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Una publicación de la asociación SER

El nuevo round: La justicia vs. Lecaros y “Los Cuellos Blancos”

En nuestro país, la ciudadanía, los jueces y los fiscales honestos están luchando minuto a minuto, para que la megacorrupción caiga. Una corrupción donde los empresarios tuvieron la batuta con todos los presidentes “democráticos”, incluido Alberto Fujimori, sobre quien no se dice ni investiga nada a pesar que en su gobierno hubo licitaciones con Odebrecht.

La particularidad de esta lucha es que en el otro bando, además de los empresarios nacionales e internacionales, los expresidentes del país, los congresistas fujimoristas y apristas; tenemos a jueces y fiscales que siguen en la Corte y en la Fiscalía Suprema. Los CNMaudios revelaron parte de esa red de interés, y lanzaron la pregunta: ¿para cuándo las investigaciones y sanciones a los jueces y fiscales que sirven de instrumento a las redes de corrupción y al crimen organizado? La pequeña purga que hubo con la caída de Fujimori no garantizó su no repetición. Que Hinostroza Pariachi esté en proceso de extradición no basta, más aún teniendo un informe de la fiscal Sandra Castro que apunta a actuales supremos en el poder, algunos de los cuales acaban de elegir al nuevo Presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros.

Es una situación que no ocurre sólo en nuestro país. En Brasil, donde el empresariado aprovechó su dinero para hacer de la corrupción una moneda de cambio en donde fuere recibida, la periodista Malú Gaspar escribió un artículo en la revista Piauí titulado “Dónde están las togas”; diciendo en alto un secreto a voces: “¿si había corrupción por todos lados, cómo así los magistrados no hicieron nada?” La pregunta alcanza a todo el sector jurídico, desde la academia hasta los litigantes. En nuestro país esta realidad ha comenzado a ser escudriñada en el caso más importante de corrupción, por ejemplo, con la denuncia que el fiscal José Domingo Pérez ha hecho sobre los abogados de Keiko Fujimori, bajo la tesis del evidente conflicto de interés y de presunta complicidad.

Así es como el sector jurídico se vuelve, literalmente, en el  enemigo en esta batalla histórica. Los abogados piensan su deber con el acceso a la justicia como una mercancía; mientras que jueces y fiscales se convierten en “abogados” de los investigados. Y lo hacen en diferentes formas: con discursos de desconfianza sobre quienes sí investigan y sancionan, cambiando de plazas bajo el nunca bien motivado formalismo del “necesidad del servicio”, restándoles o negándoles recursos para su labor, ahogándolos con investigaciones inmotivadas y papeleos innecesarios en plenas audiencias trascendentales de sus casos, aislándolos, y por último reinterpretando el derecho de forma literal para sacarlos de sus cargo. El mundo al revés.

Por esta razón, cada paso ganado en esta larga lucha debe protegerse. Uno de las batallas ganadas, además de la reincorporación de los fiscales Vela y Pérez o el mantenimiento de las fiscales Castro y Sánchez; es la posibilidad de que la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) revise y declare nulas las decisiones del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, para deshacer los frutos del pacto corrupto, y porque esa revisión compromete a los magistrados supremos ligados a “Los Hermanitos”. Todo lo que impida llegar tarde, y/o mal, a ese momento marcado por el inicio de funciones de la JNJ, es cómplice de esas redes que se quieren sancionar.

Un obstáculo es el actual presidente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si bien la JNJ tiene serios problemas que no necesariamente la hacen mejor que el CNM (eso va a depender de la vida que le den los nuevos “consejeros” a la ley orgánica y lo que les exija la sociedad civil), lo que el señor Lecaros debe hacer es proponer y apurar la limpieza de toda presencia de “los hermanitos” en la Corte Suprema. Nada de eso se escucha y por el contrario, Lecaros acaba de decir que se luchará por la inconstitucionalidad de la evaluación parcial del desempeño (cada tres años y medio) que la norma propone, así como por la anulación de las ratificaciones (que son cada 7 años).

