Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Politóloga, investigadora y docente universitaria. Especializada en temas de Participación Política, Políticas Públicas y Género.

¿Estam@S preparad@s para luchar contra el acoso sexual?

“Funcionario municipal de Breña denunciado por acoso sigue trabajando con alcalde”[1]. Este tipo de noticias,  al poco tiempo de la promulgación del Decreto Legislativo 1410[2], nos hace preguntarnos si nuestras instituciones públicas están preparadas para actuar de manera oportuna frente a tan grave problema. El DL 1410 incorpora el delito de acoso[3], acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual e introduce en el ordenamiento jurídico nacional al acoso (artículo 151-A del Código Penal) y al acoso sexual (artículo 176-B) como delitos.

Más allá del proceso de investigación que podría acarrear este tipo de denuncias, y considerando que ahora, aquellas personas que cometan estos delitos serán sancionadas con penas privativas de la libertad que pueden llegar hasta los 8 años de cárcel; el principal reto a superar es cómo enfrentar el vía crucis de nuestro sistema de justicia. A pesar de hacer una denuncia, esta podría quedar impune por tres aspectos: i) los estereotipos de género que tienen nuestros operadores de justicia, ii) los actos de acoso dentro de esta tipificación, son aún nuevos y recién se van a empezar a presentar denuncias, lo que ayudará a caracterizar este tipo de conductas y iii) los canales para denunciar, es decir a dónde recurrir en esas situaciones.

Este último punto cobra mayor relevancia, en especial cuando no se tiene claridad sobre el protocolo o ruta para denunciar este tipo de actos. Las víctimas pueden ir a la comisaría más cercana, a un centro de emergencia mujer, o a la fiscalía de turno, entre otras instancias, pero no se trata de un protocolo establecido y en la mayor parte de casos no es conocido. Por ejemplo, revisemos el caso de la ex trabajadora municipal de Breña, quien se desempeñaba como asistente de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de dicha comuna. La víctima habría denunciado al gerente de administración y finanzas de dicho municipio por acoso sexual. Tras haber hecho la denuncia al interior de la institución, llegando incluso hasta el despacho de alcaldía, al no encontrar respuesta alguna, decidió denunciarlo ante la Fiscalía. Una vez hecha la denuncia, la víctima pierde su puesto de trabajo, mostrando las dificultades que suponen estas acusaciones para las víctimas.

El ejemplo es ilustrativo, porque una de las circunstancias agravantes que menciona el Decreto Legislativo 1410 se da cuando la víctima se encuentre en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente. Es particularmente importante pensar cómo nos estamos preparando para atender este tipo de actos al interior de las instituciones públicas, puesto que en el marco del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021[4], el cual tiene como ámbito de aplicación a los tres niveles de gobierno y a los distintos sectores y entidades, se señala las responsabilidades y medidas que las entidades deben implementar para actuar en relación a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Este Plan describe las modalidades de dicha violencia, encontrándose entre ellas el acoso sexual en espacios públicos y el hostigamiento sexual, razón por la cual amerita que al interior de las organizaciones públicas empiecen a tomar conciencia para brindar una protección mayor y así se pueda reducir la situación de vulnerabilidad de las potenciales víctimas.

Tras la publicación de más de un instrumento legal sobre el acoso y hostigamiento sexual, el sector público debe asumir su responsabilidad y establecer mecanismos o instancias que permitan canalizar la denuncia de las víctimas de este tipo de delitos, más aún en situaciones en que la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación respecto al acosador. Creer que las oficinas de recursos humanos son las únicas responsables de gestionar las denuncias, es no considerar otras variables, por ejemplo, que pasa si la víctima denuncia a personas de confianza del titular de la entidad, o sí la víctima denuncia al alcalde o gobernador regional, ¿podrá la oficina de recursos humanos actuar con la total libertad para canalizar dicha denuncia sin que esta pueda verse afectada por presiones o amenazas?

Finalmente, uno de los aspectos que debemos cuidar es la no revictimización de la agraviada, así como la sensación de impunidad frente a estos actos. Esto implica repensar cómo se conduce la investigación del caso, pues brindar en más de una oportunidad el mismo testimonio en distintas instancias, con cero medidas de protección y sujeta a amenazas, afecta la integridad, libre desarrollo y bienestar como persona de la víctima.

 

-------------

Rubi Rivas forma parte de la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

[1] Noticia publicada en Diario La República con fecha 19 de febrero de 2019. Nota completa en: https://larepublica.pe/sociedad/1416284-brena-funcionario-municipal-denunciado-acoso-sigue-trabajando-alcalde-acoso-sexual-video

[2] Promulgado el 12 de Setiembre de 2018 en el Diario El Peruano.

[3] De acuerdo a la norma, se entiende por acosador a quien por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. Esto puede ser de forma reiterada, continua o habitual, o una sola vez.

[4] Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP.