Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

DL 1297: un instrumento contra la desprotección familiar

A fines de diciembre del 2016, el gobierno actual emitió el DL 1297, “Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos”; y pese a que debió reglamentarse en junio del 2017, recién el pasado mes de febrero se cumplió con la obligación de emitir la norma correspondiente.

Más allá de este retraso, común en el ámbito legislativo nacional, lo que no deja de sorprender es el hecho de que una norma legal cuya finalidad es regular, respetando estándares internacionales, la atención de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, haya pasado desapercibida en el debate público. Algo bueno había pasado en el país y casi nadie habló, ni habla de ello.

La invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes mal llamados abandonados, es un rasgo endémico de nuestras sociedades. No solo la peruana. Y es que en las denominadas sociedades de consumo, de exceso de positividad, según afirma el filósofo Byung-Chul Han, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales y otros grupos -que desde una perspectiva económica-productiva-, aparentemente no tienen mucho que  aportar, como las personas con discapacidad, los ancianos, etc., tienden a ser percibidas como “desechos” de un sistema socio-económico, cuya situación es mejor esconder bajo la alfombra o solo abordarla marginalmente.

Por lo general, estos grupos solo recuperan visibilidad cuando en fechas emblemáticas -en las que el mundo parece estar “menos peor”- y a instancias de los medios de comunicación, algunos personajes públicos apuestan por los réditos que puedan obtener de los ejercicios de filantropía, caridad e indignación tan efectistas, como superficiales y oportunistas.

Pero esta invisibilidad, en nuestro país, parece corresponderse con la ausencia de un verdadero sistema de protección para estos niños, niñas y adolescentes y sus familias. Expliquémoslos mejor: si bien la Convención sobre los Derechos del Niño establece, como no podía ser de otro modo, la responsabilidad principal de los padres y madres respecto del cuidado de sus hijos, no deja de advertir que en caso se presenten dificultades para cumplir con esta función aquellos deben ser apoyados y asesorados por el Estado, que tiene en definitiva la posición de garante del derecho de estos a vivir en una familia, de preferencia la suya. Esto requiere de un sistema de protección que a través de los servicios sociales del Estado les brinde atención profesionalizada, especializada, planificada y, por supuesto, con absoluto respeto de los derechos de padres, madres, hijos e hijas.

En el Perú, por el contrario, frente a casos de incumplimiento de obligaciones parentales se optó por continuar con un sistema de atención “judicializado”, en el que a jueces no competentes, básicamente porque no están formados para resolver problemas socio-familiares, se les otorgó el inmenso poder para evaluar y decidir qué medida de protección adoptar para intentar resolver semejante situación.

Y como el juez no cuenta con las herramientas conceptuales, ni metodológicas, ni tampoco logísticas para abordar estas situaciones, no sabe cómo resolver el problema, y desde la impotencia, la idea o prejuicio de que la incompetencia parental es irreversible, que los malos padres o madres son “irrecuperables” decide, en una especie de acto de salvación de la manzana no podrida, separar al niño, niña o adolescente de sus padres o madres incompetentes, enviándolos usualmente a un albergue o Centro de Atención Residencial, donde más allá de recibir techo y comida, por lo general no se les aplica un plan de reintegración familiar basados en la asesoría y apoyo a las familias.

Así, se configuró y se mantuvo un sistema de atención perverso que solo condujo a la “judicialización de la pobreza”, que implica que los problemas de naturaleza social no son atendidos por los casi inexistentes servicios sociales estatales sino por los órganos judiciales, que aplican un “modelo punitivo del abandono”, donde a los malos padres o madres se les “castiga” con la separación de sus hijos o hijas, y el apoyo o asesoría una entelequia.

Son varias las ideas-fuerza que pueden explicar lo errático de este sistema. Pero quiero centrarse en una: la persistencia de una idea decimonónica, según la cual la atención de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o desprotección familiar se legitima desde una perspectiva benéfico-asistencial y no desde un enfoque de derechos.

Desde la primera se habilita y justifica incluso el incumplimiento de todas las garantías del debido proceso (el niño no opina, no cuenta con derecho de defensa, a los padres no se les suspende la patria potestad, etc.), porque en vista de que se trata de hacerle un “bien” al niño o niña o adolescente, las garantías legales constituyen formalidades que obstaculizan la concreción del interés superior del niño, cuya simple invocación sirve de coartada para negarles todos sus  derechos, proporcionándoles de esta manera el trato de “objetos” de caridad, impropio de su calidad de sujetos de derecho que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoció a todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.

La entrada en vigencia del DL 1297, cuyo objetivo central es el de sentar las bases para la implementación de un sistema de protección basado en el reconocimiento de su status de sujetos de derecho, en la existencia y profesionalización de los servicios sociales, la planificación de la atención orientada a la reintegración familiar, deviene en una gran oportunidad para visibilizar el drama que viven los niños, niñas y adolescentes y sus familias e iniciar un cambio de paradigma cultural.

Ello requiere de un compromiso político que trascienda a cualquier gobierno de turno, pero además de la participación de las instituciones, funcionarios y entidades implicadas en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en su difusión y pronta implementación, en la medida que se orienta  a concretizar de manera efectiva el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en una familia, repito: de preferencia en la suya.

Ha llegado la hora de tomarse en serio a los niños, niñas y adolescentes que padecen desprotección familiar. Ellos existen después de las Navidades.

----------------------
El autor es Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios.

Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Título propio de la Universidad de Alcalá de Henares (España).

Experto en materia de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.