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Una publicación de la asociación SER

En defensa del movimiento de los derechos humanos en el Perú

El Perú es conocido internacionalmente por la histórica y contundente acción de diversos profesionales y activistas de la sociedad civil en contra de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas desde la década de los ochenta. La experiencia de este movimiento, que confluye hasta hoy en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ha sido tratada académicamente artículos e incluso en el libro “Violencia política y sociedad civil” de Coletta Youngers. Sin duda su acción puede y debe ser mejor día a día, a pesar de las limitaciones de recursos que -desde hace ya varios años- golpea a los ciudadanos y ciudadanas que se dedican de lleno a estas delicadas labores. Muchos son los fines de este Movimiento, pero en materia de casos asumidos quiero evidenciar dos: la férrea lucha contra el poder, la denuncia “caiga quien caiga”, y el apoyo a las víctimas .

En esas tres tareas se han pisado grandes intereses políticos, porque la lucha por los derechos humanos en el Perú y en el mundo es sobre todo una lucha de poder. Y por eso no es raro que cada cierto tiempo se desate una campaña contra estos organismos de la sociedad civil. Casos como El Frontón, el Baguazo, Barrios Altos, La Cantuta, Cabitos, etcétera, han puesto en jaque a los gobiernos de García y de Fujimori, líderes de partidos políticos que hasta el día de hoy están en el poder. Y que desde ahí, llaman de diversas formas al desconocimiento de sus responsabilidades, que se deben seguir investigando, así como al ataque político de sentencias que son cosa juzgada y que se niegan a reconocer. El movimiento de derechos humanos ha llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos varios de estos casos, y por ello es que se reabrieron en el Perú, casos como Barrios Altos, y por ello es que ahora podemos hablar de algo de justicia arrancada, porque aún el Ministerio de Defensa no ha querido dar información de los militares que estuvieron en el lugar de los hechos, y porque aún hay más de 15 mil desaparecidos que no encuentran la voluntad estatal para ser encontrados o saberse qué pasó con ellos.

Y este movimiento de derechos humanos fue más allá de su campo, y también denunció los delitos de corrupción, poniendo en evidencia cómo es que el sistema de justicia y el Congreso mismo “actúan” respecto de algunos poderosos. Los delitos de la corrupción del gobierno de Fujimori además fueron denunciados por abogados que pertenecieron al movimiento y que llegaron a ser procuradores del Estado como Ronald Gamarra, o Antonio Maldonado. Y en otros casos se denunció cada una de las incidencias judiciales del amparo que salvaron irregularmente a Alan García de los casos que la Megacomisión investigó, y se ha señalado claramente el estado de casos que comprometen a congresistas fujimoristas como Cecilia Chacón.

Hoy, en medio de la aparición de nuevos audios descubiertos sobre el caso Madre Mía por el que está denunciado Ollanta Humala (que muchos entienden, no sin antes decir que deben ser investigados a fondo, que serían parte de una jugada política para desviar la atención sobre cierto personaje político y el caso Odebrecht), hay una arremetida desde diversos sectores contra las organizaciones de derechos humanos. Que qué se hizo, que por qué personas de este Movimiento en las elecciones del 2011 llamaron a no votar por Keiko Fujimori sabiendo que Humala tenía el caso Madre Mía en su haber, que un supuesto odio por Fujimori ha hecho que se actúe indebidamente con Humala contra los principios de los derechos humanos. Preguntas manipuladas porque con ellas van imprecisiones y ausencia de información, preguntas que evidencian un falso espíritu de defensores de parte de seguidores del fujimorismo, o representantes de la derecha más conservadora, quienes no se preguntaron ni se preguntan hasta ahora por las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos de García yFujimori, u otros presuntos de corrupción.

El caso Madre Mía, por la violación a los derechos humanos de Natividad Ávila Rivera y su esposo Benigno Sulca Castro, fue denunciado por la CNDDHH. El caso se cerró, porque los testigos cambiaron su versión, y el otro proceso donde se analizaba esta presunta compra también se cerró (uno de los jueces que decidió ello fue Javier Villa Stein). Sin posibilidades en la justicia interna, el caso fue denunciado en el 2010 por la CNDDHH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ahí está -siguiendo el curso- una petición que solicita se declare la responsabilidad del Estado ya que éste debe seguir investigando el caso para dar son los responsables y sancionarlos . Pero claro, eso no lo dicen quienes han iniciado una arremetida manipulada con el movimiento de derechos humanos Hoy, que los audios dan nueva luz sobre la compra de testigos, y en consecuencia, sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso Madre Mía, la CNDDHH ha solicitado públicamente que se reabra entonces el caso en sede nacional (donde hasta ahora el caso estaba impune), impulsado por las mismas instituciones que participaron en el proceso por violaciones a los derechos humanos donde fue sentenciado Alberto Fujimori. Y como siempre, la CNDDHH sigue dando en esta nueva etapa el apoyo a las víctimas, es decir, a los familiares de los torturados y desaparecidos del caso Madre Mía. ¿Y respecto de ellas cómo han actuado los otros? Por cierto, Humala no es el único responsable: era 1992, y como tal corresponde investigar a los superiores militares y al Jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, que implementó esa estrategia de lucha contra la subversión, Alberto Fujimori.

