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Una publicación de la asociación SER

Desigualdades persistentes

La semana que pasó, tres noticias que aparentemente no tienen ninguna relación fueron anunciadas por la prensa. La una, la que más titulares y tinta derramó, es la condena a treinta años de la joven Eva Bracamonte en una sentencia que tiene claros indicios de lesbofobia y refleja la moralina de algunos jueces y juezas siempre en disposición de impartir justicia según sus propios valores y visiones del mundo basadas en un  sistema que nos impone una heterosexualidad obligatoria y en donde lo diferente es sujeto a priori de sospecha.  La otra, que nos alegra porque pese a todo es un pasito para que más mujeres tengan la oportunidad de alcanzar representación política, es la aprobación  en el Consejo de Ministros de la ley de alternancia  de género para las elecciones al congreso, elecciones regionales y municipales, que implica que en las listas electorales las mujeres y hombres deben ir en puestos de manera alternada hasta que se cumpla no menos del 30% de la lista. La tercera noticia, que también llenó titulares con imágenes de la esposa del presidente con Michele Bachelet, máxima representante de ONU Mujeres, y con Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, fueron las diferentes actividades de la semana de la inclusión que se llevó a cabo para celebrar un año de la creación del ministerio que dirige Carolina Trivelli.

Estas noticias nos llevan a  plantear varios puntos que no están siendo visibilizados por los medios y que están siendo poco tratados en términos de políticas públicas, y tienen que ver con una verdadera inclusión que vaya más allá de los programas sociales como JUNTOS o Pensión 65, que se han convertido en los estandartes de todo un ministerio.

En primer lugar, cabe señalar la persistencia de formas de exclusión de la diversidad sexual que se refleja en la ausencia de normas que impidan o protejan al colectivo LGTB de la discriminación que impera y que les inhibe un pleno ejercicio de derechos. Es claro que no basta con normas – el país está llenos de ellas – si no van acompañadas de otras acciones, especialmente educativas y comunicativas, que refuercen la necesidad de reconocer el derecho de las personas diferentes de vivir en libertad y ser reconocidas en su ciudadanía. El escarnio público que suele hacerse de las personas LGTB, la proliferación de estereotipos y la negación, que persiste de múltiples formas, de su derecho a ser diferentes, pone en evidencia que la inclusión, entendida como la posibilidad de que todas las personas gocen de todos los derechos y libertades, es un camino lleno aún de obstáculos, pequeños avances y grandes retrocesos.  Que en una condena prime la sospecha de que la dureza de la misma se deba no a pruebas contundentes sino a consideraciones de orden moral es un claro ejemplo.

Por otro lado, en relación a la recién estrenada ley, si bien es cierto que abre nuevas posibilidades para elevar los niveles de representación femenina, debe llamarnos la atención el hecho de que pese a la existencia de las cuotas electorales, en las últimas elecciones el número de mujeres en el Congreso y en los gobiernos regionales y municipales ha disminuido. Así tenemos, por ejemplo, que en las elecciones del 2006, la representación femenina alcanzó un 29%, bajando a 21% en las del 2011. Además, a excepción de Lima Metropolitana, no hay una sola  presidenta regional, y de 195 alcaldes provinciales, sólo 9 son mujeres. En ese sentido, si bien las cuotas o la alternancia constituyen mecanismos para contrarrestar la limitada representación de las mujeres, es obvio que no es suficiente.  Mientras sean ellas las que llevan sobre sus hombros la llamada economía de cuidado, que, como lo señala Jeanine Anderson, es “un sistema de obtención y uso de recursos no sólo económicos, sino también de energía humana, tiempos, afectos, oportunidades, etcétera, orientado a la atención de los miembros del hogar y la realización de las tareas diarias de aprovisionamiento, cocina, aseo, cuidado de la ropa y los enseres”, (1) éste será siempre un factor que limitará sus posibilidades de participación política. Para que leyes como esta tengan un real impacto, deben de ir acompañadas de mecanismos y políticas públicas de cuidado que liberen a las mujeres de llevar la mayor parte del trabajo doméstico, además de que se trabaje con los hombres para que asuman corresponsabilidad en el mismo.

Hay otro elemento que muy pocas veces es tomado en cuenta y que quizá explique la razón por la que en lugar de ir en aumento la presencia de las mujeres en la representación política va disminuyendo. Es que la representación política exige experiencia, formación, manejo político y del escenario público, así como conocimiento de una serie de procedimientos, a los que las mujeres, especialmente rurales e indígenas, han tenido poco acceso, por lo que asumir el cargo se transforma en una verdadera odisea que las desgasta hasta quedar en muchos casos tan agotadas que no quieren volver a participar. A esto se agrega el que para las mujeres, es mayor el juicio social, el escudriñamiento que se hace incluso de su vida privada, el juzgar con mayor severidad los incumplimientos o los errores que puedan cometer.

