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Una publicación de la asociación SER
Abogada de Aprodeh y Grufides

La contaminación: el desborde que el Presidente no quiere atender

El miércoles, los bambamarquinos, que se declararon en pie de lucha desde el 5 de febrero de este año, desistieron de seguir apostados a la intemperie, a 4000 metros de altura, pasando hambre y frío y ahora último siendo víctimas la represión policial que el Estado les mando como respuesta a sus reclamos.  

Sí, se agotaron, porque gritar y reclamar en esas condiciones en las alturas, y no recibir más que golpes del Estado, mientras se ve al mismo gobierno diligente y preocupado llevando ayuda a otras zonas de emergencia -que sin duda la necesitan- desanima, abate, desgasta.

Sí, de acuerdo, las zonas de huaycos y desbordes en el sur del país, deben ser atendidos de manera urgente, pero recordemos que hay otros lugares en la misma situación, Hualgayoc- Bambamarca también se encuentra declarada en emergencia desde el 2016 por todos los pasivos ambientales que hay en su territorio. Allí la gente no solo se ha quedado sin bienes, allí tienen la salud absolutamente dañada, no tienen agua segura para consumir, y desde el 17 diciembre pasado, varios centros poblados viven en medio de lodos tóxicos, producto del derrame de relaves de la empresa Gold Fields, y han perdido sus plantaciones, animales menores y ninguna autoridad les ha dado la ayuda inmediata que necesitan.

Si hablamos de urgencias es terrible lo que pasa en este  país, hay más poblados y comunidades declaradas en emergencia por desastres ambientales provocados por empresas, que por los mal llamados desastres naturales (que dicho sea de paso siempre se pueden prevenir). 

Las comunidades nativas de Tigre, Pastaza, Marañón, Corrientes y Chambira, fueron declaradas en emergencia ambiental el 2013 y en emergencia sanitaria el 2014.  por los innumerables vertidos y derrames petrolíferos que se han dado los últimos años por las operaciones de PlusPetrol Norte; 45.000 habitantes de las cinco etnias indígenas residentes en la zona fueron detectados con altísimos niveles de plomo y cadmio en la sangre, pero esas declaratorias no llevaron a ninguna acción concreta del Estado, por lo que los pobladores tuvieron que regresar en el 2016 a los bloqueos de las hidrovías, y tras 120 días de protesta, le arrancaron un compromiso escrito al Estado, plasmado en la famosa Acta de Saramurrillo, en la que el gobierno se comprometió a dar ayuda inmediata, y a realizar estudios sobre la contaminación de la población, así como contratar estudios internacionales independientes para determinar los impactos provocados con los desastres -una suerte de comisión de la verdad-, y  anunciaban para 2019 la petición de un Plan de Abandono a la empresa PlusPetrol Norte, S.A. A excepción de los estudios parciales de salud de la población, nada se ha hecho.  Solo a instancia de parte en el  2017 investigadores del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals y del Departamento de Sanidad y Anatomía Animales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), así como del International Institute of Social Studies de la Universidad Erasmo de Rotterdam (ISS-EUR, Países Bajos), les confirmaron a la población que los ríos de los que consumen agua y pescan para comer, tienen niveles de cloruro, cromo, bario, plomo y cromo hexavalente muy por encima de los máximos permitidos.  Los investigadores estiman que dichas actividades petroleras han vertido al cauce de los ríos una media de 5 toneladas de plomo al año, 8 toneladas de cromo hexavalente, así como 3,7 de toneladas de sal al año.

Cuninico, se encuentra en este momento ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Sucre- Bolivia, pidiendo que se presione al Estado peruano, que cumpla con atender a la población la  emergencia de su población, luego de más de 8  derrames de crudo en los últimos años.  Ante la inacción del Estado, esta comunidad recurrió a la CIDH en el 2017, que  otorgó una medida cautelar el 2 de diciembre, exigiendo al Estado proteger la vida e integridad personal de los pobladores de la comunidad de Cuninico y San Pedro en Loreto, Perú.  La CIDH exigía que el Estado garantice con urgencia agua y alimentos seguros para la población que se sigue contaminando al usar el agua de los ríos afectados.  Nada de esto se ha cumplido y la población tiene que tocar nuevamente las puertas de este organismo internacional buscando atención y respuesta urgente de este Estado.

Desde el año 2002  el gobierno sabe que los habitantes de Espinar, provincia cusqueña, están contaminados con metales pesados producto de la actividad minera de la trasnacional Glencore.  Los estudios de CENSOPAS así lo han determinado, y a estas alturas, el gobierno lejos de profundizar en los mismos, y procurar ayuda inmediata en la zona y a la población enferma, está tratando de relativizar esos resultados. El MINSA ha denunciado al abogado y al médico que sacaron a la luz los informes, acusándolos de mentir.

Pero el caso más escandaloso es el de Cerro de Pasco; se conoce desde 1999, por estudios de Digesa, que los niños de 6 a 8 años viven con un nivel alto de plomo en la sangre, un promedio de 15.5 microgramos por decilitro, cuando lo permitido por la OMS es de 10 μg/dl. En el 2016 un último estudio realizado por la Source International y Centro Labor, reveló la presencia de entre 4 a 10 metales pesados en el cabello de los niños. La ciudad solo son desmontes de relave minero. 78 millones de toneladas de relave disperso en 115 hectáreas. Dos de sus distritos, Simón Bolívar y Chaupimarca, fueron declarados en emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud en junio del 2016, pero ninguna ayuda concreta les ha llegado hasta este momento.

Sí señor Presidente, hace falta atender todos los desastres, pero hay más emergencias que se tiene que priorizar,  o ¿acaso los causados por las grandes empresas multinacionales se deben obviar?  El prestigio de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el interés por las inversiones, o los grandes negocios de reconstrucción, son evaluables en estas priorizaciones.  Atención para todos los pueblos en emergencia, no se puede hacer esta discriminación absurda, donde mientras unos reciben ayuda, los otros reciben balas y palos.