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Una publicación de la asociación SER

Entre la precariedad laboral y la crisis sanitaria: La situación de los trabajadores agroindustriales

Foto: Codeh-Ica

Ana Lucía Araujo Raurau

Uno de los pilares del discurso que legitima el modelo del agronegocio en el Perú es la amplia y ascendente capacidad de las empresas agroindustriales para generar empleo formal. Efecto del progresivo crecimiento del sector y de su participación en mercados internacionales; lo que, a su vez, ha sido posible gracias al soporte sostenido del Estado a través de normas de fomento (como la Ley de promoción del sector agrario), la implementación de un régimen laboral que flexibiliza las relaciones de trabajo, y de subsidios públicos provistos con exclusividad a dichas empresas (Eguren y otros, 2017). Así, para el 2018, cerca de 300,000 personas fueron contratadas formalmente por las agroindustrias; aunque esta cifra ascendería al doble o triple si se sumase el empleo generado en rubros asociados según portavoces del gremio empresarial (Del Castillo, 2019). Como cereza del pastel de sus bondades, el sector se atribuye también los patrones de reducción de la pobreza y pobreza extrema de los territorios en los que operan.

Ahora bien, ¿cuál es la situación del sector agroindustrial en la crisis sanitaria en la que vivimos? El comunicado y posterior resolución emitida por el MINAGRI muestra evidentes contradicciones. Por un lado, enuncia la no paralización de la actividad agropecuaria con el fin de “asegurar la adquisición, producción, y abastecimiento de alimentos […] para la venta al público”-entiéndase, la producción esencial para el mercado interno-; por el otro, incluye en su listado el permiso de circulación al personal abocado a la “importación y exportación de productos agropecuarios”. Así, las grandes empresas orientadas por ejemplo, al cultivo de caña de azúcar para la producción de biocombustible, o de espárrago verde para la exportación al mercado europeo tienen pase libre para seguir. Como única restricción establecida, éstas pueden contratar sólo al número indispensable de trabajadores; disposición abierta que ha permitido, en la práctica, que las empresas sigan convocando a una vasta cantidad de asalariados a laborar en sus fundos.

La continuidad de las operaciones de las agroindustrias en el contexto de pandemia representa un desafío mayor en la gestión de su personal. Implementar el distanciamiento social, por ejemplo, una medida ampliamente recomendada y de gran eficacia para el control de los contagios implicaría una reingeniería mayor de procesos básicos como: el traslado diario de miles de trabajadores hacia/desde los fundos, o la utilización cotidiana de los comedores y vestidores. Esto, especialmente, cuando los procesos logísticos regulares o la infraestructura dispuesta están orientados a racionalizar al máximo el uso de dichos servicios o ambientes (en simple, más gente en el menor espacio y tiempo posible). Un impacto todavía mayor sufriría la organización del proceso productivo, tanto en campo como en planta, donde impera la producción lineal como método de control de la calidad y productividad del trabajo realizado.

Hasta hace menos de una semana, la implementación de ajustes para la protección del personal así como los costos derivados de los mismos eran asumidos a voluntad de las empresas. Algunas, por supuesto, no mostraron mucha disposición. La prensa regional reportó diversos casos de agroindustrias en la costa del país que no proveían a sus trabajadores de jabón, alcohol en gel, o equipo de bioseguridad alguno, y que seguían operando con el aforo máximo en buses y comedores. Recién el 4 de abril, el MINAGRI publicó el “Protocolo del sector agrario ante casos sospechosos del COVID-19”; documento que establece en detalle procesos para la identificación y seguimiento de casos sospechosos, probables y confirmados entre los trabajadores. Es bastante más escueto, en cambio, en materia de protección; limitándose a exigir el uso de mascarillas y guantes así como la implementación de cualquier otra medida adoptada por el Comité de Salud de la empresa.

Lamentablemente, la capacidad del Estado para fiscalizar estas medidas es mínima: dado que la fiscalización laboral no es considerada una labor esencial, SUNAFIL sólo realiza inspecciones remotas priorizando sus roles de prevención y asesoría técnica. Así, aunque se ha registrado que algunas empresas vienen tomando medidas extra de protección en aras de salvaguardar a su personal, estas siguen teniendo gran discrecionalidad en el manejo de sus operaciones en medio de la crisis.

