considerados de alguna manera en esta red turística (por ejemplo, darle algún espacio a la comunidad para vender artesanías en los edificios para visitantes) genera presión sobre las comunidades que no lo son. Esta situación tiene una clara repercusión sobre los sitios patrimoniales porque muchas veces las comunidades toman acciones por cuenta propia con el objetivo de obtener algún beneficio directo de sus recursos culturales. Es muy conocido el caso de “museos locales” o “museos municipales”, con vasijas y hasta restos humanos o “momias” contenidas en vitrinas improvisadas para poder “atraer más turistas o visitantes”, sin el cuidado mínimo para su conservación. De esta manera, el turismo lejos de representar una posibilidad de desarrollo comunitario se ha convertido en una industria extractiva que, con el afán de beneficiar principalmente a grupos de empresarios en desmedro de las comunidades, “explota” los recursos culturales sin importar los límites o criterios de conservación como la capacidad de carga. Esta explotación consiste en tugurizar, saturar de negocios y visitantes sin mediar consecuencias sobre el recurso cultural hasta posiblemente desaparecerlo o afectarlo, así como elitizar el acceso a los sitios patrimoniales. Esta “política” queda en evidencia en el Cusco, a través de su materialización en elementos como : 1) un hotel de siete pisos en el centro histórico, 2) la reapertura del ingreso vehicular a la plaza de armas (con lo que los “Full Day Tours” ahora podrán llegar directamente a dicho espacio),  3) la construcción de un aeropuerto en Chinchero,  4) un hotel de lujo en la entrada de Machu Picchu y  5) el proyecto aún no descartado de un teleférico para Machu Picchu. Todos estos elementos, y posiblemente muchos más, representan los  nodos de esta “gran red desintegrante”, materialización de las políticas promovidas por el Estado, que operan sobre los centros poblados y comunidades, apropiándose de sus paisajes locales, rediseñándolos, desvinculándolos y hasta destruyéndolos, en desmedro de las comunidades y de su historia.