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Una publicación de la asociación SER
Antropólogo con maestría en ciencia política.

Hacia un Archivo Nacional de la Memoria

Mi trabajo de varios años en el Consejo de Reparaciones ha hecho que me acerque a la tarea de constituir, administrar y conservar un archivo. En nuestro caso, se trata de los miles de expedientes que contienen los testimonios y los documentos que sustentan la inscripción de víctimas, comunidades y grupos de desplazados en el Registro Único de Víctimas. No es que me haya especializado con este trabajo, pero he aprendido que su manejo requiere una adecuada especialización debido al inmenso valor que tiene nuestro archivo como depositario de las historias dramáticas de innumerables compatriotas nuestros.

No deja de impresionarme al recorrer el archivo, además de los siempre conmovedores relatos, encontrarme ante objetos diversos con los que las víctimas y sus familiares intentan dar cuenta de la historia vivida: fotografías, recortes periodísticos, certificados de autoridades, actas de nacimiento o partidas de bautizo, recordatorios personales (certificados de estudio, diplomas)… a veces, inclusive, denuncias presentadas en los años más duros de la violencia. Más que una colección inanimada, es un conjunto grande de objetos que evoca en forma muy vívida las circunstancias y características del conflicto interno.

Tres décadas después de iniciado el proceso de violencia es inmensa la información producida y acopiada. En su momento, el esfuerzo mayor estuvo dirigido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que recogió más de 18 mil testimonios sobre los que basó sus investigaciones y su Informe Final. Este acervo se encuentra bajo custodia de la Defensoría del Pueblo, entidad que creó un Centro de Información para la Memoria y los Derechos Humanos con la finalidad de preservar tan importante archivo.

Pero no es la única información producida. En los últimos años, el Consejo de Reparaciones ha acopiado más de 95 mil solicitudes de inscripción al Registro Único de Víctimas. Cada ficha contiene un relato. El total más que quintuplica la cantidad de testimonios recogidos por la CVR, lo cual lo convierte en la actualidad en el más importante acervo de testimonios sobre el período de violencia existente en nuestro país.

A ello le podemos sumar el Registro Nacional de Personas Desplazadas que cuenta -según información mencionada en algún evento por funcionarios de esta entidad- con más de 48 mil fichas familiares que incluyen a más de 220 mil personas víctimas de desplazamiento forzoso. Y, desde luego, el propio Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada y los expedientes de la ex Fiscalías de Derechos Humanos, en manos de la Defensoría del Pueblo; o la información del Consejo Nacional de Calificación de Víctimas del Terrorismo, existente en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Este rápido recuento permite constatar la existencia de no menos de seis acervos documentarios sobre el período de violencia que se encuentran bajo la custodia de tres instituciones diferentes (Defensoría del Pueblo, MIMDES y Presidencia del Consejo de Ministros). Esta dispersión no contribuye a potenciar su utilidad, por ejemplo para la implementación de medidas de reparación a las víctimas de la violencia, o para profundizar en nuestro conocimiento sobre lo acontecido durante el conflicto interno. Por otro lado, de este modo no se guarda debida memoria de las víctimas de la violencia y de las historias que sus familiares relataron con tanto respeto y consideración.

Por ello, considero fundamental asumir como una tarea a futuro la reunión de todos los acervos documentarios en un solo lugar, constituyendo una suerte de Archivo Nacional de la Memoria. El modelo lo ha planteado la propia Defensoría del Pueblo con el Centro ya existente, pero que requiere ser completado con la información que los demás archivos proporcionen. Por supuesto, su centralización debe acompañarse del manejo técnico que esta parte de nuestra historia demanda.

Queda abierta la pregunta sobre la entidad que debería hacerse cargo de la implementación y administración de un Archivo como el que propongo en estas líneas. El lugar “natural” sería el Archivo General de la Nación, pero las dificultades que esta institución atraviesa, especialmente de índole presupuestal, hacen bastante difícil que se pueda manejar este acervo reunido con la especialización que se requiere. Otra posibilidad podría ser la Biblioteca Nacional, pero las dificultades resultan similares.

De allí que convenga mirar hacia otro lado. El Lugar de la Memoria podría ser el llamado a asumir esta responsabilidad. O la propia Defensoría del Pueblo asumiendo la valiosa experiencia de los últimos años. Tal vez podría encargarse esta tarea al Ministerio de Justicia, asumiendo su nueva denominación de “Justicia y Derechos Humanos”, siempre y cuando vincule el manejo de este archivo a una política de la memoria.

Conviene discutir la importancia de este acervo centralizado y el lugar en el que podría estar ubicado. No podemos echar una manta de olvido sobre las historias de tantos peruanos y peruanas. Es un reconocimiento que les debemos. Y es una impostergable responsabilidad para el futuro, para no repetir esta dolorosa parte de nuestra historia.