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Una publicación de la asociación SER

CVR+10: ¿Qué fue de las víctimas?

Recientemente el Perú conmemoró diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

El Informe relató la historia de las masacres, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual y desplazamientos masivos cometidos durante el conflicto armado interno. La CVR estimó en 69.280 las víctimas fatales, de las que el 54% fueron atribuidas a Sendero Luminoso y el 37% a agentes del Estado, paramilitares o comités de autodefensa. También identificó que la mayoría de las víctimas vivían en zonas andinas o amazónicas históricamente afectadas por la discriminación y marginación social.

La CVR recomendó que para poder enfrentar las consecuencias de este sangriento conflicto se requeriría de un serio esfuerzo nacional de reparación e integración social. Como dijo una víctima a la CVR: “Esperemos entonces que en alrededor de diez años todos podamos ser peruanos”. Ahora, diez años después, ¿se ha vuelto realidad esa esperanza?

La CVR recomendó llevar a cabo un plan integral de reparaciones. Éste, que fue luego definido por ley, comprende varios programas que se apoyan unos a otros para superar las secuelas de la violencia en las víctimas. No obstante, su implementación ha distado mucho de ser integral, y se ha limitado sólo a los programas que provocan menos divisiones políticas o a los que son más fáciles de llevar a cabo.

Hasta la fecha, 1,649 comunidades han sido beneficiadas por reparaciones colectivas mediante proyectos de infraestructura de 100.000 nuevos soles cada uno. Pero los proyectos no se han vinculado suficientemente con un reconocimiento oficial del daño sufrido. Así, si bien la mayoría de los miembros de las comunidades consideran positivos los beneficios, no los consideran como reparación suficiente y tampoco les han permitido superar los efectos de la violencia, como se constata en un estudio realizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Asociación Pro Derechos Humanos en Perú.

Otro programa consiste en indemnizaciones económicas. Han sido entregados pagos de 10.000 nuevos soles a familiares de las víctimas de los crímenes más graves. Desafortunadamente, la cantidad fue determinada por el gobierno  de la época de forma unilateral, después de una mera apariencia de consulta. Ella representa tan sólo una cuarta parte de lo que se ha pagado a las familias de los miembros de los grupos de autodefensa muertos en combate. Esto envía un doloroso mensaje sobre cómo se valora la vida de diferentes tipos de víctimas.

A su vez, con frecuencia se retrata el esfuerzo para ofrecer reparaciones como si fueran reparaciones a las víctimas de terrorismo, culpando de los crímenes a Sendero Luminoso y al MRTA y negándose u omitiéndose la responsabilidad que le cupo al Estado.

De esta manera, diez años después, ¿pueden las víctimas decir que ahora cuentan con plenos derechos como peruanos? Desafortunadamente, aún queda mucho camino por recorrer.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la CVR.  Exige también fortalecer su compromiso hacia una inclusión social y cultural de su pueblo adoptando una política económica y de desarrollo que responda a las necesidades y derechos de todos.

 

Cristián Correa es asociado sénior del Programa de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Anteriormente, fue ex Secretario jurídico de la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile, y ex Asesor de Derechos Humanos de la Presidencia de Michelle Bachelet.