Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

El falso Aleph de Alberto Vergara

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Jorge Frisancho

En un artículo reciente, el politólogo Alberto Vergara propone un símil entre la crisis causada en el Perú por la pandemia del covid-19 y la figura Borgeana del Aleph: la crisis sería, dice, un "Aleph peruano", un "punto exiguo" en el que "convergen las trayectorias de largo y mediano plazo" que le han dado al país su forma contemporánea. A primera vista, el símil puede parecer iluminador. En mi opinión, no lo es; en todo caso, lo es menos de lo que Vergara parece haber creído, y ese desajuste resulta significativo.

Hay varias razones por las cuales la figura del Aleph no hace adecuadamente el trabajo que Vergara le asigna. Mencionaré solo una: en el cuento de Borges, el Aleph es un objeto de contemplación pura, una experiencia inefable que no puede ser comunicada ni transmitida a otros. Quien lo ve, ve en un solo punto y en un solo momento, perfectamente claro y perfectamente distinto, todo lo que ha existido, todo lo que existe y todo lo que existirá. El lenguaje humano no puede abarcar tan absoluta simultaneidad. No podemos decir el infinito; cualquier intento será necesariamente una falsificación (es decir, será literatura). Esto es lo que muestra el Aleph de la calle Garay, escribe Borges: "el inconcebible universo". En suma: el Aleph del cuento lo muestra todo, pero no explica nada. La enumeración que hace Borges de lo que contempló en él es minuciosamente caótica y multicategorial, híbrida, profusamente incausada, y ese es el andamiaje de su potencia estética. Como relato breve, es una obra maestra. Como punto de vista para la politología, sin embargo, deja demasiadas cosas fuera. Y las cosas que deja fuera son las que más importan.

Por supuesto, no se trata de tomar literalmente el gesto retórico de Vergara o atribuirle más peso que el que le corresponde. El párrafo anterior podría ser apenas el apunte marginal de un lector quisquilloso, si no ayudara a ilustrar un problema de fondo con la perspectiva que el autor adopta, no únicamente aquí sino también en sus celebrados trabajos anteriores. No soy el primero en subrayarlo (ni siquiera es la primera vez que lo subrayo yo mismo): Vergara, un ensayista por lo demás notable cuyos insights con frecuencia resultan sugerentes y valiosos, tiende a volver borrosas las relaciones estructurales e históricamente constituidas entre el orden social, el orden económico y la forma del Estado, de modo que esta última aparece en su trabajo más como un accidente que como la resultante de procesos concretos que puedan engarzarse, en última instancia, en una cadena causal.

Quizás ese sea, en parte, un hábito de su disciplina: por razones obvias, la politología necesita afirmar la esfera política como un campo autónomo, compuesto por fenómenos y dinámicas claramente diferenciables de otros órdenes de la realidad. El ejercicio es válido y útil para el análisis, sin duda; el riesgo está en confundir su validez y su utilidad con el estatus ontológico de los objetos que construye y observa, atribuyéndole a aquella autonomía una condición de necesidad y desdibujando su carácter histórico, su existencia como efecto. Si se me permite ser grueso (y algo injusto), diré que eso es precisamente lo que hace la politología peruana, o al menos, cierta politología peruana, en particular la que se distribuye y se consume fuera de los espacios académicos: habla como si toda esfera política fuera siempre y por definición autónoma, y se traba al verse confrontada con una que no lo es, sobre todo si no lo es debido a causas que se enraízan fuera de la política propiamente dicha, en respuesta a determinantes que se entienden mejor desde la historia social o desde la economía.

Esto no quiere decir, por supuesto, que un politólogo inteligente como Vergara no pueda ver que ciertas esferas políticas no funcionan como su aparato teórico afirma que deberían; quiere decir que escoge hablar de su funcionamiento como un fallo, una anomalía, un problema pendiente, una promesa incumplida, pero nunca como la naturaleza misma del objeto al que se está enfrentando.

Así, un Estado como el peruano aparece deforme en contraste con un objeto ideal (e idealizado), en vez de aparecer como el resultado de una historia específica, es decir, como aquello a lo que esa historia ha dado precisa forma. Así también, la receta siempre termina siendo adecuar el objeto a aquella idealización, por ejemplo "fortaleciendo las instituciones" para hacerlas más inclusivas, como si la exclusión no fuera precisamente lo que define, por razones históricas, nuestro orden institucional, o como si excluir no fuera lo que nuestras instituciones hacen desde sus fundamentos, o como si fuera verosímil el proyecto de fundar una institucionalidad inclusiva sobre la base de este orden social y económico, definido a lo largo de toda su historia por la dominación y la explotación de poblaciones enteras a las que se les niega carta de ciudadanía. Poblaciones, es decir, a las que por necesidad se excluye, pues su exclusión es el orden de la sociedad peruana.

