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Una publicación de la asociación SER
Responsable regional Aprodeh-Apurimac y activista de derechos humanos.

“El dolor que no nos importa”

Apurímac y sus desaparecidos

Hablar de la violencia política que vivió nuestra región y país es “volver a abrir las heridas y remover el pasado”. Hablarlo, “no ayuda a cicatrizarlas sino a revivir el dolor”. Innumerables veces escuchamos estas afirmaciones desde que la CVR inicio su trabajo en el 2001. Pero no solo en la elite limeña, sino también en los sectores dominantes de la sierra como Abancay. Sin embargo, para ser más exactos, también la hemos oído en los sectores populares de ambas regiones.

Confortablemente insensibles miembros de la elite limeña representada por políticos, militares, religiosos, empresarios y comunicadores, impulsaron ayer y defienden hoy esta idea de “no abrir las heridas” y por tanto olvidar y/o negar el pasado. En Abancay, si bien esta afirmación no se expresa con el descaro de la derecha limeña bruta y achorada, esta percepción se constata de manera subrepticia en los sectores acomodados de la ciudad. Al ser Abancay una zona que no experimento con fuerza el proceso de toma de tierras y no haber sido receptora importante de ideologías de izquierda y por tanto no haber vivido la alta politización de los años setenta del siglo XX, gran parte de la mentalidad abanquina suele parecerse más al imaginario del periodo estamental que caracterizo al país hasta antes de aquella década. Ello, sumado a que Abancay –ciudad- vivió con menor intensidad los impactos de la violencia a diferencia de Aymaraes y Andahuaylas, explicaría, en parte, la semejanza que este sector abanquino tiene con el discurso indolente del sector limeño señalado. De hecho, el 2010, cuando el Instituto de Estudios Peruanos presentó el documental “Chungui; horror sin lagrimas” una señora increpo “Para que abrir las heridas, solo buscan generar odio, eso hay que olvidarlo”, o cuando el 2005 un funcionario me dijo “Para que dar dinero (reparaciones) a los indios (víctimas) si no saben que van a hacer”.

“Queremos pero no podemos olvidar”

En contraposición a esta postura, desde la sociedad civil, más precisamente desde la orilla que reivindica los derechos de las víctimas y sus familiares, se suele afirmar lo contrario. Se suele afirmar que “es necesario recordar y hacer memoria para que no se repita la barbarie”.  Sin embargo, ¿qué idea señalan, sienten y afirman quienes sufrieron directamente los embates de ese pasado de violencia política?, ¿Cuál es su postura sobre recordar u olvidar?. En las numerosas conversaciones desarrolladas en diversas provincias y distritos de Apurímac una frase es constantemente señalada; “queremos pero no podemos olvidar”. Así, mientras para muchos la idea de olvidar/negar versus recordar/hacer memoria es una opción “posible” de elegir, para otros –también apurimeños y peruanos- este versus, esta opción de elegir se presenta como un imposible, como un absurdo. No porque no quieran, no porque no se deba, como lo afirma desde una perspectiva moral el movimiento de DDHH, sino porque sencillamente No pueden!

La frase “queremos pero no podemos olvidar”, insistimos, revela que mientras otros si pueden (podemos) elegir la posibilidad de olvidar o negar ese pasado de violencia como lo hacen los sectores conservadores de ambas regiones; reivindicarlo y recordarlo como lo hace el movimiento de DDHH; o tomar “distancia” como hacen los intelectuales, las víctimas y familiares, viven ese pasado como un presente constante e indeleble. Así, es imposible negar, ignorar, tomar distancia u olvidar. “Como voy a olvidar como han matado a mi esposo, si yo he visto como ha sufrido en mis brazos”, “mi corazón me duele, quiero olvidarme pero no puedo, siempre está ese recuerdo”,  son expresiones de numerosas personas que tuvieron la desgracia de ser objeto, no de los excesos como los llama el MOVADEF, las FFAA y el Fujimorismo, sino de los crímenes contra los Derechos Humanos producidos durante la violencia por senderistas y militares.

Así, haciendo nuestro ese sentimiento de “querer pero no poder olvidar”, uno no deja de sentir sino indignación por lo poco que se avanzo en implementar integralmente el conjunto de recomendaciones de la CVR. Ya ni siquiera en el terreno de las políticas transformativas o reformas institucionales, pues gran parte de nuestra clase política nacional y regional ni las comprende, sino en aquellas políticas afirmativas –reparaciones integrales, judicialización y búsqueda de desaparecidos- que debieron –deben- resarcir los derechos vulnerados de miles de conciudadanos, sobre todo campesinos. Ciertamente no se niega aquí algunos avances impulsados desde la CMAN, el Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Reparaciones de Apurímac que abordaremos en otra ocasión. Lo que preocupa es la descomunal marginalidad que esta agenda ocupa en el conjunto del Estado central y regional desde hace diez años, más aún si consideramos que vivimos un crecimiento económico sostenido cuyo éxito es muy celebrado a lo largo de este tiempo con la famosa “marca Perú”.