Por todo esto, si  junto a las leyes que se dan para ampliar la participación de las mujeres, no se desarrollan mecanismos que les posibiliten mayores oportunidades de actuar en el campo de la política, abriendo posibilidades para su formación, por ejemplo, las acciones afirmativas  serán sólo un pasito y las mujeres seguirán llenando los cupos para cumplir con la cuota o con la alternancia ahora sin que tengan las oportunidades de desarrollar una buena gestión. Hay que agregar también que si bien es fundamental la presencia de las mujeres, especialmente por lo que implica simbólicamente para las futuras generaciones ver que ellas también tienen posibilidad de ser alcaldesas, congresistas o presidentas, es imprescindible que esta presencia se manifieste en las propuestas que coloquen las demandas y necesidades de las mujeres y que impacten en la reducción de las brechas y en un mayor ejercicio de derechos. 

El gobierno trabajará para la inclusión financiera de unas 800 mil mujeres, declaró la Ministra Trivelli en la llamada Semana de la Inclusión, al lado de las importantes invitadas y la primera dama, por supuesto, lo cual nos parece de vital importancia, sobre todo si se piensa en las mujeres rurales e indígenas, que no sólo requieren 100 soles mensuales y haber aprendido a gestionar su cuenta bancaria, sino de propuestas a más largo plazo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar más allá de la pobreza que es obvia y manifiesta, vamos a encontrar grandes disparidades que tienen que ver con discriminaciones persistentes. Tenemos así que en un reciente estudio del BID, se ha encontrado que, comparando a personas que tienen la misma edad y educación y viven en la misma zona, la brecha de ingresos es de 13% en promedio en América Latina, pero que Perú y Bolivia presentan las brechas más altas, que son de 21% y 14% respectivamente. (2) Este hallazgo es coherente con lo que señala una investigación de la Universidad del Pacífico, en la cual se manifiesta que la desigualdad de salario entre hombres y mujeres con igual nivel educativo en superior universitario es de 922.30 y en el superior no universitario es de 459.70 soles. Asimismo, el análisis de la desigualdad en los salarios según lengua materna y género presenta resultados similares en cuanto a brechas entre hombres y mujeres. (3)

Por otra parte, en relación a la educación si bien es cierto se ha avanzado en el acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales, como lo ha evidenciado un estudio del proyecto Nuevas Trenzas, (4) las diferencias siguen siendo enormes especialmente en la población indígena. Cecilia Olea, en relación a la educación secundaria, señala que el 67,96% de jóvenes aymaras de 18 a 20 años y el 70,9% de las que tienen el castellano como lengua materna han culminado este nivel educativo. . Sin embargo, entre  sus pares quechuas, el porcentaje se reduce al 41,1%, mientras entre los ashaninkas es de solo 14,4%. (5) . Si un nivel educativo alto abre nuevas posibilidades y oportunidades es imperativo que se trabaje decididamente para que las mujeres, las indígenas especialmente, alcancen mayores niveles con una educación de calidad que sea pertinente culturalmente, pues la inclusión no solo se trata de acceso.

Son numerosas las brechas, las limitaciones en cuanto a un mayor ejercicio de derechos, las discriminaciones que persisten y que deben ser tomadas en cuenta cuando se habla de inclusión, palabra que de tanto ser mencionada parece ir perdiendo su sentido. Por ello, cabe recordar que la inclusión no sólo implica el alivio de la pobreza, sino la eliminación de todas las desigualdades y el reconocimiento de la diversidad, de todas las diversidades y el ejercicio pleno de ciudadanía.

Notas:

1)  Futuro sin pobreza: Balance de la lucha contra la pobreza y propuestas, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Lima, 2007.

2)  Nuevo Siglo, Viejas Disparidades: Brechas de ingresos por ge nero y etnicidad en América Latina y el Caribe, s/f.
http://comunicarseweb.com.ar/download.php?tipo=acrobat&view=1&dato=1350418659_BID.pdf

3)  Cynthia A. Sanborn (ed.), La discriminación en el Perú: Balance y desafíos, Universidad del Pacífico, 2012.

4)  Aileen Agüero y Mariana Barreto. El nuevo perfil de las mujeres rurales jóvenes en el Perú. Documento de trabajo del Programa Nuevas Trenzas, IEP, Lima, 2012.

5)  Cecilia Olea Mauleón, Informe y recomendaciones sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el marco de la CEDAW, Flora Tristán, Lima, 2012.