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Una publicación de la asociación SER

Ecuador: ¿Del malestar social a la crisis política?

En mayo de 2017, la ciudadanía ecuatoriana eligió a Lenín Moreno como presidente apostando a la continuidad de un modelo político y económico que – con errores y aciertos – logró llevar estabilidad y desarrollo al Ecuador. Sin embargo, Moreno tenía otros planes. A los pocos días se inició el distanciamiento con su predecesor, Rafael Correa, del cual fue vicepresidente en el primer período de gobierno. Esto terminó en un enfrentamiento público y la posterior ruptura de Alianza País, partido político que llevó a ambos a la presidencia.

Desde ese momento, la prensa nacional – aliada a Moreno – ha concentrado su poder mediático en los supuestos actos de corrupción que se habrían dado durante el gobierno correísta que – entre otros – han llevado a prisión al vicepresidente Jorge Glas hace 11 meses, aun sin pruebas sólidas. Claro que las acusaciones no se refieren únicamente al escándalo Odebrecht, Moreno ha acusado a Correa de infinidad de delitos, desde un posible financiamiento de las FARC hasta del secuestro en Colombia del ex colaborador y posterior adversario político, Fernando Balda. Esta última acusación llevó a la justicia a emitir una orden de captura contra el ex presidente, la cual no se cumple por cuanto Correa reside en Bélgica desde el fin de su mandato.

Por su parte, desde el correísmo se niegan las acusaciones y piden a la justicia presentar las pruebas sobre las que se basan los pedidos de prisión, más allá de las acusaciones premiadas de corruptos confesos. Asimismo, acusan a Moreno de haber roto la institucionalidad del país. Cuestionan que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), cuyos miembros fueron propuestos por el presidente, sea el ente encargado de destituir y nombrar al Fiscal de la Nación, al Defensor del Pueblo, a tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). En definitiva, todas las instituciones del país dependen de un Consejo de Participación afín a Moreno. Esto es prueba suficiente, para el correísmo, que las acusaciones son parte de una estrategia de judicialización del enemigo político (lawfare). Recientemente estas acusaciones han sido llevadas a la OEA.

Pero en el presente artículo no me quiero centrar en estas disputas políticas. Por el contario, mi objetivo es presentar qué está sucediendo con la economía ecuatoriana mientras estas disputas acaparan las noticias. Para ello, revisaremos algunos de los principales indicadores y presentaremos las últimas medidas adoptadas.

En los últimos años de la gestión de Correa, el país – como toda la región – había entrado en recesión. En marzo de 2016 el precio del crudo ecuatoriano rozaba los USD 20 por barril y el presupuesto había sido preparado con un precio de USD 35. Las medidas adoptadas por el gobierno fueron expansivas, financiando el gasto con reservas internacionales o la venta futura de petróleo. La situación actual es distinta, el precio del crudo, en mayo pasado, de acuerdo a Petroecuador, fue de USD 61,47. Si tomamos en cuenta que los presupuestos del presente año contemplaron un valor de USD 41,97 por galón, el escenario es bastante más favorable.

Veamos entonces algunos indicadores. De acuerdo al Banco Central de Ecuador (BCE), en el Sector Real, en junio de 2017 (primer mes de gobierno de Moreno), la pobreza alcanzaba al 23,1% de la población y la pobreza extrema, al 8,4%. En los mismos meses del 2018, la pobreza aumentó en +1,4 p.p. llegando al 24,5% y la pobreza extrema en +0,6 p.p., alcanzando el 9%. En cuanto al ingreso por hogar, el promedio pasó de USD 923 a USD 911. En cuanto al PBI (t/t-4), el mismo sufre una desaceleración en el primer trimestre 2018 (+1,9%) respecto al mismo período del año anterior (+2,7%). En relación a la deuda externa pública, cuyo supuesto incumplimiento del tope establecido por ley implicó una acusación penal contra Correa, en mayo de 2017, fue del 26,1% del PBI, mientras que en abril pasado llegó al 33,2%. Respecto al empleo, el desempleo disminuyó en 0,4 p.p., pasando de 4,5% a 4,1%. Sin embargo, hay una disminución del “empleo adecuado” en 1,2 p.p. (38,9%), y del “subempleo” en 1,1 p.p. (19,4%) en favor del “empleo no pleno” en 2,2 p.p. (26,5%).