La forma de la crisis

He escrito antes, en un contexto distinto, sobre las limitaciones que encuentro en este tipo de aproximación a la realidad política. No abundaré en eso aquí. Quiero resaltar más bien algunas consecuencias que la adopción de esta perspectiva tiene en "La crisis del COVID-19 como Aleph peruano", el artículo de Vergara al que me referí al inicio.

Vergara identifica así la forma de la crisis presente: a pesar de haber dictado pronto medidas razonables para contener el avance de la pandemia y atenuar sus efectos más catastróficos, el Estado peruano ha fracasado en toda la regla; dos décadas de crecimiento sostenido, acumulación de reservas y éxitos macroeconómicos dignos de envidia no le han alcanzado para contener el virus. Esto se debe, explica, a que el crecimiento económico estuvo acompañado de pronunciada inercia en las demás funciones de gobierno, fruto de una "combinación perniciosa" entre actores económicos y actores políticos que encontraron de mutuo beneficio la continuidad del statu quo. Hubo plata, dice Vergara; qué hacer con ella, sin embargo, fue algo que "nadie se planteó".

Este esquema es inexacto: la pérdida de funcionalidad del Estado peruano en las últimas décadas, su debilitamiento o el abandono de oportunidades para reforzarlo no es una "inercia". Es un programa explícito sobre el que las élites económicas y sociales han insistido sin pausa, y que sus voceros propagandizan por todos los medios imaginables. Escandalosamente, lo hacen incluso hoy, en medio de una pandemia, mientras miles de sus compatriotas más pobres enfrentan durísimas agonías y dolorosas muertes por falta de recursos para su atención: nos siguen diciendo que el Estado no sirve, que el lucro privado es sacrosanto y que el mercado libérrimo y desregulado es la única respuesta.

Más aún, no se trata de que los "actores económicos" y los "actores políticos" hayan encontrado un equilibrio mutuo, como si aquella fuera una negociación inter pares. Se trata, al menos desde mediados de los años 80, de una captura efectiva de organismos e instituciones clave por parte de grupos de interés económico perfectamente identificables, los cuales legislan y reglamentan a su exclusivo favor y bloquean activamente, a través de sus operadores y desde dentro del Estado mismo, cualquier golpe de timón. Los "actores económicos" no se presentan ante un Estado en principio neutral para "exigir" que los ejes de la política económica se mantengan inalterados (la imagen es de Vergara); no tienen que exigirlo, pues ellos mismos diseñan y manejan esa política, y amoldan continuamente los detalles a la mejora de su rentabilidad, con frecuencia redirigiendo bienes públicos hacia el beneficio privado. Los "actores políticos" —organizados mayormente como mafias y redes de clientelaje, con fichas tecnocráticas que circulan entre el sector público y el privado a través de diversas puertas giratorias— están en lo esencial a su servicio, como lo están segmentos enteros de la burocracia. Y quienes no lo están, son demolidos.

Así, Vergara puede describir a funcionarios como Julio Velarde del BCR y María Antonieta Alva del MEF como "profesionales sólidos" que "tomaron decisiones desde una macroeconomía sana" y dejar el tema ahí, ignorando su repetida actuación como agentes muy poco encubiertos de aquellos "actores económicos" que promueven la ineficiencia y el debilitamiento de las funciones de gobierno. Para el periodo de pandemia del que el artículo se ocupa, esa actuación incluye el asolapado reparto de créditos de bajo interés del programa Reactiva Perú a grandes grupos económicos que se los transfieren unos a otros sin proteger el empleo, escatimándoselos a las empresas medianas y pequeñas que dan trabajo a la mayor parte de la PEA y debieron ser sus destinatarias (hay plata, y hay también quienes saben a la perfección qué hacer con ella). Incluye, asimismo, la prolongada negativa del gobierno a movilizar los recursos de la industria privada de la salud para atender a la población a un costo accesible, a pesar de que las leyes vigentes lo posibilitan de manera explícita. Si fuera a abrirse el horizonte a un periodo más amplio, los ejemplos se multiplicarían al infinito; lo que todos ellos muestran es que incluso cuando la burocracia o los gobernantes tienen alguna voluntad de negociar con los "actores económicos" -en vez de simplemente acceder a sus pedidos o responder a sus necesidades- lo hacen desde una posición de debilidad, casi siempre como una performance para los titulares y las pantallas antes que mediante acciones con contenido político sustancial.

