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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

El uso médico del cannabis en el Peru

 

El 8 de febrero último, se produjo una intervención policial muy irregular de cuatro efectivos policiales del distrito de San Miguel que -alertados por una vecina-  encontraron plantas de cannabis y algunos equipos para su procesamiento en gotas y aceites. Los equipos y la producción siguen requisados, aunque no hay orden de captura contra las personas que habitaban el predio, se ha detenido el  proceso de producción de los aceites y por tanto, se ha recortado el acceso a un medicamento alternativo.

Se trataba del emprendimiento solicitado por un grupo de madres asociadas en el colectivo “Buscando Esperanza”, “Legaliza Perú”, “Regulación Ahora” y otros, con hijos que viven con enfermedades específicas, desde síndromes raros como el de West o Lennox, hasta casos de epilepsia refractaria. Ante la presencia de un enorme vacío del Estado peruano en materia de salud, ellas buscaron y encontraron una forma de hacer valer el derecho a la salud protegido constitucionalmente, pese a que las llevaba a los límites legales.

Desde hace ya muchos años, existe a nivel mundial la suficiente evidencia científica, que demuestran la capacidad que tienen -uno o a veces-  dos de los muchos principios activos del cannabis: el THC y el CBD, para detener las manifestaciones más evidentes y mejorar la calidad de vida de los pacientes  y de sus familias. Lo mismo sucede con el tema de la esclerosis múltiple, el dolor en el caso de enfermedades terminales y las náuseas.

Ante esta situación, el Gobierno a través de la Nota de Prensa 126/2017 del Ministerio del Interior lanzó el aviso que se proponía presentar un Proyecto de Ley sobre el tema, para permitir el acceso médico a los productos provenientes del cannabis. Como consecuencia de ello arreció una pequeña campaña mediática, en su mayoría a favor, salvo algunas dudas respecto del tema. Incluso el Colegio Farmacéutico, CEDRO, y por supuesto DEVIDA (el ente rector que para efectos prácticos es una dependencia de CEDRO) se pronunciaron con sus bemoles, a favor de la propuesta.

Lo cierto es que desde hace rato, se ha roto el tabú impuesto por las convenciones internacionales de control de drogas que pretendieron recortar el uso médico a las plantas maestras. Los resultados de la UNGASS 2016, el informe sobre el problema de las drogas de la OEA del 2013, las decisiones de diversas comisiones nacionales en Argentina, Uruguay, Colombia, han llevado que muchos Estados norteamericanos, países europeos, e incluso nuestros vecinos Chile y Colombia, permitan al menos el uso médico del cannabis.

De acuerdo a los colectivos organizados en el Perú, la propuesta del Gobierno, debe basarse en cuatro pilares fundamentales:

i)             Reconocimiento del auto cultivo de personas responsables, con un límite, para uso exclusivamente personal;

ii)            Legalidad de las asociaciones y clubes de cultivadores, debidamente registrados;

iii)          Establecimiento de un sistema de control administrativo de las fases de cultivo, cosecha, procesamiento y suministro, con participación de pacientes y/o familiares

iv)          No persecución de productores y usuarios de cannabis.

Al momento de terminar este artículo nos dirigimos a la Marcha que han organizado las madres y los colectivos ya mencionados, para que el Gobierno tome pronto decisiones.

Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH