Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Derechos humanos y reparaciones

Si preguntáramos a un ciudadano o ciudadana de a pie, si durante los últimos años ha mejorado el acceso asus derechos,probablemente la respuesta sería negativa, y ungran sector de la población manifestaría su desconocimiento al respecto.

Durantelos últimos meses, en el marco de una experiencia de trabajo con mujeresdesde el Gobierno Regional de Ayacucho,[1]he estado escuchandoa muchas de ellasseñalar que aún se sientendiscriminadas en el acceso a los espacios públicos, que tienen problemas para obtener un empleo digno, que se ejerce todavía mucha violencia contra ellas, que hay niñas que son engañadas y se embarazan siendo muy jóvenes, que hay mujeres y hombres que en la época de la violencia sufrieron violaciones sexuales y hasta hoy no han obtenido reparaciones dignas, que cuando requieren atención en el Servicio Integral de la Salud como víctimas de la violencia, no son reconocidas como tales,ya sea por desinformación del funcionario o debido a la inacción del Estado.

Sin duda,estasafirmaciones,que hacen muchas mujeres ayacuchanas,dan cuenta de la necesidad que existe, de continuar demandando la implementación de las tantas políticas públicas y normas que se han dado en el país, a despecho de lasmuchas iniciativas-principalmente de sociedad civil-para abordar la agenda de los  derechos humanos.

A lo largo de losúltimosdiez años,hemos constatado importantes iniciativas de trabajo por los derechos humanos. La más importante fue la disposición del gobierno de Valentín Paniagua de conformar la Comisión de la Verdad y Reconciliación(CVR),cuyo trabajo logró mostrar al país las atrocidades cometidas durante losviolentos años 80 y brindó al Estado peruano las herramientas para emprender la construcción de una sociedad justa y democrática.

La CVR también señalóla necesidad de implementar un mecanismo dereparaciones, como el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas, que debía revertir la indiferencia con actos de solidaridad hacia los hombres y mujeres que sufrieron los embates de la violencia.

En los últimos 10 años, hemos podido apreciar algunas expresiones de voluntad política desde el gobierno central y también desde algunos regionales y locales. Por ejemplo, durante la gestiónde Alejandro Toledo,se otorgó especial atención a la aprobación de muchas normativas y políticas públicas que han permitido avanzar, aunque con bastante lentitud, en la implementación de las recomendaciones de la CVR. También es importante señalar que en este periodo fueron elaborados, de manera descentralizada y participativa, el primer Plan Nacional de Derechos Humanosy la Ley28223, de Desplazamientos Internos. En el 2005,se promulgó la Ley 28592, que creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR).

Durante los gobiernos deOllanta Humala Tassoy de Alan García, no se ha logrado modificar sustancialmente la política de las reparaciones y tampoco acelerar su implementación. Muestra de ello es que el monto de diez mil Nuevos Soles establecidos para las reparaciones económicas individuales -por el DS 051,emitido al final del período de Alan García-no ha sido ajustado, a pesar de la demanda continua de las organizaciones de afectados.

Las acciones de los gobiernos regionales y localesen materia de reparaciones son poco satisfactorias, porque en sus presupuestos, apenas han incluido de forma limitada los fondos necesarios para atender a las víctimas de la violencia. Otro problema es que persiste el desconocimiento y hasta el desinterés por implementar el PIR, pues se asume que la obligación de ejecutar las reparaciones es únicamente del gobierno central.

Si bien se registran gestos que buscan encaminar la interrelación de la justicia, los derechos, las reparaciones y el perdón, existen aún muchos pendientes: organizaciones subversivas que iniciaron laviolencia continúanen su resistencia, sin doblegar su conciencia y sin mostrar arrepentimiento, sosteniendo que las muertes, desapariciones y miles de atrocidades cometidas “son costos de la guerra”[2].

Asimismo, en la actualidad, ciertossectores políticos y funcionarios estatales no logran abordar con claridad el tema de las reparaciones y los derechos humanos, aletargando las investigaciones, sobre todo en los casos de judicialización de los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos miembros de las fuerzas del orden,manteniendo así aun en vilo a quienes buscan la verdad y la justicia.

Este escenario es complicado, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que requieren atención del Estado. Según refiere en su memoria institucional presentada en junio del 2013, el Consejo de Reparaciones (CR) -que desde el 2008 está elaborando la lista nominal de las víctimas y comunidades afectadas- ha logrado identificar y calificar aproximadamente a 29,777 víctimas fatales(22,378 fallecidos y 7,399 personas que sufrieron desapariciones forzadas). Esta lista se acercaría, entonces, a la cifra real del dolor y el sufrimiento que dejó la violencia en casi 72,000 familiares (madres, padres,  conyugues, convivientes, hijos, hijas).

Es importante, entonces, que el Estado y todas sus instancias logren entender el significado de una política de reparaciones, justicia y derechos humanos, y la implementen con mayor acierto y voluntad, y con un compromiso verdadero. Nuevos problemas sociales, económicos y culturales se han extendido en nuestra sociedad, como lo demuestran las expresiones recogidas al inicio de este artículo,y que hablan de la realidad compleja de este Ayacucho nuevo. Estoshacen más remotas las posibilidades de una verdadera justicia y un respeto real por los derechos de los hombres y las mujeres.


[1]GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. Proyecto “Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. I Fase 2014.

[2]MOVADEF. Intervenciones Públicas de este grupo. 2012.