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Una publicación de la asociación SER

Entre narcos y corruptos: la política secuestrada

Durante los últimos años, la presencia de actores políticos vinculados a la realización de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos y la corrupción, se ha convertido en un elemento cotidiano de la vida política del país, erosionando gravemente la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia y sus instituciones

Casos como los de los congresistas fujimoristas Edwin Vergara, denunciado por haber sido socio de un narcotraficante, o Moisés Mamani, cuya fortuna se afirma que tendría como origen el narcotráfico y es materia de investigación por el Ministerio Público, se suceden con regularidad sin que hasta el momento las autoridades estatales y las propias organizaciones políticas tomen las medidas necesarias para impedir que personas con estos cuestionamientos accedan a cargos públicos.

El ingreso a la política de este tipo de personajes no es gratuito, ya que su interés central es ocupar posiciones de poder a fin de obtener ciertos niveles de inmunidad (e impunidad) y al mismo tiempo acceder a la administración y disposición de fondos públicos con los que puedan seguir lucrando de forma ilícita. Este problema de por sí grave puede alcanzar mayores niveles de peligrosidad si es que no se adoptan medidas contundentes y efectivas antes de las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre de este año.

Si bien la tarea principal se encuentra en el Congreso de la República, que debe debatir y aprobar una serie de propuestas que buscan impedir la participación de personas que hubieren incurrido en actividades ilegales, y también garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales; parece poco probable que este Poder del Estado asuma su responsabilidad. Al contrario, nuestra clase política se empeña en demostrarnos una y otra vez que su principal preocupación es “proteger” a sus integrantes para evitar que estos sean procesados y sancionados por la justicia.

En Noticias SER consideramos que ante la pasividad e indiferencia del Congreso de la República para luchar contra la presencia del dinero ilegal en la política es necesario que otros actores del Estado cumplan con lo que la ley les manda, Por un lado, las autoridades electorales deben ir más allá de la verificación del cumplimiento de aspectos formales de la competencia política, fiscalizar y sancionar efectivamente a candidatos y organizaciones políticas que incumplan la ley; y en igual medida, las autoridades judiciales y del Ministerio Público deben atender con presteza las denuncias y agilizar las investigaciones para evitar que personas con antecedentes ilícitos asuman cargos de elección popular. Y la ciudadanía debe mantenerse alerta y no distraerse en las cortinas de humo que lanzan los cómplices de la corrupción.