En relación al sector fiscal, en 2016, el déficit fue de 6,3% respecto al PBI. Es importante mencionar que – además de la crisis del precio del petróleo que mermó los ingresos del Estado – Ecuador tuvo que hacer frente al terremoto de magnitud 7,8 que causó pérdidas humanas y materiales. El costo de la reconstrucción se estimó en USD 3.344 millones, de los cuales, el Estado aportó el 67% (USD 2.253 millones). Como para tener una perspectiva de lo que ello significó a las cuentas públicas, los gastos de inversión del gobierno central en el primer semestre del presente año ascendieron a USD 1.230 millones.

Basándonos en los datos presentados, podemos afirmar que la economía ecuatoriana no está en crisis, pero si estancada, lo cual es percibido por los inversionistas y reflejado en el riesgo país, el cual, al día siguiente que Moreno asumió el cargo, se ubicaba en 675 puntos. Al 30 de agosto pasado, el mismo llegaba a los 710 puntos. En este sentido, Moreno lanza una serie de medidas económicas para reactivar la economía, lo que ha generado un malestar generalizado. Lo que reclaman sus votantes – al menos gran parte de ellos – es que las medidas no son las presentadas en su plan de gobierno, sino las de los planes de sus antiguos opositores, hoy aliados.

Las medidas anunciadas para la reducción del déficit fiscal son básicamente, medidas de ajuste. En este sentido, el gobierno de Moreno redujo el gasto público en 5,4% en el primer semestre 2018, en relación al mismo período del año anterior, lo que se ha conseguido, principalmente, a través de la reducción de las inversiones y del tamaño del Estado. Es posible que una de las medidas de “eficiencia”, a mediano plazo, este relacionada con la privatización de los activos del Estado.

Por otro lado, ha dispuesto el aumento del precio de la gasolina súper de USD 2,26 a USD 2,98 por galón elevando el costo de vida del ciudadano. Estas dos medidas afectarán la demanda agregada, lo que seguramente repercutirá en la actividad económica y, por tanto, en la recaudación tributaria. Por el lado de los ingresos, no se entiende – dada la naturaleza de las medidas – la condonación de los intereses, multas y recargos que tendrá el sector empresarial con el Estado. Aunque el gobierno se empeña en señalar que esta remisión favorecerá también a pequeños empresarios y estudiantes, lo cierto es que el grueso de la deuda que será condonada no será a estos actores.

Como se observa, las medidas anunciadas no son distintas a las de Argentina, en cuanto a reducir el gasto por haber “vivido por encima de las posibilidades”; la generación de un “clima favorable” a las inversiones (incluso se volvió a restituir los Tratados de Inversión Bilateral, que habían sido denunciados en el gobierno anterior); la reducción del aparato del Estado; la disminución de subsidios; y la búsqueda de acceso a financiamiento exterior, en este último punto, el Estado vería favorable un acercamiento con el FMI, lo que implicaría – como nos demuestra el caso argentino – un ajuste mayor. Es importante mencionar que los efectos no tienen por qué ser los mismos, empezando por el hecho que Ecuador es una economía dolarizada, lo que descarta una posible especulación cambiaria o la generación de circulante.

El gran riesgo para Moreno está en el traslado del malestar social al escenario político. Por lo pronto, para el próximo día 13, el Movimiento Revolución Ciudadana (disidentes de Asamblea País) han convocado una marcha que será un buen termómetro de la fuerza social del correísmo. Otros actores sociales también han anunciado distintas acciones de protesta. De acuerdo a la encuestadora Perfiles de Opinión, entre el 9 de julio y el 12 de agosto, antes del anuncio de las medidas, Moreno cayó 10 puntos en cuanto a la aprobación de su gestión alcanzando el 43%. Moreno tendrá que avanzar con cautela, sin una base social que lo sostenga la gobernabilidad está en juego.