El margen de decisión que tienen los trabajadores agroindustriales, en cambio, es mucho más reducido: necesitan trabajar para subsistir, incluso a costa de exponerse al contagio. A pesar de la formalidad y crecimiento del empleo, su situación laboral sigue siendo altamente precaria. En efecto, según Cuadros (2018), en los últimos años la variabilidad de la demanda de trabajadores e inestabilidad de las contrataciones se ha incrementado significativamente; perjudicando la duración promedio del empleo. En correlato, el autor demuestra que, a pesar del alza consecutiva de las remuneraciones, esta apenas supera o incluso está por debajo de la inflación anual de precios. En términos reales, el salario de los trabajadores agroindustriales está estancado y evoluciona muy lentamente (Cuadros, 2018). En síntesis: hay más empleo, pero es muchísimo menos estable, y los incrementos salariales apenas se traducen en una mejora efectiva del poder adquisitivo.

Como resultado, la remuneración que puede acumular un trabajador agroindustrial en el año se ha reducido; y, con esto, su aportación al sistema de pensiones, así como su posibilidad de acceder al seguro de salud agrario. Las trabajadoras mujeres se hallan en una particular situación de precariedad: reciben salarios menores y su estabilidad es todavía más volátil que la de sus pares varones. A pesar de la evidente vulnerabilidad de los hogares de trabajadores agroindustriales en esta crisis, es probable que las opciones dispuestas por el Estado los beneficien muy restringidamente: el grueso no está considerado como pobre o pobre extremo y no califica para el bono de s/.380; por su parte, sólo aquellos que no fueron empleados en la temporada de cosecha anterior –de agosto a diciembre, pico más alto de contratación- podrían acceder a retirar el pequeño monto acumulado en sus AFP.  

A fines del año pasado, la Ley de promoción del sector agrario se extendió hasta el 2031; incorporando ajustes a favor de los trabajadores, como el incremento del salario base y las vacaciones. Hace dos semanas, en Piura, obreros de las empresas Segurry SAC fueron amenazados con el despido definitivo ante su renuencia a trabajar, debido a la carencia de equipos de protección. Queda claro que, indistintamente de las concesiones que puedan otorgar las empresas, la alta arbitrariedad que poseen sobre el inicio y término de las contrataciones, les permite mantener un poder casi absoluto sobre las relaciones de trabajo. De tal manera que, administran la rotación de su personal, con el fin de reducir al máximo sus obligaciones a costa de reproducir la precariedad en la que viven los trabajadores.

Es por ello, que la crisis del coronavirus no ha resquebrajado las lógicas laborales, por el contrario, ha intensificado la dependencia: hoy más que nunca, los trabajadores agroindustriales necesitan mantener sus empleos, a pesar del gran peligro que implica exponerse a concentraciones masivas. Como es evidente, no serán  las empresas las que asuman los pasivos sanitarios y económicos que se generen en sus fundos: serán los trabajadores los que asuman con sus familias el deterioro físico y emocional de la enfermedad, y el Estado el que asuma los costos de la salud pública, así como las probables medidas de salvataje y subsidio que estas grandes empresas, a través de gremios, ya exigen en la actualidad.

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Bibliografía

Del Castillo, Laureano (2019) 35 años de subsidios para los agronegocios. La Revista Agraria. Año 20 (188). 8-11

Eguren, Lorenzo y otros (2017) ¿Liberalismo o mercantilismo?: concentración de la tierra y poder político en el Perú. Lima: CEPES, OXFAM

Gamero, Julio (2012) Derechos laborales y empleo en la agroexportación. Lima: REDGE

Cuadros, Fernando (2018, octubre 22) Resultados del régimen de promoción del sector agrario (Ley 27360) [Diapositivas de Power Point]

Velazco, Julia y otros (2015) Los trabajadores agrarios y la Seguridad Social en Salud del Perú. Lima: OIT