Debe saberse que la evaluación del desempeño de los jueces fueron batallas ganadas por la Ley de la Carrera Judicial en el año 2008, y  sirve para evaluar qué tan bien están haciendo su trabajo los jueces . Y si no lo están haciendo bien deben dejar el cargo. El instrumento, si bien al inicio fue mal usado (hubieron decisiones no motivadas), cuando es ejercido debidamente es una herramienta esencial para que la magistratura sea eficiente y rinda cuentas a la ciudadanía. Este rol fue  corroborado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso “Jaime Amado Álvarez Guillén”, del 2004. Es gracias a ese mecanismo, por ejemplo, que pudo ser retirado un puñado de jueces cuestionados por sus sentencias en casos de violaciones de menores de edad, o el ex juez Gastón Molina del Callao, o el ex juez supremo Robinson Gonzales quien se vio involucrado en el caso Orellana. Lecaros, hoy, es quien se opone a ese mecanismo y todo su potencial.

La JNJ deberá revisar por ejemplo los nombramientos de jueces y fiscales supremos de los años  2015 y 2017. En el 2015 fueron nombrados César Hinostroza y Ángel Romero -en la formalidad ex partidario del APRA- quien fuera uno de los votos que hizo que Lecaros ganara la presidencia del PJ en diciembre pasado. Lecaros, como tal, será uno de los 7 que elegirá a los nuevos integrantes de la JNJ (que evaluarán el nombramiento de su votante), y es quien hoy está reclamando (en contra de lo que dice la ley) que él debe presidir ese Comité de Selección. Nada más perverso, si recordamos quiénes votaron para que esté donde esté, si recordamos que dijo no ver delito en los audios de Chávarry, y que ahora está yendo en contra del mecanismo de la colaboración eficaz que ha sido clave en el caso Lava Jato.

¿La JNJ hará algo con los supremos relacionados a “Los Hermanitos”? ¿Lecaros hará algo contra la impunidad de los supremos involucrados en el informe de la fiscal Castro? El que haya dicho que lo que ahora interesa es que las universidades hagan una buena elección de sus dos integrantes para la Comisión que elegirá la JNJ, con esos antecedentes, más suena a amenaza que a interés legítimo de una mejor justicia. Dicho sea de paso, el mecanismo de elección de universidades para esta instancia de justicia, que permitió la infiltración en el exCNM, sigue siendo en esencia el mismo.

La JNJ no es lo que el Perú necesitaba luego de la gravedad del escándalo revelado por los CNMaudios. Y si bien parte de esa responsabilidad es del presidente Vizcarra, como proponente de la fórmula legal aprobada; y si bien se le debe reclamar por no haberse esforzado por lograr algo mejor en el debate congresal, tampoco se puede decir que quien vaya contra ella es por un deseo genuino de una mejor justicia. Tras Lecaros están los votos de supremos comprometidos con los CNMaudios, ganó el cargo por primera vez en la historia sin la mayoría de los votos (le ganó el blanco/viciado), y a pesar de que indica que hay una Comisión de Ética del Poder Judicial que verá esos casos, nada asegura que habrá sanción.

En esta nueva etapa, donde la ley orgánica de la JNJ acaba de ser promulgada sin perspectiva de mejoras a nivel legal en el corto plazo, toca impulsar que se haga lo mejor con lo que hay. Eso es: 1) Que los rectores universitarios elijan, con posibilidad de tachas y con transparencia, al o la mejor entre ellos y que no esté ligado a los intereses ni de Acuña ni de Luna ni de Ramírez ni de alguien parecido, 2) Que Zoraida Avalos como Fiscal de la Nación llegue a integrar esa Comisión de Selección de la JNJ, 3) Que se cuestione la participación de Lecaros pues no da la mínima garantía de imparcialidad , 4) Que se vayan perfilando las mujeres y los hombres que pueden dar la lucha contra la corrupción desde la JNJ, 4) Que comiencen las denuncias públicas sobre las decisiones del CNM que deben ser anuladas, con toda la información acumulada que tenga este organismo.

No dejemos que los cómplices de la corrupción nos lleven a un debate “hasta las calendas griegas" como decía Vladimiro Montesinos. Y no bajemos la guardia. Mientras estemos alertas y vigilantes a lo que ocurre en la Corte Suprema y en la Junta Nacional de Justicia, podremos lograr que la balanza se incline del lado de la justicia. ¡No bajemos la guardia!