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Una publicación de la asociación SER

Guerra avisada no mata candidatas

Hace cuatro años en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, con un par de colegas de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),  decidimos emprender un estudio sobre el acoso político [1] hacia candidatas a través del Programa Mujer e Inclusión Ciudadana (PMIC). El proyecto buscaba identificar, analizar y hacer un seguimiento a los casos que se dieran en dicho ámbito, a fin de diseñar una hoja de ruta sobre la actuación que debería tener el Jurado frente a estos casos. Para ello, se diseñó y aplicó una encuesta basada en una muestra[2] representativa del total de candidatas que postularon en las elecciones regionales de 2014.  La encuesta tenía como objetivo caracterizar la figura del acoso político en la población de estudio.

Al analizar la encuesta encontramos [3]que 3 de cada 10 encuestadas afirmó haber sufrido algún acto de acoso político, y que las formas más recurrentes de acoso  son el hostigamiento, la presión, la amenaza y la persecución. Pero el dato que fue una llamada de atención al JNE y a las demás instituciones públicas es que del total de candidatas que manifestó haber sido víctima de este tipo de actos, solo el 34 por ciento lo reportó, y entre estas ninguna obtuvo una respuesta efectiva.

Como es sabido, para el logro de la consolidación de una participación política efectiva las entidades estatales tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos en igualdad de condiciones, lo que implica la eliminación de barreras para su ejercicio. Es así que, desde el Jurado se diseñó un protocolo de atención de casos de acoso político contra candidatas tanto para las elecciones generales 2016 como para las próximas elecciones regionales y municipales 2018.

El propósito de diseñar un protocolo de atención fue brindarles a los Jurados Electorales Especiales y a las candidatas conocimientos y competencias sobre cómo actuar frente a los casos de acoso político y así promover que denuncien hechos de acoso reciban una respuesta efectiva y protección.  Esto es fundamental para nuestras próximas elecciones, ya que como mostró el análisis de la encuesta, las candidatas que reportaron estos actos, ante su misma organización política, jurado electoral especial, medios de comunicación, entre otras instancias, no obtuvieron ninguna respuesta. Tal vez, porque estas instituciones son en parte los agresores (organizaciones políticas y medios de comunicación).

La ruta de atención diseñada se planteó en el marco de Mesa de Trabajo interinstitucional para promover y garantizar la participación política de las mujeres (Resolución N° 192-2015-MIMP),  y se basa en dos aspectos principales: la presentación del reclamo y la tramitación del mismo.

Respecto a la presentación del reclamo, un reto importante es que acoso político no ha sido reconocido legalmente. Por ello, para la formulación del reclamo se debe recurrir a los instrumentos normativos vigentes en los que puede encajar alguna de sus manifestaciones, así como al  Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral[4].  Los reclamos pueden ser presentados ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el/la personero/a legal de la organización política por la cual postula la candidata, cuando se trate de actos relacionados con propaganda electoral o por la candidata, cuando se trate de otros actos de acoso político.

Con respecto a tramitación del reclamo, el protocolo establece que si el reclamo está relacionado con propaganda electoral, sigue el procedimiento de la la Resolución N° 078-2018-JNE; pero si el reclamo no está relacionado con propaganda electoral y afecta el ejercicio de los derechos políticos de la candidata, el JEE reunirá toda la información necesaria y remitirá los actuados al Tribunal del Pacto Ético Electoral o al Ministerio Público, en este último caso, será remitido cuando el JEE identifique indicios de la comisión de algún delito.

Finalmente, esperamos que, con la aprobación de este protocolo, se inicie con la lucha efectiva de la eliminación de este tipo de barreras que afectan el ejercicio pleno de las mujeres en política. Y así, cualquier candidata sepa a dónde acudir y cómo proceder, al menos el Jurado Nacional de Elecciones ha comprendido su rol y responsabilidades en mecanismos que garanticen una participación política efectiva en igualdad de condiciones. Esperemos que las demás instituciones involucradas se comprometan  decididamente a replicar este tipo de prácticas  que busca fortalecer la protección a las candidatas mujeres.

Rubí Rivas pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de mujeres jóvenes en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1]              De acuerdo al artículo 3 de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra la Mujeres, se entiende como acoso político a cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

[2]              El diseño de la encuesta estuvo a cargo de la DNEF, la cual aplicó un muestreo aleatorio simple sobre la base de un universo de 1,524 mujeres candidatas a cargos regionales. De la base de las candidaturas presentadas, se logró entrevistar a 503 mujeres candidatas mayores de 18 años residentes en los 24 departamentos, incluyendo la Provincia Constitucional del Callao.

[3]              Ver “El acoso político hacia las candidatas en el proceso electoral regional peruano en 2014”. Pág. 285-307, Carla Cueva, Rubi Rivas y Enith Pinedo. Serie Doctrina Jurídica, núm. 822, 2017. En Cuando hacer Política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina. Editoras: Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle Pérez. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2017.

[4]              Que se aprueba, a través de la Resolución N° 078-2018-JNE, En alusión a las causales 7.2. Infracción de propaganda electoral como la propaganda denigrante y a la 7.3. Promoción de actos de violencia o discriminación.