Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

El mal son de La Parada

Casi todos fuimos testigos de los hechos violentos y llenos de salvajismo que enlutaron al país entero en octubre del año pasado y que pusieron en jaque a las principales autoridades encargadas del orden público. Casi todos menos uno, aparentemente: el juez Malzon Urbina, actual titular del 56 Juzgado Penal de Lima. Este cuestionado jurista (que declaró prescrito el caso de El Frontón, tuvo presunta inconducta funcional al declarar fundado un Hábeas Corpus a favor de un narcotraficante vinculado al caso Hayduk, tiene una actual investigación abierta por la OCMA y ni siquiera está habilitado por el Colegio de Abogados de Lima – CAL), ha puesto la cereza sobre la torta de cumpleaños en el día de los abogados.

Urbina ha emitido una resolución a favor de un grupo de comerciantes del conocido mercado de La Parada, en la cual ordena, con todo el poder que le otorga su cargo, el retiro inmediato de las fuerzas policiales ubicadas en el perímetro del Ex Mercado Mayorista N° 01 y calle adyacentes, además del retiro inmediato de los bloques de cemento para evitar el ingreso de los vehículos de carga pesada y la cobertura de las zanjas abiertas para evitar el tránsito (también) de vehículos de carga pesada. Llena de errores ortográficos, sintácticos y hasta con inexplicables citas referentes a Sancho Panza y a épocas de Ramón Castilla, la resolución de Urbina también ha sancionado que la alcaldesa de Lima habría incurrido en el delito de falsedad genérica y falsificación de documentos múltiples. Además, señala que el ministro del Interior tiene responsabilidad penal en el trato discriminatorio a los comerciantes (el día del desalojo).

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde las redes sociales (twitter y facebook) se ha compartido mucha información respecto de los antecedentes de este jurista y las consecuencias políticas que su fallo puede traer. Desde la Municipalidad de Lima, la propia Susana Villarán ha calificado la resolución de Urbina como un sabotaje a la ciudad y un atentado contra el Estado de Derecho. El mismo CAL también señala que el fallo en cuestión va en contra del derecho, la razón y el sentido común. Ministros y congresistas también han mostrado su preocupación por este suceso. Incluso los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Santa Anita (los trasladados) deploraron el fallo y apoyaron las acciones tomadas por la alcaldesa, el ministro del interior y la Policía Nacional.

Pero, ¿qué llevó al juez a determinar tan cuestionado fallo? Algunos argumentan el poder adquisitivo de los comerciantes del ex mercado mayorista. Otros señalan intereses propios (políticos) de Urbina. Sin embargo, resulta imperativo que consideremos que la sentencia puede ser apelada y que este es un tema de interés nacional hasta ahora muy sensible. El fallo en cuestión no solo va en contra del orden, de la seguridad y de la sanidad pública, sino que también afecta el Estado de Derecho y la calidad de justicia que tenemos en el Perú.  ¿Vamos a llegar a algún tipo de progreso/desarrollo con autoridades que no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál es mejor bien público para la ciudad?, ¿con autoridades cuestionadas que ponen en duda la seriedad de su trabajo?

Aparentemente algunos actores públicos del Poder Judicial se están pareciendo al actual presidente interino venezolano, quien recientemente señaló que Chávez se le apareció como un pajarito chiquitico y lo bendijo. ¿Fundamentos para declarar fundado el Hábeas Corpus que se basan en Sancho Panza y en anécdotas de la época de Ramón Castilla? ¿Dónde estamos?