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Una publicación de la asociación SER
Antropólogo con maestría en ciencia política.

La búsqueda de personas desaparecidas

Proyecto de ley en espera para una política necesaria

Desde hace algunos meses, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia tiene en agenda una propuesta de proyecto de ley que “declara de interés nacional la búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia de 1980 al 2000”.

En este documento se reconoce el retraso del Estado en esta búsqueda,pese a los esfuerzos desplegados por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público en los últimos años, y por ello se propone la adopción de una política para la búsqueda de personas desaparecidas que responda tanto a las necesidades de la investigación penal como a objetivos humanitarios (en el mismo sentido planteado en un artículo anterior sobre el tema).

Recordemos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses, con la finalidad antes descrita, pero este planteamiento permanece incumplido hasta la fecha. De allí la importancia de la iniciativa que comentamos.

Ante una tarea de tal magnitud y complejidad, el proyecto de ley acierta en señalar la responsabilidad principal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el liderazgo y la coordinación de las distintas tareas relacionadas con esta labor. Ello incluye el financiamiento de la política, guardando coherencia con los compromisos jurídicos nacionales e internacionales que el Perú tiene en la materia.

El proyecto también crea un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, que centralizará la información de las entidades que trabajen en el tema. En este punto, cabe esperar que no se inicie la tarea desde cero, sino que se aproveche el enorme trabajo previo de la propia CVR, así como los de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, el Consejo de Reparaciones y el Equipo Peruano de Antropología Forense. Del mismo modo, deben elaborarse con cuidado los protocolos para el intercambio de información entre todas estas entidades, de modo que pueda servir para sus distintas funciones.

Es muy importante también que el proyecto plantee acompañamiento psicosocial y apoyo material a los familiares de personas desaparecidas. Se trata de acciones necesarias para garantizar un trato preferencial que dignifique a las víctimas y exprese la solidaridad del Estado ante una tragedia que es permanente.

Resulta muy necesario que el gobierno agilice el trámite de este proyecto de ley, el mismo que puede constituir una respuesta efectiva a miles de familias que aún tienen la expectativa de conocer el paradero de sus seres queridos, desaparecidos durante el conflicto. Ello constituirá, adicionalmente, un nuevo elemento de verdad sobre las décadas de horror que nos tocó vivir.

Pese a retrocesos evidentes en otras formas de atención a las víctimas del conflicto, esta iniciativa puede generar expectativas. De allí que resulte importante pensar también en aquellas personas que no sea posible ubicar o identificar, no obstante los esfuerzos que se realicen en el marco de esta política. Frente a ello, pueden pensarse otras iniciativas de memoria y dignificación.