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Una publicación de la asociación SER

El debate de la Ley Universitaria

Grupos de interés y falta de visiones claras en torno al proyecto de Ley Universitaria

 

Las discusiones públicas sobre asuntos centrados en textos corren el riesgo de perderse en una deriva de medias verdades y estereotipos cuando los enuncia gente que, ni se ha tomado el trabajo de leerlos con cuidado ni cuenta con el conocimiento necesario para emitir una opinión solvente.

Así ocurrió con el Informe de la CVR, contra el cual muchos despotricaron a ciegas pero a su gusto. Ahora está ocurriendo algo semejante con el texto substitutorio de la nueva Ley Universitaria, aprobado en la Comisión de Educación del Congreso en diciembre. En este caso, el fuego graneado proviene de una diversidad de trincheras que dibujan una variopinta gama de intereses, mientras que su mentor, el congresista Mora, cuenta con pocos defensores. No parece ser de buen tono alinearse con proyecto semejante. La sobreabundante retórica, su rigidez, su pompa de arquitectura monumental, y sobre todo el tipo de desaciertos, dan la impresión de provenir de una pluma de hace cuarenta años. Los intereses económicos y políticos que se ponen en juego forman un todo heterogéneo, una disparidad que es difícil calificar de antagónica o polarizada. Sin embargo la terquedad de los hechos se impone: la ley es necesaria y se hacía esperar.

Son tres las limitaciones que percibí tras mi primera lectura. La primera es la tácita idea –tan frecuente en la política nacional- de poder transformar la realidad por decreto, como pensaban los militares del siglo pasado, omitiendo el peso del clientelismo, del enquistamiento burocrático y otros males de la cultura organizacional peruana. La segunda la resumo en un ‘dime cómo escribes una ley y te diré quién eres’: flota una obsesión por los cargos, los organigramas, las jerarquías, las sanciones en un articulado estatista. Y la tercera es la poca importancia que se le da a los cambios en la transmisión y producción de conocimientos en un mundo digitalizado en el cual la dimensión organizacional de la vieja universidad napoleónica va quedando obsoleta.

Ahora bien, en medio de esto, el dictamen final de la ley aparece cuando mucha gente vinculada a la universidad ya tomó consciencia de la desastrosa situación de la educación superior. Al sobrevolar el mapa de las universidades advertimos varios grupos de actores: algunas grandes, privadas y societarias que funcionan como empresas, defendidas por la Confiep; otras también privadas y sin fines de lucro, comprometidas seriamente con la excelencia académica y la investigación. Más allá,  un sinnúmero de universidades ‘chicha’ privadas, creadas para ganar dinero con el candor de jóvenes y familias que se sacrifican para recibir una formación de cuarta. Y las universidades públicas, generalmente con presupuestos deficitarios, poca investigación y conflictos administrativos internos. Finalmente, la avalancha de alumnos, de quienes no haré una santificación populista con mis décadas de docencia. La inmensa desigualdad de recursos económicos e intelectuales del alumnado nacional pinta de cuerpo entero el modo en que se plasma la ‘brecha digital’ en el Perú: los ‘vagos’ hijos de papá sin consciencia alguna de la suerte de ser privilegiados, mientras otros, con poco dinero y formación escolar deficiente se rompen los forros en locales que no merecen ser llamados universidades.

Se trata de saber si el remedio será peor que la enfermedad. Yo opto por el remedio.

Quizá éste pueda ser mejorado si se le discute sin prisa pero sin pausa, con una participación nutrida de los interesados, sacando además a la luz los intereses subalternos enmascarados por argumentos presuntamente racionales. Aquí me limito  a comentar sólo cinco puntos, aunque hay más.

Primero, el poder excesivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Capítulo II, arts. 12 a 18).  Tal como están enunciadas sus funciones, podría convertirse en una entidad policiaca, sin desmedro de que deba haber un organismo exterior de supervisión, y no sean las argollas de autoridades las que, como otorongos, se defiendan entre sí al cuestionárseles. Debe haber contrapesos y mayores garantías de autonomía. El Consejo Directivo no puede estar dirigido por una mayoría de funcionarios públicos, debiendo haber en cambio profesionales de la educación reconocidos e independientes. En segundo lugar, se lee (art. 27) que la investigación debe ser obligatoria. Sin perjuicio de fomentarla, esto es demagógico, pues no todas las universidades están en capacidad de hacerlo, pues la investigación seria exige una tradición de años y de recursos que a veces son escasos, mientras puede haber al contrario una buena enseñanza. Tercero, la acreditación (arts. 23-26) no puede reposar únicamente en un Sineace (Sistema Nacional de Evaluación) de excesivo poder punitivo, sino en una pluralidad de entidades nacionales o extranjeras libremente escogidas. Finalmente, no creo que la elección de rectores al voto universal sea lo más conveniente, dada la multiplicación de luchas políticas que este procedimiento pueda suscitar y las ocasiones de corrupción que propicia. Por último, la exigencia de un 30% mínimo de doctores a tiempo completo (art. 79, inc. 3) en cada universidad me parece totalmente fuera de la realidad.

Con riesgo de equivocarme, pienso que este proyecto de ley carece de una visión de conjunto clara; no logra resolver las tensiones entre afán de lucro, vocación académica y rol contemporáneo del Estado. Éste último debería asumir un verdadero e indispensable liderazgo sin perjuicio del sector privado, si el Perú se propone ser una potencia mediana. Como en Finlandia, Corea o México, más cerca de nosotros. Lo que sentimos es su indiferencia. Esperemos que la discusión sea extensa y frontal.