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Una publicación de la asociación SER

El negacionismo criminaliza las ideas

Una inusitada polémica nacional ha generado la reciente aprobación del proyecto de ley de Negacionismo, presentado por el Ejecutivo al Congreso.

Dicha iniciativa legal pretende sancionar ocho y doce años de cárcel a quienes nieguen la violencia terrorista senderista, pero excluye interesadamente de la misma a los que intentan justificar la violencia terrorista de Estado, amparada desde las más altas esferas durante el régimen fujimorista.

En consecuencia, para este proyecto de ley sólo existe el terrorismo senderista y no el terrorismo de Estado. Aunque bajo esta premisa, si no existió en nuestro país este último terrorismo, no nos explicamos entonces por qué está sentenciado y preso el ex dictador Alberto Fujimori bajo cargos de lesa humanidad.

El ex fiscal del caso Fujimori, Avelino Guillén, se pronunció recientemente en contra de este torpe intento y despropósito del Ejecutivo al considerar que criminalizar las ideas no es algo conveniente para la democracia peruana.

Así pues, Guillén, fue categórico al señalar: “No se puede penar el derecho de pensar y opinar, no se puede penar la investigación”.

“Mire usted, ayer yo justo veía en un canal a un congresista de Fuerza 2011. Él señalaba que para ellos las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta no son terrorismo de Estado, que son hechos aislados. O sea no reconocen el terrorismo de Estado por el cual un ex presidente ha sido sentenciado a 25 años de pena privativa de libertad. Niegan un hecho, niegan matanzas crueles y bárbaras. Yo me quedo con el tipo penal de apología del delito, no se puede estar creando una serie de normas y de delitos para pretender calificar todo tipo de conducta, no se pueden criminalizar las ideas”, agregó.

Pero analicemos un  poco más este absurdo proyecto de ley del ejecutivo.

¿Y cuál será la historia oficial?

El “negacionista”, en la práctica, discutirá detalles concretos de la historia y tanto el fiscal que lo denuncie como el juez que lo sancione tendrán que escoger una versión particular de los hechos. ¿Cuál tomarán como la historia oficial? Pues la que ellos, subjetivamente, prefieran. Y de eso, finalmente, dependerá a quién se envía a prisión.

Alguien, sin embargo, podría pensar que esto se soluciona limitando el delito de negacionismo a actos terroristas confirmados en un proceso judicial o por la CVR. Esta alternativa, sin embargo, enfrenta el problema de que la Constitución reconoce el derecho de toda persona a criticar las sentencias, por lo que una ley que prohíba discutir lo que establezca un juez sería inconstitucional.

Proteger este derecho, por lo demás, no fue un capricho de los constituyentes. La razón es que parte del principio de que los jueces yerran y de que la única manera de no repetir sus errores es discutiendo sus fallos.

No olvidemos, por otra parte, que nunca faltan sentencias contradictorias (o es que, por ejemplo, ¿ya nos olvidamos que según una Sala de la Corte Suprema los crímenes del grupo Colina son de lesa humanidad y según otra no lo son?). En estos casos, ¿cuál sería la verdad oficial?

En consecuencia, no podemos construir una verdad oficial.

Sendero, que nadie lo dude, sigue y seguirá amenazándonos. Pero la manera de silenciarlo no es con una ley que nos divida, al permitir que quienes estén en el poder amordacen y castiguen a los que no comparten su versión de la historia.

Tampoco se trata de reinstalar en nuestro tiempo, a través del Negacionismo, a los juzgados de la Santa Inquisición o a los Jueces Sin Rostro del fujimorismo.

La verdad de la milanesa

Alan García tuvo la innoble distinción de criminalizar la protesta social (dejó un saldo de 180 muertos durante su gestión), y ahora Ollanta Humala busca afanosamente criminalizar las ideas y el derecho a disentir políticamente.

Pero lo que realmente está en juego es la debilidad política del régimen humalista en el interior del país que se expresa a través de la existencia de 280 potenciales conflictos sociales, de los constantes reclamos salariales de un gran número de gremios y dependencias públicas, y de las masivas protestas sociales de corte ambiental.

Existe un evidente interés del gobierno, ayudado por la derecha mediática, de presentar al Movadef como una organización ubicua y omnipresente que está detrás de todas las protestas sociales y de darle una importancia que no le corresponde. Todo ello, a efecto de magnificar su amenaza y de intentar convencernos que el terrorismo senderista es hoy por hoy un peligro para la seguridad nacional.

Sin embargo, en los foros internacionales el propio presidente Ollanta Humala no se cansa de señalar (desmintiendo con ella a la derecha mediática) que el fenómeno del narcoterrorismo en el VRAEM es algo focalizado y controlado y que no representa ninguna amenaza para nuestra seguridad nacional y tampoco para los inversionistas extranjeros que desean invertir en nuestro país.

¿A quién le creemos entonces: a los que sostienen, para el consumo interno, que la pradera está a punto de incendiarse en nuestro país; o al presidente que jura y perjura en el frente externo que no existe tal amenaza?

Lo cierto es que la sobredimensión del terrorismo y del Movadef van a servir para descalificar y satanizar a los potenciales 280 conflictos sociales una vez que éstos exploten, utilizando como pretexto y justificación para su violenta represión denuncias y acusaciones de que el senderismo y Movadef atizan y dirigen dichos conflictos.

Pero para que ello tenga éxito, hay que negar a través del Negacionismo el derecho de los peruanos a opinar y del encarcelamiento de los opositores criminalizando previamente sus ideas.

Tiempos muy oscuros se avecinan para la democracia peruana.