El dolor que no nos importa

Pero no solo el Estado ha mostrado limitada empatía con la agenda que debe reivindicar el derecho de las víctimas. También los partidos y/o agrupaciones políticas hacen lo propio y hasta con descaro. El Fujimorismo y MOVADEF, por ejemplo, han hecho nula autocritica sobre su participación en torno a la violencia al punto de plantear posturas antidemocráticas como indultos o amnistías para violadores de Derechos Humanos. O cuando vemos como el nacionalismo, léase gobierno, plantea la peligrosa “Ley de Negacionismo” tan aplaudida por las FFAA y varios partidos de derecha, incluido el APRA. O cuando vemos el retorno de discursos totalitarios como el “pensamiento Gonzalo” reivindicado por MOVADEF que no es otra cosa que Sendero Luminoso.

La existencia de estas propuestas no hace sino revelar la poderosa vigencia del profundo desprecio que existió y existe en nuestro país y región para con el grueso de las víctimas peruanas y apurimeñas. Por ello es comprensible lo señalado por un líder comunero de Tanta (Toraya) cuando le pregunte su opinión sobre la amnistía para violadores a DDHH propuesta por el Movadef. Dijo, “¿Qué significa la justicia para ellos (Movadef)?. ¿Ósea que nuestra vida no vale, nuestro dolor no les importa?” Así los hechos, no es exagerado señalar que la justicia para con las víctimas sería algo de la cual se podría prescindir desde algunos sectores. Sectores en el cual sigue vigente el desprecio por la vida de un sector de peruanos.  

Pero esta particularidad, aunque subrepticia como dijimos, también se encuentra instalada en un gran sector del poder político y de los medios de comunicación de Abancay. De otro modo no se entiende la constante indiferencia que evidencian las altas autoridades y funcionarios en torno a las  conmemoraciones anuales a las víctimas de Chaupiorcco o Toraya, y menos aún, al hecho histórico que significo la entrega de los 26 restos de apurimeños muertos durante la violencia política. Ni una sola nota de prensa de solidaridad con los familiares a excepción de la CMAN. Pero tampoco se entiende el casi inexistente tratamiento que la prensa local televisiva y radial dieron al hecho. Apenas dos diarios reprodujeron la noticia de los diarios limeños.  

Necesario reconocimiento a los desaparecidos de Grau y Cotabambas

Por ello, en este contexto adverso cabe resaltar el trabajo de la 3° Fiscalía Provincial Penal de Abancay, la Fiscalía Provincial de Cusco, el Instituto de Medicina Legal, la Cruz Roja Internacional y la CMAN, que luego de haber exhumado los restos entre octubre y noviembre del 2012, organizaron la entrega de los mismos a sus familiares el 18 y 19 de febrero en Cusco. Los 26 restos -24 varones y 2 mujeres- pertenecientes a las localidades de Haquira, Mocabamba, Iqmapata y Cochac Despensa, provincia de Cotabambas; y de Cruz Pata y Progreso, provincia de Grau, según notas aparecidas en la prensa escrita de Lima y Cusco, fueron asesinadas en su gran mayoría por Sendero Luminoso. La razón, haber sido “autoridades del viejo estado” y/o comuneros de buena posición económica que en jerga senderista eran vistos como “pequeño burgueses”. Pero también se señala la muerte de tres niños por las FFAA.

Por todo lo dicho, desde esta orilla queremos expresar nuestra solidaridad con los familiares de; Juan Lima Peña, Estanislao Gonzales Bravo, Rigoberto Vizcarra Olguín, Ernesto Valdivia Gallegos, Marcelino Rendon Cabana, Florencio Torres Gayme, Nelson Torres Gayme, Walter Gayme Alfaro, Mario Máximo Cuela Rivero, Teófilo Coritumay Oviedo, Evaristo Corituymay Oviedo, Claudio Chiccañe Chahuayllo, Juan Quispe Huacho, Humberto Huanaco Huamani, Raúl Quipetera Pumacayo, Alfonso Pumacayo Quispe, Julio Escobar Batallanos, Bernardino Cordova Palomino, Eloy Ocsa Huañec, Pilar Chiclla Gallegos, Arístides Gutiérrez Trujillo, Julia Cosio Mayorga, Daniel Sequeiros Durand, Pedro Sequeiros Durand, Cornelio Durand Catalán, Justino Llacma Huamán, quienes fueron victimados durante la violencia.

Finalmente, creemos que no es tarde para hacer un necesario reconocimiento desde el Estado regional y comprometerse a trabajar por el resarcimiento de los derechos de los familiares de las víctimas. No hacerlo, por lo menos no empezar a considerarlo con seriedad, implicaría no querer enfrentar ese viejo imaginario mental propio de mediados del siglo pasado que subvaloraba la vida de conciudadanos de las zonas rurales al cual el Tayta Arguedas siempre busco enfrentar.