Y sobre el particular, es necesario decir algo: existe una terrible brecha de desigualdad entre la defensa que tiene un presunto violador de derechos humanos demandado, y la víctima. “47 militares tienen más apoyo legal que 150 mil víctimas”, es el dato de Ojo Público. ¿Qué hacen esos actuales “defensores de derechos humanos”, en el poder (en el Congreso de la República por ejemplo), para reducir esa brecha? Nada. Urge legislar sobre ello para que el Estado dé prioridad al patrocinio de las víctimas de esos casos.

Madre Mía, cerrado en sede nacional, fue presentado entonces al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso, con fuertes contradicciones de los testigos claves, fue archivado a partir del material probatorio, por diversos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público del Perú (César San Martín, Javier Villa Stein, Víctor Cubas). A pesar de ello, fue un gravísimo problema cuando en el 2011 Ollanta Humala se presentó a la candidatura presidencial. La presidencia del país estaba tentada por el partido fujimorista, cuyos líderes tienen o debieron tener investigaciones para aclarar crímenes de derechos humanos, e incluso uno de ellos tiene sentencia (Alberto Fujimori) en su haber por esos delitos. Ollanta Humala también llegaba a tentar el sillón presidencial, con una serísima denuncia que quedó truncada por la contravención de pruebas centrales. Habiendo denunciado el caso al sistema interamericano, muchos profesionales del movimiento de derechos humanos tuvieron la difícil tarea de ver, entonces, los escenarios que se le avecinaban a la lucha por los derechos humanos. Una suerte de elección sobre con quién uno va a enfrentar, pues siendo los candidatos Humala y Fujimori, no había ilusión ni esperanza que valga para la lucha por los derechos humanos. Lamentablemente, uno de los dos iba a ser elegido pues los votos nulos jamás en el pasado definieron un escenario electoral como para evitar esas terribles opciones. Así salió elegido Humala, quien al final de su gobierno hizo algo impensable pero que a pesar de eso los familiares de las víctimas del conflicto no dejaron de exigir: la aprobación de la ley de búsqueda de los desaparecidos. Así de paradójica y difícil es la lucha por los derechos humanos.

Lo anterior, como se puede ver, no fue una tregua ni nada parecido con Humala como pretenden hacerlo ver ahora varios interesados. Todo lo contrario. El movimiento de derechos humanos siguió denunciando. El primer escándalo del “Brujas de Cachiche”, que le costó la baja al abogado Chehade entonces segundo vicepresidente de Humala, fue destapado por IDL-Reporteros. Y entre otras cosas, se denunció públicamente a su ministro del interior Daniel Urresti por el crimen de violación de los derechos humanos del periodista ayacuchano Bustíos. ¿Tregua? Ninguna.

Así el tan mentado odio que el fujimorismo dice se tiene contra el partido, viene no del movimiento de derechos humanos del país, sino, de quienes ahora pretenden atacarlo. No se es perfecto, pero sin duda el banquillo de los acusados no es el que le corresponde, y de lejos. Al final, seguimos del lado de las víctimas de diversas formas, y seguimos denunciando e investigando caiga quien caiga. Una muestra de ello: la investigación desde hace casi 5 años que IDL-Reporteros ha hecho del caso Odebrecht que ha  salpicado a todos los gobiernos, y más aún a uno cuyo partido ha decidido no investigarse en la Comisión Lava Jato del Congreso (sí, el fujimorismo).

Hay que ser coherentes, y por eso, hasta ahora se tiene una larga lista de espera sobre lo que el país necesita: reconocer que las violaciones a los derechos humanos no fueron errores sino crímenes; reconocer la autoridad de cosa juzgada de la sentencia de Fujimori por Barrios Altos La Cantuta y los secuestros agravados de Gorriti y Dyer, la investigación abierta o al menos la separación temporal de Joaquín Ramírez del partido al que pertenece (hasta que se aclaren las serias denuncias que hay contra él y que lo involucrarían con el narcotráfico), la búsqueda internacional de los tíos de Keiko Fujimori hasta ahora prófugos de la justicia peruana, la clara explicación de por qué la Comisión de Ética no sanciona debidamente a diversos congresistas, etcétera.

Lo que ahora toca también, y de forma urgente, es que los nuevos intentos de impunidad, vengan de donde vengan, sean detenidos. Y que a la sociedad se le pueda hacer conocer sin mentiras ni estereotipos lo que pasó en nuestro país con los derechos humanos y con la corrupción, para que estas historias no se repitan; y más aún si los responsables políticos aún tienen cuotas de poder y muy grandes en el Estado. Es gravísimo para la historia y la memoria (o las memorias) que no sea de otra manera.