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Una publicación de la asociación SER

Gestión de riesgo de desastres en el Perú

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un enfoque que otorga sostenibilidad al desarrollo de nuestro país, el cual se está convirtiendo en un tema importante ya que se están desarrollando políticas, estrategias y acciones que reducen potenciales daños futuros y brindan mayor seguridad. En los últimos años se ha convertido en un elemento imprescindible en la planificación y gestión del desarrollo de un país altamente expuesto a peligros y con tantas vulnerabilidades como el Perú, por lo que nuestro país ha desarrollado reciente normatividad y disposiciones, que analizaremos con detalle. 

En 1961 se promulgo la Ley 14638 que creaba el Auxilio Social de Emergencia Regional (ASER). Esta ley definía la emergencia como “el estado de necesidad colectiva que afecta en vida, salud o economía a los habitantes de uno o más centros poblados (…) que por la magnitud de tales daños y por la situación de los damnificaos, haga indispensable la cooperación inmediata del estado para conjurar una crisis social.”

La Ley 14638 le reconocía al ASER un presupuesto dentro del Presupuesto General de la República y establecía un consejo directivo presidido por el ministro de Salud Pública y Asistencia Social (en representación del Presidente) e integrado por miembros del Senado, de la Cámara de diputados, el ministro de Defensa Nacional, los ministros de Gobierno y Policía, de Fomento de Obras Públicas, de Trabajo, y el Contralor General de la República. El ASER, sin embargo, estaba diseñado principalmente para atender la emergencia y organizar la rehabilitación.

En 1972 se promulga la Ley N° 19338 que crea el Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci), como parte del sistema de defensa nacional, con la finalidad de “proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en caso de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera que sea su origen.”

El Sinadeci reemplaza al ASER añadiéndole dos objetivos fundamentales: la prevención de daños, y la participación de la población a través de la concientización de la misma. Así, se convertía en el ente rector que canalizaría toda la acción y el centralizador de todo tipo de ayuda nacional o internacional. Y adquiría una dimensión y estructura nacional con la creación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las direcciones y comités regionales, subregionales, provinciales y distritales de Defensa Civil, así como las oficinas respectivas.

En el año 2007 nuestro país sufrió un fuerte terremoto que afecto una gran parte del territorio nacional, desde Ica hasta Huancavelica. Como consecuencia de ese terremoto, surgió  un  debate que puso en evidencia el poco o inexistente peso que tiene en la planificación del desarrollo, la conciencia de los posibles desastres que lo acompañan y/o la incorporación de la prevención.

Este hecho, sumado a la creciente conciencia de la vulnerabilidad de nuestro país ante los efectos climatológicos producto de fenómenos asociados al cambio climático, han despertado la preocupación por preparar e institucionalizar la prevención asociándola directamente con la planificación y la inversión en el marco del desarrollo. Por ello surge la necesidad de incorporar la Planificación del Riesgo de Desastre a la Planificación y Gestión del Desarrollo. En este sentido, la GRD se convierte, más propiamente dicho, en un enfoque particular en el marco del desarrollo integral.

Bajo esta premisa, la GRD fue incorporada como política de Estado en la política 35 del Acuerdo Nacional. Y en el marco de la misma, el 2011 se promulga la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), estableciendo con claridad la transversalidad y el énfasis en la prevención:

"La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción, y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, de defensa nacional y territorial de manera sostenible".

La GRD involucra a todos: “Desde el más alto nivel hasta el poblador más alejado”. Y tiene entre sus retos que los pobladores puedan desarrollar una conciencia y una cultura de gestión de riesgo que le permita identificar los peligros y riesgos de las zonas en que habita o labora y los tenga incorporados en su propia planificación.

Entre los aportes importantes de la Ley del Sinagerd destacan la identificación de 7 procesos de la gestión de riegos: La estimación del riesgo, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación frente al desastre, la respuesta al desastre, la rehabilitación (de los servicios básicos e indispensables) y la reconstrucción.

Un aspecto fundamental en la nueva ley es la incorporación de la participación ciudadana en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastre. Entre las instancias más importantes debemos señalar: El Consejo de Coordinación Regional, el Consejo de Coordinación Local, las Juntas Vecinales y Comunales, los Comités de Gestión y las mesas de concertación. Incluidas aquellas que están involucradas directa o indirectamente en la planificación del desarrollo y en la asignación de presupuesto: Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.

Así, la GRD, a través del Sinagerid, se integra con todas las políticas del desarrollo nacional, articulándose principalmente con las políticas referidas: al ordenamiento territorial, los proyectos de inversión pública, la gestión ambiental y, sobre todo, con la planificación del desarrollo que se hace a nivel local, nivel regional, nivel nacional, privado y también desde la sociedad civil.