Una promesa plutocrática

En un sentido más general, Vergara parece entender la "inercia" del Estado peruano como algo independiente de los intereses a los que beneficia, aunque aliada a ellos por razones circunstanciales, y es así que concibe la "promesa" del capitalismo (supuestamente cumplida) y la "promesa" de la vida republicana (supuestamente incumplida) como dos fenómenos separados y distintos que podrían, y deberían, alinearse mediante una decisión política, sin necesidad de una transformación radical en el orden económico o de una ruptura en las estructuras sociales. Lo que una mirada como la suya no puede identificar o nombrar, incluso si consigue verlas como parte del universo inconcebible que contempla, son las relaciones que dan forma a la totalidad en la que ambas "promesas" se conjugan y se ordenan. No puede nombrarlas porque no son, en lo fundamental, relaciones políticas, sino económicas y sociales. Más específicamente, son relaciones de clase, una categoría que este método de análisis, de manera casi literal, no puede concebir.

De hecho, lo que esas relaciones de clase operan en el Perú es lo que el sociólogo Félix Reátegui llama una "anulación de la política como espacio organizado de competencia sobre el poder", adelgazando hasta la parodia sus instituciones (partidos, sindicatos, prensa) y cancelando su funcionamiento como espacio para la coordinación de lo social. Reátegui describe esto como una "dictadura de nadie", en la medida en que no es la dictadura de actores estables, y tiene razón. Pero es posible también describirla como una dictadura del capital, y no solo en los términos generales que la teoría marxista sugiere, sino también en un sentido que emerge muy específicamente de la historia del Perú, tanto la de largo plazo como la de los últimos 40 años, que son los de la restauración estructural de un orden plutocrático sobre el conjunto de la sociedad.

Por supuesto, Vergara no ignora que la historia del Perú es mucho más larga que los últimos veinticinco años y no desconoce la vasta bibliografía sobre sus "deformidades". En la última parte de su ensayo conecta breve pero acertadamente la prosperidad macroeconómica de los tiempos recientes con la de la era del guano —una bonanza postiza y efímera que no democratizó un ápice las relaciones sociales o la esfera política, ni generó opciones de desarrollo económico sostenible— y trae a colación la idea de que el Estado republicano nació en el Perú "condenado a la atrofia", debido a las profundas desigualdades sobre las que se erige. Pero más allá de advertir al lector sobre el "oscuro determinismo" de estas nociones, no parece sacar de ellas ninguna conclusión, y no parece encontrar en ellas ninguna respuesta. De hecho, no encuentra ahí ni siquiera una pregunta. Si el Estado peruano contiene el virus de la incapacidad desde su fundación independiente, o incluso desde antes, esperar que supere su "inercia" porque se la nombra es como querer curar a un paciente grave diciéndole "mejórate" y dándole palmadas en la espalda. Sin una noción clara de las causas de la enfermedad (es decir, sin una dosis de ese determinismo económico y sociológico contra el que Vergara nos alerta), es poco lo que se logra.

Es posible que Vergara, quien escribe con genuina indignación sobre las hipocresías, egoísmos y crueldades de nuestras élites, haya intuido el impasse al que deriva su argumento. Hacia el final, se pregunta "si realmente queremos los peruanos dejar de chapotear en esa agua estancada", y se responde que quizá no; quizá, escribe, este estado de cosas —vivir en una anti-república sin ley y sin fraternidad— sea "deseado de arriba a abajo, por el ambulante que se apropia de la vía pública y por el empresario que cabildea una excepción tributaria". El lector, dueño de las mismas indignaciones, estará tentado de asentir, pero el concepto es abusivo. Esas acciones, la del ambulante y la del empresario, no son equivalentes en su origen o en sus consecuencias, y requerirían por tanto de remedios distintos. En última instancia, no todos "los peruanos" nos beneficiamos por igual de nuestra anti-república, ni ejercemos sobre ella igual influencia o poder de decisión ni tenemos realmente los recursos materiales necesarios para desear algo distinto (y menos para construirlo). Muchos estamos obligados a lidiar con lo que existe, so pena de supervivencia, mientras otros truncan intencionalmente las capacidades del Estado para aumentar sus propias rentas.

En esto, en otras palabras, no hay tal cosa como "los peruanos". Pero para entender esta realidad cabalmente —y mejor aún, para cambiarla— quizá sea necesario ver nuestro país ya no como aquel inconcebible universo Borgeano sino genuinamente como el producto de su historia, y entender que la forma contemporánea de nuestra política no es en realidad una promesa pendiente: es una promesa que se ha venido cumpliendo durante doscientos años y se sigue cumpliendo cada día, aunque no nos haya sido hecha a todos ni seamos todos sus beneficiarios.

(Agradezco las sugerencias y comentarios de Félix Reátegui, Rodrigo Quijano y Alonso Almenara, oportunos y precisos siempre. La conversación continúa).