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Una publicación de la asociación SER
Antropólogo con maestría en ciencia política.

Humala y los DDHH: Un triste corolario

“¿Qué clase de burócrata es capaz de actuar groseramente contra una demanda de justicia tan elemental?” Un amigo hizo este comentario en Twitter reaccionando a la difusión de una noticia indignante: hace unos días se informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había apelado la sentencia judicial que ordenaba al Poder Ejecutivo completar el pago de reparaciones económicas a víctimas de la violencia política que habían sufrido más de una afectación.

Esta decisión del gobierno de Ollanta Humala expresa el poco respeto mostrado por nuestras autoridades hacia las víctimas de la confrontación que azotó al país entre 1980 y 2000, y revela de un modo prístino la escasa importancia o comprensión que le dan a la promoción de la justicia.

El tema de cómo atender la doble afectación ha sido motivo de una controversia silenciosa desde hace varios años. Amparándose en el derecho internacional aplicable a este tipo de situaciones, las organizaciones de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Reparaciones han sustentado de diversos modos que la reparación económica a las víctimas debe ser otorgada en función de las afectaciones sufridas. Esta propuesta ha enfrentado la oposición permanente del Ministerio de Economía y Finanzas que se cierra detrás del argumento de un pretendido cuidado de la caja fiscal (una víctima solo debe recibir una reparación económica) para evitar la adopción de decisiones jurídicamente sustentadas y que favorecen a quienes resultaron afectados por la violencia política.

En todos estos años el criterio economicista ha primado sobre el valor de la justicia. Por ello, bajo el auspicio del Instituto de Defensa Legal, se promovió una acción judicial que obligara al Estado al cumplimiento de esta obligación. La sentencia en primera instancia le dio la razón a las víctimas: el Estado debe cumplir con el pago de reparaciones por cada afectación reconocida. Así las cosas, la apelación presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no hace sino reafirmar que las decisiones de este gobierno obedecen a razones materiales y dejan de lado principios jurídicos o humanitarios.

El caso tendrá que verse ahora en segunda instancia. Como en otros temas, el gobierno no favorece el logro de justicia y reparación para las víctimas, sino que les pone trabas de distinto tipo. Triste corolario para un gobierno que deja muchos pendientes en materia de derechos humanos.

Es muy probable que este tema no sea resuelto antes del 28 de julio, razón por la que es muy pertinente preguntar a las dos fuerzas políticas en competencia qué decisión adoptarán ante esta situación y – en términos generales – para completar la agenda pendiente en materia de justicia y reparación a las víctimas de la violencia política. Parte de las respuestas esperadas pasa por conocer el liderazgo en el sector que ve estos temas, razón por la cual pregunto abiertamente: señora Fujimori y señor Kuczynski, en un eventual gobierno suyo ¿quién será su Ministro o Ministra de Justicia y Derechos Humanos?