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Una publicación de la asociación SER

La gestión educativa descentralizada (II): Los amigos invisibles

Fotos © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Como mencioné en un artículo anterior [1], para poder hacer un análisis completo sobre la gestión educativa descentralizada, es importante mencionar un punto poco explorado y omitido de la discusión (ya sea por desinterés o mala compresión de su naturaleza): el desarrollo de la relación entre el MINEDU y los gobiernos locales.

Desde el relanzamiento del proceso de descentralización en el 2002, uno de los puntos más álgidos vinculados a los gobiernos locales ha sido la definición de sus competencias y funciones. Como señala el Informe Anual del Proceso de Descentralización 2016[2], el régimen actual no distingue claramente las competencias y funciones de estas instancias, en contraste a la relativa autonomía en sus facultades normativas, tributarias y financieras.

No obstante, ello no es un límite para que los gobiernos locales asuman acciones destinadas a atender servicios públicos, como es el caso de la educación. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas[3], para el 2019 cuentan con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de 893 millones de soles solo en materia de educación, dirigido principalmente a infraestructura y equipamiento, la atención de necesidades educativas, el fortalecimiento de la gestión educativa, y la prevención de desastres naturales, entre otros. Esto habla de una presencia muy fuerte de los gobiernos locales en la gestión educativa. Pero ¿por qué esto no es evidente para los actores políticos y educativos?

La principal razón para que no sea visible es el predominio de una relación donde (i) el MINEDU no incorpora a los gobiernos locales en la discusión de sus políticas e intervenciones educativas, y (ii) los gobiernos locales no responden a ningún objetivo o lineamiento de política educativa nacional. Es decir, están en una relación donde se excluyen mutuamente, a pesar de las coincidencias en la atención de necesidades educativas. A ello se agrega el desorden en competencias y funciones asumidas sin claridad entre ambos durante años, lo cual ha llevado a ignorar el potencial de cooperación y colaboración entre dichas instancias, y, más grave aún, reducir el problema al plano regional, recargando en los gobiernos regionales (GR) ver la mejor manera de articular con las municipalidades, negando la relación directa con el plano nacional, desde una visión erróneamente jerarquizada.

Un ejemplo de ello se muestra en la Matriz de Gestión Descentralizada (MGD), publicada por el MINEDU en el 2016[4]. Dicha matriz tuvo como objetivo ordenar las competencias de los actores involucrados en la Gestión educativa descentralizada (MINEDU, GR, GL y escuela) en tres procesos: i) desarrollo docente; ii) materiales y recursos educativos; iii) mantenimiento de la infraestructura educativa. Sin embargo, la relación de los gobiernos locales con el MINEDU es casi invisible en dicha matriz: en desarrollo docente y gestión de materiales educativos, solo participan solo bajo autorización o acuerdo del gobierno regional (a través de la DRE y UGEL de la zona); y en mantenimiento de la infraestructura educativa, solo cuentan con la veeduría y fiscalización en su ejecución, y en la planificación, financiamiento y monitoreo están limitados al Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal[5].

Esto claramente entra en colisión con las actividades que realizan los gobiernos locales cada año. En infraestructura educativa, por ejemplo, firman convenios con el MINEDU y postulan a fondos concursables como el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) para financiar la construcción y mejoramiento de instituciones educativas, y colaboran activamente (gestionando y dando presupuesto) para la instalación de aulas prefabricadas (dadas por el MINEDU) para escuelas con infraestructura deficiente. En desarrollo docente, es conocido su apoyo (sobre todo en zonas rurales) en la contratación de personal educativo para las denominadas Instituciones Educativas de Gestión Comunal (IEGECOM), o brindar espacios (con el apoyo logístico que ello implica) para la capacitación de docentes dentro su jurisdicción. Y en materia de distribución de materiales, destaca el apoyo para el transporte y reparto de material a instituciones educativas más alejadas.

Si hay un punto a mejorar en la relación entre lo nacional y lo local en educación es justamente romper con ese modelo no inclusivo y equivocadamente jerarquizado, ello implica determinar, en los procesos y en la articulación de todas las intervenciones educativas, los mejores términos de colaboración y cooperación entre ambos niveles. Además, implica plantear una rectoría desde lo nacional que no implique ignorar lo local, sino que asuma a los gobiernos locales como operadores reales de la gestión educativa en su jurisdicción.

 

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[1]                    http://www.noticiasser.pe/opinion/la-gestion-educativa-descentralizada-i-de-donde-venimos

[2]                    Dicho informe, emitido por la Secretaria de Descentralización de la PCM se encuentra en el siguiente enlace : http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-del-Proceso-de-Descentralizaci%C3%B3n-2016.pdf

[3]                    Tomado de: http://datosabiertos.mef.gob.pe/dataviews/250718/ejecucion-del-gasto-de-los-gobiernos-locales-acceso-por-departamento/, actualizado al 31/01/19

[4]                    Dicha matriz se puede visualizar en: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4736/Matriz%20de%20gestion%20descentralizada.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[5]                    Vale señalar que, desde el 2015, el Plan de Incentivos no cuenta con metas en materia de mantenimiento preventivo de infraestructura educativa desde el 2015, con lo cual estas competencias dadas a los GL no se ejercen actualmente.