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Una publicación de la asociación SER

¿Existe política social en el Perú?

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Jorge Luis Duárez Mendoza. Sociólogo

Como bien sabemos, la política social es el conjunto articulado de estrategias y acciones lideradas por el Estado, orientadas a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía, en vista a lograr el bienestar de la sociedad. Sus componentes son la protección social (seguridad social y programas de lucha contra la pobreza básicamente) y los servicios fundamentales (salud, educación, agua, luz, entre otras). Por su complejidad, una efectiva política social demanda –entre otros aspectos- una exigente coordinación a nivel intersectorial y a nivel de gobierno (local, regional y nacional) y su fluida interacción con la política económica. No es una consecuencia de esta última (como algunos creyentes del “chorreo” profesan), más bien, se condicionan mutuamente.[1]      

Dicho lo anterior, veamos algunos datos: a pesar de la reducción de la pobreza económica registrada en los últimos años, en el 2017 el 32.6% de la población a nivel nacional era vulnerable a recaer en la pobreza (INEI). Y esto era así porque la mayoría de quienes lograban “salir” de la pobreza no escapaban de un conjunto de carencias que afectaban su bienestar. Departamentos como Amazonas, Huánuco, Loreto, Puno y Ucayali registraban, en el 2017, índices altos o muy altos de población sin acceso a servicios básicos y a salud (CEPLAN). En el 2018, el 72% de la población económicamente activa en el Perú era informal, es decir, solo 3 de cada 10 trabajadores tenía acceso a seguridad social (INEI). Pero el siguiente dato es aún más revelador: según la OCDE, en el 2017 el impacto de la acción distributiva del Estado en la reducción de la desigualdad social (a través de impuestos y transferencias) era prácticamente inexistente. Y todo esto antes de la pandemia…

Ensayando una respuesta al título de esta columna, considero que nuestro país carece de una política social. Lo que tenemos actualmente son servicios dispersos que no están articulados en función de objetivos estratégicos para garantizar el bienestar social. En las últimas décadas, las principales intervenciones estatales en el ámbito de lo “social” han estado focalizadas en la denominada “lucha contra la pobreza”. Lo más destacable quizás haya sido la Estrategia “Incluir para Crecer” implementada a partir del 2013 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para articular los programas sociales (“Juntos”, “Qali Warma”, “Pensión 65”, entre otros), tomando en consideración el ciclo de vida de las personas. Sin embargo, esta estrategia resulta insuficiente. De cara al Bicentenario nuestra República luce todas sus precariedades, entre otras razones, porque carecemos de una sólida política social integral y universal, basada en amplios consensos, que apunte a generar bienestar para todos y todas sin excepción: a hombres y a mujeres, a indígenas y no indígenas, a propietarios y trabajadores. Una forma de gobierno que apela para legitimarse al interés común, a la justicia y a la igualdad, como es la República, sin una política social es un total absurdo. Y eso es lo que tenemos en el Perú, y día a día vivimos este absurdo. 

Para avanzar hacia la formulación de una política social en el Perú propongo algunas acciones: reorientar las intervenciones del MIDIS, ampliando el restringido enfoque de lucha contra la pobreza hacia un enfoque que abarque también la condición de vulnerabilidad social; coordinar las intervenciones de las distintas entidades que forman parte de sectores claves como educación y salud (para ello la gestión de la información es clave), para que realmente podamos hablar de “Sistemas” de Salud o Educación; fortalecer la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales[2], con el objetivo de articular las intervenciones del Estado en el ámbito social (para esto se podrán aprovechar los aprendizajes de la estrategia “Incluir para crecer”); y definir metas de bienestar social alineadas a las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuales deberán ser de cumplimiento obligatorio (sin importar los cambios de gobierno), condicionando la permanencia de los altos funcionarios del Estado según el cumplimiento o no de dichas metas.      

Lo planteado exige de cambios no solo a nivel técnico, sino además a nivel político. Lo que hagan o dejen de hacer en el corto y mediano plazo las organizaciones políticas y sociales que están a favor del cambio social será fundamental. En tal sentido, corresponde politizar decididamente a la sociedad desde una lógica de exigibilidad de derechos. La experiencia demuestra que la política social se desarrolla cuando existe una demanda organizada de los ciudadanos y ciudadanas.

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[1] Para una mirada a la situación de la política pública en América Latina sugiero revisar el texto publicado por la CAF y FLACSO en el 2015: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20170705055646/pdf_1084.pdf

[2] La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales es la instancia de coordinación y de discusión de la política social del Estado al interior del Consejo de Ministros.