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Una publicación de la asociación SER

Golpe y contragolpe II

Foto: Presidencia de la República

Alfredo Quintanilla

La convocatoria a elecciones generales firmada por el Presidente Vizcarra el 8 de julio, es decir, siete días antes de que se venciera el plazo legal[1], aparentemente desata el nudo gordiano del enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, pero todavía han quedado cabos sueltos que son un enredo.

En primer lugar, deja mal parados a sus críticos que lo acusan de ser un dictador y de querer perennizarse en el poder y aleja la tentación de un nuevo 5 de abril, pero no resuelve de inmediato los estropicios del Congreso del domingo 5 de julio, provocados –hay que decirlo claro- por un mensaje presidencial equivocado y altisonante.

Viendo fríamente el vaivén de la toma de decisiones al más alto nivel del Estado, no se entiende  por qué la crispación de nervios y la confrontación, si ya el Presidente había manifestado su voluntad de entregar el mando el próximo año, si, por su parte, el Congreso le había otorgado facultades legislativas al Ejecutivo y además, le había dado su voto de confianza. ¿Por qué la invitación a ministros para que informen a los elegidos por el pueblo en enero, puede ser vista como una labor obstruccionista? ¿Por qué la Ley aprobada por el Congreso para el retiro de parte de fondos de los asegurados de las AFP fue mal vista por el gobierno? ¿Por qué la iniciativa de poner un impuesto a la riqueza o la crítica a la falta de acción gubernamental para frenar el alza de las medicinas o al acuerdo llevado adelante con las clínicas privadas, fue respondida con la intervención del gobierno en el debate interno del Congreso respecto a la inmunidad parlamentaria? ¿Es que, acaso, golpear al Congreso le permitía aliviarse de la presión del empresariado y la derecha, desviando la atención de la gente angustiada y molesta por la saturación de los hospitales?

Ya se sabía que los elegidos de enero entraban a un Congreso debilitado por el desprestigio en el que cayó gracias a la actuación de la mayoría naranja. Sólo 14.8 millones de peruanos los eligieron, mientras los 10 millones restantes no acudieron a votar o emitieron votos en blanco y nulos. Nunca se ha tenido un Congreso tan disperso, sin una mayoría hegemónica, por lo que se imponía para sus bancadas como para el gobierno, sin una bancada propia, la necesidad del diálogo y la concertación. Parece que en esto el gobierno no ha hecho su tarea. El que en el nuevo Congreso haya diez o veinte impresentables con un pasado y un presente vergonzoso, a los que la prensa ilumina, da cámaras y micrófonos no debiera confundir al elector informado, pero lamentablemente así ha sucedido. El que se haya hecho mal uso de la protección que brinda la inmunidad parlamentaria, no justifica echar por la borda esa institución muy importante en un Estado de Derecho.

La inmunidad de los parlamentarios, es una garantía para que el representante elegido por los ciudadanos, no pueda ser denunciado y enjuiciado por cualquier pretexto, por causa de su posición política, sus investigaciones o sus denuncias contra altos funcionarios con poder. Es una garantía para evitar que sean expulsados, apresados o desterrados como sucedió con la bancada aprista en el Congreso Constituyente de 1931; o para evitar que el representante Javier Noriega del FREPAP en 1995, fuera destituido porque fue acusado por una vil campaña de Latina Televisión de pertenecer a “una secta de asesinos”. O para evitar que un congresista incómodo para la mayoría (en este caso congresal) fuera enjuiciado, aunque no pudo evitar ser sancionado, como le sucedió al congresista Yonhy Lescano, acusado de acoso sexual por una mujer adulta que nunca dio la cara, dando a conocer sus comunicaciones privadas, consentidas por ella. Esa garantía permitió, por ejemplo, el trabajo de los parlamentarios de Izquierda Unida en la década de los 80. Es bueno recordarlo a jóvenes radicales que desconocen la historia. Lo extraño en esta coyuntura es que hasta la gente informada parece no entender que la inmunidad parlamentaria forma parte de la división de poderes y de los pesos y contrapesos que debe haber entre ellos en un Estado de Derecho.

Es verdad que en el pasado reciente hubo casos de mal uso de esa garantía, que terminó protegiendo a los que habían cometido delitos comunes antes de ser elegidos como el infame caso del general “Gasolina”, que provocó la frase “otorongo no come otorongo”; es verdad que algunos practican la regla de oro de Susy Díaz “que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen de ti”, pero los editores de los grandes medios se encargan de hacer creer al respetable que todos los parlamentarios son burros, ociosos y figuretis. La Fiscal de la Nación con su denuncia contra el presidente de la Comisión de Fiscalización pondrá a prueba si la mayoría del nuevo Congreso es distinta del anterior.

De igual protección gozan los altos funcionarios de la República y, en particular, el Presidente quien sólo puede ser acusado durante su mandato por cuatro motivos: por traición a la patria, por impedir la realización de elecciones nacionales y subnacionales, por disolver el Congreso y por no permitir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Pero añadir a ellos la causal de “por delitos contra la administración pública, cometidos contra su mandato o con anterioridad”, como fue el contragolpe del Congreso la noche del domingo 5, es un exceso irracional que inauguraría la más absoluta inestabilidad política en nuestro ya precario sistema.

Tal vez mejor que convocar a una diplomática reunión del Consejo de Estado hubiera sido que el Presidente hiciera verdadera política, esto es, una ronda de conversaciones con los voceros de las distintas bancadas para ver cómo se resuelve el entuerto y dejar de estar golpeando y contragolpeando, cuando casi todos están de acuerdo en que hay que hacer profundas reformas en la relación del Estado con los servicios de salud y pensiones, que pasa por reubicar la participación de la empresa privada en esos sectores y algunas bancadas proponen ir a una discusión general en una Asamblea Constituyente.

Si la insólita e inconveniente reforma constitucional aprobada el domingo 5 sobre las inmunidades y el derecho al antejuicio que tienen congresistas y altos funcionarios del Estado, en su segunda votación alcanza más de 65 votos y menos de 87 votos, tal como señala el artículo 206 de la Constitución, el presidente se verá obligado a convocar un referendo y no será por su propia iniciativa, como la presentó en su conferencia del sábado 4 de julio.

Pero, aun poniéndonos en el caso de que todo volviera a fojas cero y el gobierno dejara de presionar a la mayoría congresal, los enredos no han terminado, porque la prisa en la convocatoria, impidió un acuerdo con el Congreso en la hoja de ruta electoral.

En efecto, está vigente la Ley 31010, aprobada en marzo por este Congreso y la aceptación general y promulgada por el Presidente de la República,  que manda que las leyes “relacionadas con procesos electorales aprobadas por el Congreso Complementario 2020-21 serán de aplicación al día siguiente de su publicación…” y “el plazo para aprobar dichas reformas será de seis (6) meses a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano”. La ley fue publicada el 27 de marzo, por lo que legítimamente el Congreso puede modificar las reglas de juego hasta 28 de setiembre. El Presidente debiera actuar con más prudencia frente al Congreso, si no quiere que las reformas electorales de su iniciativa, promulgadas en agosto del año pasado, fracasen.

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[1] El Artículo 82º de la Ley Orgánica de Elecciones que decía “La convocatoria a Elecciones Generales se hace con anticipación no menor de 120 (ciento veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento cincuenta)” fue cambiado por la Ley N° 30673, publicada el 20OCT2017, que amplió el plazo a 270 días.